La disputa por nuestro ambiente es también una disputa por la democracia

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente, una fecha establecida por las Naciones Unidas para promover la reflexión y la acción frente a los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad. A más de cinco décadas de aquella primera conferencia celebrada en Estocolmo en 1972, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la creciente presión sobre los recursos naturales siguen planteando interrogantes fundamentales sobre nuestro presente y futuro

Como venimos insistiendo desde nuestra organización, la cuestión ambiental no puede entenderse únicamente como un problema ecológico. Detrás de cada conflicto ambiental aparecen discusiones mucho más profundas sobre la organización de nuestras sociedades, los modelos de desarrollo que impulsamos y las relaciones de poder que determinan quiénes se benefician y quiénes cargan con las consecuencias de las decisiones económicas. Discutir sobre política ambiental es discutir desigualdad y redistribución de la riqueza.

Desde el ambientalismo popular entendemos que el ambiente no es algo externo a nuestras vidas ni una realidad separada de los problemas cotidianos de nuestro pueblo. El ambiente es el territorio que habitamos, el agua que consumimos, los alimentos que producimos, la energía que utilizamos y las condiciones materiales que hacen posible una vida digna. Por eso, la defensa del ambiente no puede separarse de la defensa del trabajo, la producción, la justicia social y la soberanía nacional. Precisamente cuando hablamos de tierra, agua, energía, minerales, biodiversidad y territorio, estamos hablamos de recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Y en este punto, aparece una pregunta profundamente política: ¿quién decide sobre ellos y en beneficio de quién?

La verdadera discusión ambiental no pasa por elegir entre producción o conservación, entre crecimiento económico o protección de la naturaleza. La discusión de fondo es quién controla los bienes comunes de nuestra Nación y con qué objetivos. Si esos recursos se ponen al servicio de un proyecto de desarrollo nacional que genere trabajo, industrialización, ciencia y tecnología para mejorar la vida de las grandes mayorías, o si quedan subordinados a intereses económicos concentrados cuya única lógica es la maximización de ganancias para unos pocos.

Las raíces del ambientalismo popular

Aunque desde nuestra organización comenzamos a consolidar el concepto de ambientalismo popular durante los últimos años, su esencia, sus raíces pueden encontrarse en nuestra tradición política desde tiempos históricos. La preocupación por la justicia social, la soberanía sobre los recursos estratégicos, las desigualdades entre países centrales y periféricos y el papel del Estado en la planificación del desarrollo siempre formó parte de nuestro pensamiento nacional y popular.

En 1972 Juan Domingo Perón publicó su histórico Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo. Advertía sobre los límites de un modelo de desarrollo basado en el consumo irracional de recursos naturales y alertaba sobre las consecuencias de una distribución profundamente desigual de la riqueza entre las naciones.

Décadas más tarde, Néstor Kirchner retomó parte de esas discusiones durante la COP 10 sobre Cambio Climático celebrada en Buenos Aires en 2004. Frente a una agenda internacional dominada por los intereses de los países desarrollados, planteó la responsabilidad histórica de las economías centrales en la crisis climática y defendió el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reivindicando el derecho de los países en desarrollo a construir un futuro con crecimiento, inclusión y justicia.

Años después, el Papa Francisco volvería a colocar estas discusiones en el centro del debate global a través de Laudato Si' y el cuidado de la casa común, donde denunció la existencia de una misma lógica que degrada simultáneamente a la naturaleza y a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.

Desde contextos históricos diferentes, estas miradas comparten una misma intuición política: los problemas ambientales no pueden separarse de las desigualdades sociales, las relaciones de dependencia y las disputas por la soberanía. Esa tradición de pensamiento constituye uno de los pilares sobre los que hoy seguimos construyendo ambientalismo popular.

Las políticas ambientales de la Década Ganada 

La incorporación de la cuestión ambiental al campo nacional y popular fue el resultado de un proceso político, social y militante desarrollado a lo largo de varias décadas. Impulsadas por organizaciones territoriales, movimientos sociales, comunidades afectadas por conflictos socioambientales, sectores científicos y militantes que insistieron durante años en la necesidad de incorporar estas discusiones, distintas problemáticas ambientales fueron ganando espacio en la agenda pública y también dentro de nuestro propio movimiento.

Durante los años de las presidencias de Néstor y Cristina comenzaron a consolidarse herramientas institucionales, marcos regulatorios y debates políticos que contribuyeron a vincular cada vez más estrechamente las discusiones sobre ambiente, desarrollo, soberanía y justicia social.

En ese marco se sancionaron algunas de las leyes ambientales más importantes de la historia argentina reciente.

