El peronismo y la universidad pública

“Hasta el advenimiento del justicialismo, la enseñanza estaba sólo al alcance de la oligarquía. El hijo de un hombre del pueblo no podía nunca llegar a la enseñanza secundaria y menos aún a la universitaria, por la simple razón del dinero. Al establecer nuestro gobierno la absoluta gratuidad de toda la enseñanza, abrimos las puertas de la instrucción y la cultura a todos los hijos del pueblo. Se terminó así con la odiosa discriminación y se dio acceso a todos por igual, para que de acuerdo con sus aptitudes, pudieran labrarse su porvenir” (Juan Domingo Perón)

Durante mucho tiempo, los sectores liberales de nuestro país pretendieron instalar una supuesta incompatibilidad entre el peronismo y la cultura, entre el peronismo y la educación.

Desde los medios de difusión de las ideas del establishment todavía se promueve un discurso que adjudica a nuestro movimiento hostilidad al saber y a la libertad de pensamiento, así como una demagógica voluntad de “manipular” y “adoctrinar” a masas “ignorantes” y “analfabetas”. El uso irónico de la consigna "alpargatas sí, libros no" fue un eje fundamental que derecha e izquierda compartieron sin distinciones ni matices.

Esta visión no sólo contradice los propios planteos políticos de Perón—que entendía que la conducción únicamente era posible sobre un pueblo educado, consciente de sus derechos y responsabilidades, con una ejercitada cultura política, a diferencia de lo convenido por los viejos caudillismos -sino que también desconoce los alcances de su monumental obra de gobierno.

Además de Sarmiento, ¿quién construyó tantas escuelas a lo largo y a lo ancho del país como las presidencias de Perón, de Néstor y de Cristina? Cerca de 8.000 bajo el “primer peronismo” y arriba de las 2.000 durante los doce años de kirchnerismo, sin contar refacciones y ampliaciones. 

¿Quién inauguró más universidades que las que se concretaron entre 1973 y 1974 o entre 2007 y 2015? En el tercer gobierno peronista, se abrieron diez casas de altos estudios y se expandió la matrícula de menos de 400.000 estudiantes a casi 600.000. En las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, se crearon diecisiete universidades nacionales, el 30% del total que funcionan en la actualidad.

Cuando Milei repite como un mantra que las universidades públicas “son para adoctrinar”, no sólo omite la enorme libertad de cátedra que existe en la Argentina sino también que todos los sistemas educativos de los países desarrollados se hallan integrados en un proyecto nacional, que define qué tipos de ciudadanos y profesionales se necesitan para devolver a la sociedad lo que la sociedad aporta en la escuela y en la universidad. 

Desde luego que en la política educativa se manifiesta un programa cultural y hay concepciones en pugna. Convengamos que, si un pueblo no decide en forma soberana lo que se estudia, terminan prevaleciendo otros intereses, que no son los del propio pueblo. 

Muchos de los ministros de economía que saquearon los ingresos de los trabajadores, destruyeron nuestro tejido productivo y entregaron nuestros recursos estratégicos a empresas multinacionales salieron de la universidad pública, donde se enseñaron como recetas infalibles planes que siempre llevaron a la Argentina al fracaso y que arrojaron a millones de compatriotas a la pobreza.

El fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles fue uno de los pilares fundamentales de los dos Planes Quinquenales que sirvieron de hoja de ruta para llevar adelante las grandes transformaciones que experimentó el país entre 1946 y 1955. Se pensaba la educación en dos claves, siempre en pos de la justicia social. Primero, como una tarea de preparación técnica y vocacional, para que hombres y mujeres desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan situarse en la vida a lo largo del tiempo y resolver las situaciones que se les presenten. Y, en segundo lugar, como una tarea de configuración o modelación de la personalidad, que desde el acceso a una cultura humanista le posibilitara a hombres y mujeres no simplemente estar mejor sino ser mejores. 

