El ambientalismo es una parte inseparable de la Patria que queremos construir

El sábado pasado se llevó adelante el segundo Plenario Nacional de Responsables del Frente Ambiental de La Cámpora, en la sede de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en CABA. Más de cien compañeros y compañeras con responsabilidades políticas en el Frente, provenientes de distintos puntos del país, nos encontramos para poner en común los desafíos de esta etapa, fortalecer nuestra organización y seguir construyendo una propuesta política desde el ambientalismo popular.

La apertura del plenario estuvo a cargo de nuestra secretaria general, Lucía Cámpora, y de la compañera Daniela Vilar, responsable nacional del Frente Ambiental. Ambas recuperaron el camino recorrido para consolidar este espacio dentro de nuestra organización y destacaron el protagonismo que asumieron los compañeros y compañeras en las principales luchas ambientales de este año, como la defensa de la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras. Un recorrido que demuestra que la defensa de nuestros bienes comunes, de nuestros territorios y de las condiciones de vida de nuestro pueblo es también una disputa por el modelo de país.

En la apertura se plantearon tres grandes desafíos para esta etapa: seguir fortaleciendo la organización, sumando compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la Argentina; construir un programa político que incorpore las ideas del ambientalismo popular de manera transversal en la gestión del Estado; y sostener la lucha por la libertad de Cristina, la compañera mejor preparada para conducir la reconstrucción de nuestro país. “Queremos una Argentina que defienda sus bienes naturales, genere trabajo y distribuya la riqueza”, afirmó la compañera Lucía Cámpora, y agregó: “Ese es nuestro desafío: seguir organizándonos para construir el país que queremos, con soberanía, justicia social y Cristina Libre”.

Debatir desde los territorios

El plenario se organizó en cinco ejes estratégicos para el ambientalismo popular: cambio climático y gestión del riesgo, biodiversidad, transición energética, gestión de residuos con inclusión social y soberanía alimentaria. La elección de estos ejes expresa una misma convicción: la cuestión ambiental no es una agenda sectorial ni puede pensarse por fuera de las discusiones económicas, sociales y productivas.

Hablar de cambio climático es hablar de las condiciones de vida de nuestras comunidades y de cómo nos preparamos frente a los eventos extremos; defender la biodiversidad es también defender nuestro patrimonio natural y fortalecer la educación, la ciencia y la tecnología; discutir la transición energética es preguntarnos quién conduce el proceso, quiénes acceden a la energía o se apropian de sus beneficios. Lo mismo ocurre con los residuos y los alimentos: son discusiones sobre producción, consumo, desigualdad y organización territorial.

Las discusiones permitieron profundizar una caracterización común: la crisis ambiental no afecta a todos por igual y tampoco todos tienen la misma responsabilidad en generarla. Los países del Norte global construyeron buena parte de su desarrollo sobre un modelo de explotación de recursos cuyos impactos hoy soportan, en mayor medida, los países del Sur Global. Por eso, defender la justicia ambiental también implica discutir las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el financiamiento climático justo y las condiciones que necesitan nuestros pueblos para desarrollarse soberanamente.

Un proyecto de país para volver a decidir

Durante la segunda etapa del encuentro, nos enfocamos en trazar líneas de acción para profundizar el crecimiento del Frente y afianzar su inserción política en cada territorio. Además, debatimos las herramientas clave que deberá implementar un gobierno nacional y popular para integrar plenamente las demandas del ambientalismo popular dentro de un modelo de desarrollo con inclusión social.

Pero no podemos pensar estos desafíos por fuera del contexto internacional. Mientras crecen los gobiernos negacionistas y se debilitan las políticas ambientales, la transición energética global profundiza la disputa por los bienes comunes naturales estratégicos de nuestra región. El litio, el cobre, el gas, el petróleo, el agua y la biodiversidad ocupan un lugar central en esa disputa. La pregunta es si vamos a limitarnos a ser proveedores de recursos para que otros definan el rumbo de la transición o si vamos a construir las capacidades necesarias para decidir sobre nuestros territorios, agregar valor, generar trabajo y distribuir la riqueza.

Desde el Frente Ambiental de La Cámpora tenemos claro que la transición energética y ecológica no pueden convertirse en una nueva forma de dependencia. Tampoco podemos aceptar las contradicciones de un modelo que presenta a la Argentina como una potencia energética por sus recursos, pero no garantiza que todas las familias puedan acceder a la energía ni pagarla. En un país con Vaca Muerta, tenemos que poder discutir por qué debemos pagar el precio de los combustibles como si no tuviésemos yacimientos hidrocarburíferos, mientras el costo de la energía sigue condicionando la actividad económica y la vida de nuestro pueblo.

Por eso, necesitamos recuperar la capacidad del Estado para planificar, regular y conducir el desarrollo. Una nueva estatalidad con perspectiva de ambientalismo popular, capaz de orientar las inversiones, defender el interés nacional, garantizar derechos y poner los bienes comunes al servicio de las mayorías. Esto también supone discutir los instrumentos que condicionan nuestro desarrollo.  Auditar el RIGI, como propuso nuestro compañero Maximo Kirchner, no debería poner a nadie a la defensiva, debería ser una obligación para cuidar lo que es de todos y todas. Tenemos que poder conocer qué beneficios se otorgan, a quiénes, bajo qué condiciones y con qué consecuencias económicas, sociales y ambientales para nuestro país. La resistencia de los sectores concentrados a que se discutan estos asuntos demuestra, precisamente, cuánto poder está en juego cuando hablamos de soberanía.

No hay desarrollo posible si se siguen concentrando los beneficios y socializando los costos ambientales de las actividades extractivas. No hay soberanía si otros deciden qué hacer con nuestros recursos. Y no hay justicia social si el crecimiento económico se construye a costa de los territorios y de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Nos vamos de este plenario con una certeza: el ambientalismo no es una agenda aparte, es una parte inseparable de la Patria que queremos construir. Frente a quienes pretenden imponer el extractivismo sin límites, el saqueo de nuestros bienes comunes y el empobrecimiento de las mayorías como único destino posible, tenemos que construir una alternativa que ponga en el centro el trabajo, la producción, la soberanía y la justicia social y ambiental.

Como nos convocó el compañero Máximo Kirchner: “Tenemos que volver a soñar con la recuperación de un país donde el territorio nos pertenece, donde no sobra nadie y donde podamos construir un destino diferente al que nos quieren imponer como único posible. Con fuerza, convicción y mucho coraje habrá alguien en la Casa Rosada que volverá a tomar decisiones para la mayoría”.

La organización y la mirada estratégica están más fuertes que nunca. Tenemos mucho por construir y una responsabilidad enorme frente a los desafíos de esta etapa. No alcanza con resistir el modelo que nos quieren imponer: tenemos que prepararnos para transformarlo y construir una alternativa para las mayorías. Y para recuperar un país donde el territorio nos pertenezca, donde no sobre nadie y las decisiones vuelvan a tomarse en función de los intereses de nuestro pueblo, necesitamos a Cristina libre, con la posibilidad de conducir ese proyecto de país que queremos volver a vivir.

Queremos a Cristina libre.