La Ley de Bosques Nativos (Ley N° 26.331), aprobada en 2007, estableció presupuestos mínimos de protección ambiental y promovió el ordenamiento territorial de los bosques, incorporando criterios de conservación en territorios sometidos a fuertes presiones económicas.

La Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), sancionada en 2010, reconoció el carácter estratégico de los glaciares como reservas de agua dulce y estableció mecanismos para su protección frente a actividades extractivas que pudieran comprometerlas.

Un año después se aprobó la Ley de Tierras Rurales (Ley N°26.737), una iniciativa impulsada por Cristina que estableció límites a la extranjerización de la tierra. Detrás de esa norma existe una definición política clara: recursos estratégicos como la tierra y el agua no podían quedar librados a procesos irreversibles de concentración y apropiación extranjera.

La recuperación de YPF en 2012 también tenemos que entenderla dentro de esa misma lógica. La decisión de recuperar el control estatal sobre la principal empresa hidrocarburífera del país constituyó una medida fundamental para recuperar capacidad de planificación sobre un recurso estratégico y reducir niveles de dependencia externa.

Estas iniciativas se complementaron con otras políticas que fortalecieron la institucionalidad ambiental y la presencia del Estado en la gestión de recursos estratégicos. La creación de ACUMAR en 2006 constituyó un paso histórico para abordar de manera integral el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. A su vez, políticas como la Ley de Agricultura Familiar, el nuevo Estatuto del Peón Rural y la iniciativa Pampa Azul expresaron una mirada que vinculó la protección de los bienes comunes naturales con el trabajo, la producción, el arraigo, la investigación y el ejercicio efectivo de la soberanía.

Ese proceso continuó profundizándose durante los años posteriores. Fueron años en los que la cuestión ambiental adquirió una visibilidad creciente en la sociedad argentina, impulsada tanto por organizaciones, comunidades y colectivos que sostenían estos reclamos desde hacía décadas como por una nueva generación de jóvenes militantes que comenzó a incorporar estas discusiones dentro de espacios políticos, sociales o estudiantiles.

En ese contexto, y mientras Máximo Kirchner se desempeñó como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se aprobaron una serie de iniciativas que reflejaron una incorporación cada vez más explícita de la cuestión ambiental dentro del campo nacional y popular. En 2020, la Ley Yolanda (Ley N.º 27.592), impulsada por la compañera Daniela Vilar y Máximo, estableció la capacitación obligatoria en materia ambiental para quienes ejercen funciones públicas, incorporando la cuestión ambiental como una responsabilidad transversal del Estado.

Ese mismo año la modificación de la Ley de Manejo del Fuego (Ley N°27.604), buscó evitar que los incendios se transformaran en una herramienta de especulación inmobiliaria o expansión de determinadas actividades económicas sobre territorios afectados. La Ley de Etiquetado Frontal (Ley N° 27.642) sancionada en el 2021 representó un avance significativo en materia de salud pública y derecho a la información, permitiendo que millones de personas puedan conocer con mayor claridad el contenido de los productos alimenticios que consumen. Del mismo modo, ese año aprobamos por impulso de nuestro bloque la Ley de Educación Ambiental Integral (⁠Ley N° 27.621) con el objetivo de incorporar la temática ambiental en todos los niveles educativos, desde jardines hasta universidades, abarcando también la educación no formal y los medios de comunicación.

Todas estas leyes y proyectos buscaron ampliar la capacidad de la sociedad para proteger bienes comunes estratégicos, fortalecer el papel regulador del Estado y poner límites donde la lógica de acumulación económica amenaza recursos que pertenecen a toda la comunidad. Fueron el resultado de un proceso de construcción política y social que permitió incorporar nuevas demandas, nuevos actores y nuevas discusiones al interior del campo nacional y popular. Sobre ese recorrido, con sus avances, tensiones y aprendizajes, se apoya gran parte de la construcción actual del ambientalismo popular.

Milei y la profundización de un modelo de dependencia

Con el objetivo de desmantelar las herramientas construidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina para fortalecer la capacidad del Estado sobre sectores estratégicos, Javier Milei avanza en la dirección opuesta: menos regulación, menos controles públicos y más poder de decisión para los grandes actores económicos, el capital internacional y los principales centros de poder global.

Como viene advirtiendo Máximo desde antes de que Milei llegara a la presidencia, el programa del poder económico necesitaba avanzar sobre tres flexibilizaciones al mismo tiempo: la ambiental, la impositiva y la laboral. Lo que en aquel momento era una advertencia, hoy son políticas públicas del gobierno nacional.

La flexibilización impositiva se expresa con mecanismos como el RIGI, con el que el Estado otorga beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios extraordinarios a grandes proyectos vinculados a actividades extractivas (minería, petróleo, gas, etc), que pueden generar ganancias sin dejar divisas en el país.