Frente a la universidad, el diagnóstico del que partió el peronismo apuntaba a que la misma se había mantenido lejos del pueblo, en pleno desconocimiento de sus necesidades y aspiraciones. Esto se debía a su naturaleza oligárquica y a que los hijos e hijas de obreros no podían costearse los estudios por falta de ingresos o porque tenían que salir a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a sus familias. Se sumaba a la vez la dificultad de que los profesores no dedicaban tiempo completo a su labor docente—que era apenas un complemento de sus actividades particulares—, lo que ocasionaba considerables fallas pedagógicas y una desconexión con los propios estudiantes. 

De manera que se diseñó un marco institucional capaz de generar soluciones y brindar una nueva orientación. En 1947 se sancionó la Ley 13.031 (conocida como Ley Guardo), que venía a reemplazar a la Ley Avellaneda de 1885, que había regido la educación superior hasta entonces. En ella se estableció por primera vez un mecanismo de financiamiento estatal de la Universidad y una mayor reglamentación de su funcionamiento, que la normativa anterior flexibilizaba casi por completo, con excepción del régimen administrativo, que entre otras cosas suponía la elección del rector por Asamblea Universitaria, la designación de los profesores titulares por el Poder Ejecutivo Nacional y la existencia de un “fondo” compuesto por la recaudación de los “derechos universitarios” que fijaba el Consejo Superior. Contra lo que criticaron sus opositores, la Ley 13.031—que fue la primera Ley de Educación Superior propiamente orgánica—no renegaba de la autonomía universitaria, sino que sentía la necesidad de definirla, entendiendo que era falsa la autonomía que sometía a la institución a intereses ajenos a los del país. El Estado intervenía ahora en la concepción de los objetivos de la universidad, reconociendo su función social y su importancia para el desarrollo nacional.

Este modelo sería mejorado ostensiblemente en 1954, con la Ley 14.297 (Ley Orgánica de Universidades), que se proponía adaptar la norma a los cambios introducidos en la Constitución Nacional de 1949. Recordemos que en la Carta Magna se prescribe a la universidad la preparación de la juventud “para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad” (art. 37 del Cap IV, Inc. 4).

Además, la Constitución pensaba el país organizado en regiones universitarias, desde una perspectiva integral que comprometiera a cada universidad competente con “el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural”, con la promoción de “las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales” y con la vehiculización de la formación política “con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución.”

Con la Ley 14.297 se concede a los estudiantes derecho al voto y su debida participación en el gobierno de cada facultad, así como se incorpora el principio de gratuidad de los estudios (establecido por el Decreto 29.337), que junto con el ingreso irrestricto y la creación de la Universidad Tecnológica Nacional fue el logro más duradero de la política peronista en la materia y que permitió un aumento considerable de la matrícula universitaria, de aproximadamente el 200%. A lo que debemos incluir la construcción de nuevos edificios, el inicio de la ciudad universitaria en la Capital Federal, programas de becas, ampliación de facultades, fomento de la extensión universitaria para la integración social y profesional, todo en un contexto general de aumento permanente del presupuesto educativo y de consolidación del sistema de ciencia y tecnología, con el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, el Instituto Nacional de Tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Política que se continuaría durante el kirchnerismo con el Programa Raíces (para repatriar científicos y científicas), el fortalecimiento del CONICET, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la sanción, en 2021, de la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

Hay que decir entonces que las principales reivindicaciones de la Reforma Universitaria de 1918, sus postulados históricos, fueron mayoritariamente realizados de manera definitiva por el gobierno de Perón. También se debió al peronismo la reconciliación progresiva de la juventud universitaria con su pueblo. Nunca está de más recordar en qué vereda se posicionaron los grupos estudiantiles organizados durante los golpes del 30 y el 55 o frente al 17 de octubre de 1945. Hasta Perón, la universidad se mantuvo encerrada en sus claustros, al servicio de las necesidades de la oligarquía gobernante y de los intereses del imperialismo británico, que aprovechó todas sus usinas para imponer eso que Jauretche definía como colonización pedagógica.