La flexibilización laboral ya fue convertida en ley por el Congreso Nacional a principios de este año para habilitar esquemas como el banco de horas, modificar condiciones de contratación y despido, debilitar la negociación colectiva y reducir costos laborales para las empresas.

El complemento necesario para completar la tríada, la flexibilización ambiental, viene asomando desde el DNU 70 en Diciembre del 2023, pasando por la Ley Bases hasta la ya efectiva reforma (regresiva) de la Ley de Glaciares. Anunciaron también que van a intentar modificar la Ley de Bosques Nativos y están intentando aprobar en el Senado las derogaciones de la Ley de Manejo del Fuego que construyó Máximo y la Ley de Tierras Rurales de Cristina, dos leyes ambientales de apellido Kirchner que son una salvaguarda para enfrentar la especulación y los negociados de los sectores concentrados para con nuestro ambiente.

El modelo de Milei es claro: ofrecerle a capitales extranjeros una Argentina con bienes comunes naturales al alcance de sus manos, sin impuestos, con mano de obra barata y precarizada, un combo para asegurarse ganancias extraordinarias mientras saquean nuestros territorios. Así se consolida un modelo basado en la exportación de recursos primarios, la dependencia tecnológica y una creciente pérdida de capacidad estatal para definir prioridades económicas.

Ahora, nada de esto puede ser analizado sin incorporar el protagonismo explícito de los verdaderos dueños de este modelo económico: el FMI, Estados Unidos y las grandes corporaciones transnacionales que se favorecen con el extractivismo salvaje y financiarizado. La deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri y Luis Caputo en el 2018 con el FMI fue el préstamo más grande otorgado por el organismo en toda su historia. No sólo comprometió recursos económicos de varias generaciones de argentinos y argentinas, sino que reinstaló un mecanismo permanente de condicionamiento sobre las decisiones estratégicas del Estado nacional. Años después, Milei y su ministro de Economía (otra vez el mismísimo Luis Caputo) volvieron a recurrir al financiamiento externo, con nuevos acuerdos con el FMI y un esquema cada vez más dependiente de la obtención de divisas del extractivismo.

La deuda no constituye únicamente un problema financiero. Es también una herramienta de disciplinamiento político. Cada acuerdo, cada revisión y cada desembolso fortalecen la capacidad de los organismos financieros internacionales para incidir sobre las políticas económicas de los países deudores y condicionar sus márgenes de decisión. La necesidad de generar divisas para afrontar compromisos externos, cumplir metas acordadas con organismos financieros internacionales y sostener la ‘‘estabilidad macroeconómica’’ termina impulsando una lógica de explotación acelerada de recursos naturales como principal fuente de ingresos.

A esta dinámica se suma un alineamiento cada vez más explícito con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. En febrero de 2026, la Argentina firmó con ese país el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, presentado por el gobierno como un paso hacia una mayor apertura económica y una alianza estratégica. Pero esa orientación no parece pensada desde la defensa de los intereses nacionales ni desde la integración regional, sino desde una subordinación creciente a los principales centros de poder global, en un contexto marcado por la disputa por minerales críticos, energía, alimentos y recursos naturales estratégicos. Por eso, la discusión ambiental, impositiva, laboral, la deuda y la relación con Estados Unidos forman parte de una misma discusión. Cuanto más dependiente es un país, menor es su capacidad para decidir soberanamente cómo utilizar sus recursos estratégicos. Cuanto mayor es la presión por conseguir dólares en el corto plazo, mayor es también la tendencia a flexibilizar regulaciones, otorgar beneficios extraordinarios a grandes inversores, precarizar las condiciones de trabajo y acelerar proyectos extractivos sin discutir suficientemente cómo esa riqueza contribuye al desarrollo nacional y mejora la vida de su pueblo.

La magnitud de las transformaciones que hoy impulsa el gobierno explica por qué resultó necesario neutralizar políticamente a quien, durante años, expresó la principal resistencia a este modelo de país. Porque mientras se desregulariza, se flexibilizan controles, se amplían privilegios para grandes capitales, se avanza sobre derechos laborales y se profundiza la dependencia financiera, la principal dirigente que cuestionó históricamente ese rumbo permanece proscripta de la competencia electoral. Se trata de remover del escenario político a quien todavía expresa la principal referencia de un proyecto de país incompatible con esa agenda de dependencia.