Lejos de “bajar el nivel” de la educación superior (la UBA está hoy entre las más valoradas de Latinoamérica), como denunciaban las clases privilegiadas, el ingreso masivo de los sectores populares a la universidad permitió, en el mejor espíritu de la Ley 1.420, que confluyeran, se encontraran y se mezclaran grupos sociales heterogéneos, y que el antiguo estudiantado pudiera conocer de primera mano las realidades del país profundo. Cuando en 1955-56, en nombre de la libertad, los golpistas iniciaron su estrategia de desperonización mediante el Decreto 4161, además de ejecutar purgas ideológicas brutales en el Ejército y la Universidad—con un número aproximado de 4.000 docentes y funcionarios peronistas expulsados sin sumario alguno, en tanto se hacía jurar en los nuevos concursos que los postulantes no tenían relación con lo que los “libertadores” denominaban “la dictadura”, según fue establecido por el artículo 32 del Decreto 6.403—, no consiguieron doblegar las luchas estudiantiles y sindicales, que con el paso del tiempo se irían sintonizando y hermanando cada vez más.  

La represión se incrementaría con la intervención salvaje de las universidades propiciada por el gobierno de facto de Onganía, conocida como la Noche de los Bastones Largos y que acarreó el comienzo de la fuga de cerebros, la cual se extendería durante el Terrorismo de Estado que azotó el país a partir de 1976; as mismo se repitió durante la década menemista. Con Onganía por primera vez cayó la matrícula universitaria, mientras se decretaban una nueva “Ley orgánica de universidades nacionales” (17.245) y una “Ley de universidades privadas” (17.604), de perfil conservador, extranjerizante, tecnocrático y antipopular. En la lógica de la derecha siempre estuvo la intención de vaciar la universidad y volverla más restrictiva, mediante fuertes recortes presupuestarios, censuras y persecuciones o la recomposición de los aranceles que Perón eliminó. Sin embargo, muchas veces los retrocesos del campo popular fueron acompañados por mayores niveles de conciencia (pues la universidad sufrió los mismos ajustes y la misma violencia que sufría el pueblo) y la organización de nuevos frentes políticos y sociales, como supo manifestar con suma lucidez la Juventud Universitaria Peronista en 1973: 

“Estudiar, ser profesional del sistema ya no es garantía para ascender socialmente. La entrada a ‘palos’ de la Revolución Argentina, significó introducir la realidad del país en la ‘isla democrática’. El estudiante comienza a vislumbrar que fuera de los muros universitarios existe un pueblo que venía siendo proscrito, hambreado, reprimido, torturado, etc. desde 1955.”

A pesar de todo, el movimiento nacional y popular siempre supo levantarse y darse distintas estrategias para eludir los términos planteados por el enemigo y recuperar una agenda política propia. La respuesta a los bastones de la dictadura de Onganía fueron las mayores experiencias de organización obrero-estudiantil de la historia argentina, que movilizaron al pueblo entero y posibilitaron el regreso del General Perón a la Patria tras 17 años de exilio. El rosariazo, cordobazo, el correntinazo, el tucumanazo y cada una de las puebladas que sublevaron la Argentina en aquellos años fueron las que volvieron a poner al peronismo en el gobierno. Durante la agonía del onganiato, además, se desarrolló el interesantísimo ensayo de las Cátedras Nacionales (contra la sociología académica, tecnocrática y extranjerizante) y una vez recuperada la democracia, tuvo lugar el acalorado proceso de las Mesas de Reconstrucción de 1973, que culminarían con la llegada al rectorado de la UBA de Rodolfo Puiggrós, con Jorge Taiana como Ministro de Educación. Un período breve pero intenso, en el que se produjo un ingreso masivo de nuevos estudiantes a la universidad, mientras renunciaban a sus cargos José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Alemann, al declararse la incompatibilidad entre el ejercicio docente y la actividad al interior de compañías multinacionales. La historia ha demostrado que hay que elegir entre una opción o la otra. Porque cuando gobiernan los Martínez de Hoz, los Alemann, los Cavallo, los Sturzenegger o los Caputo, es el pueblo empobrecido el que tiene que renunciar a la universidad y se queda sin la posibilidad de soñar y construir un futuro mejor. Defender el derecho a la universidad, tornarlo accesible para todos y todas, jamás fue vocación de aquellos que se dicen liberales. Tuvo que ser el peronismo, interpretando y representando las luchas de nuestro pueblo, el que se atreviera a dar ese paso. Justicia social le decimos.