Cuando devolverle la dignidad al pueblo se vuelve delito

La discusión sobre nuestros bienes comunes naturales, la soberanía y el modelo de país que hoy se intenta imponer en la Argentina no puede separarse de la injusta condena que está atravesando Cristina. Durante años se intentó presentar su persecución política, judicial y mediática como un problema vinculado exclusivamente a una dirigente en particular, pero lo que está en discusión es algo mucho más profundo: la posibilidad misma de construir proyectos políticos capaces de disputarle al poder real en la Argentina qué tipo de país hace falta construir. Ya lo dijo ella misma en 2022, cuando respondió al alegato del partido judicial: “no vienen por mí, vienen por todos ustedes”.

La principal dirigente del campo nacional y popular es perseguida en el mismo momento histórico en que se busca desmantelar buena parte de las herramientas institucionales construidas durante su gobierno para fortalecer la soberanía económica, territorial y política de nuestro país. La coincidencia no puede pasarse por alto: mientras se eliminan regulaciones, se profundiza el endeudamiento, se flexibilizan controles y se amplían privilegios para grandes actores económicos, se intenta excluir de la vida política a quien durante años impulsó una agenda orientada exactamente en sentido contrario.

Durante sus gobiernos, Cristina tomó decisiones que afectaron intereses económicos profundamente arraigados: la recuperación de YPF, la defensa de la reestructuración de la deuda frente a los fondos buitre, la regulación de sectores estratégicos de la economía, la ampliación de derechos sociales, el fortalecimiento del mercado interno y una política exterior orientada a ampliar los márgenes de autonomía de la Argentina en un mundo cada vez más desigual. Pero quizás lo más importante es que nunca aceptó como inevitables las condiciones que los grandes poderes económicos intentan presentar como naturales. Nunca aceptó que el FMI tuviera la última palabra sobre el destino del país. Nunca aceptó que nuestros recursos estratégicos debieran administrarse exclusivamente en función de las necesidades de los mercados internacionales. Nunca obedeció los caprichos del poder real. Defendió la idea de que la Argentina podía decidir por sí misma y que la riqueza generada por su pueblo debía estar al servicio del desarrollo nacional. Nunca la pudieron doblegar.

Y quizás ahí se encuentre una de las claves para comprender la intensidad de la persecución. A Cristina no le cuestionan únicamente decisiones de gobierno: le cuestionan haber demostrado que era posible desafiar intereses que durante décadas se presentaron como intocables. Por eso su proscripción funciona también como un mensaje dirigido al conjunto de la dirigencia política argentina y a las futuras generaciones: quien se atreva a enfrentar los intereses estructurales del poder económico concentrado deberá enfrentar mecanismos de persecución, estigmatización y exclusión. La proscripción busca disciplinar una forma de pensar la Argentina basada en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Cuando la concentración económica, mediática y judicial actúa de manera convergente, la capacidad de las mayorías para decidir democráticamente sobre su propio destino se ve profundamente limitada.

Por eso la defensa de Cristina no puede separarse de la defensa de la democracia y la soberanía de nuestro país. Porque una democracia no consiste únicamente en votar cada algunos años. También implica que los pueblos puedan elegir libremente entre proyectos políticos distintos y que quienes representan intereses populares puedan participar de esa disputa sin ser excluidos mediante mecanismos de persecución judicial. La misma democracia que permite discutir quién controla nuestros recursos naturales, cómo se distribuye la riqueza o qué modelo de desarrollo queremos construir es la que hoy se ve amenazada cuando una parte del poder pretende decidir quién puede participar de la vida política y quién debe quedar al margen de ella.

Los pueblos siempre vuelven

La historia demuestra que el ambiente no se protege por sí solo, ninguna ley se sostiene por sí misma, ningún derecho permanece vigente si no existe una fuerza política y social capaz de defenderlo. Las conquistas ambientales construidas durante las últimas décadas no fueron concesiones de los sectores de poder ni el resultado inevitable del paso del tiempo. Fueron producto de organizaciones populares que impulsaron esas discusiones cuando todavía no ocupaban un lugar central en la agenda pública, y de referentes políticos que supieron escuchar y acompañar esos reclamos, interviniendo frente a intereses económicos concentrados.

Hoy intentan convencernos de que no hay alternativa, que tenemos que resignarnos a la dependencia, a la reprimarización de la economía, a la entrega de nuestros recursos estratégicos y a un modelo donde las grandes decisiones quedan cada vez más lejos del pueblo. Que la política ya no puede transformar la realidad, que el mercado tiene que decidirlo todo y que la soberanía es apenas un recuerdo de otro tiempo. Pero la historia argentina demuestra exactamente lo contrario.

Cada vez que los sectores concentrados creyeron haber clausurado definitivamente una discusión, el pueblo volvió a abrirla. Cada vez que intentaron presentar la desigualdad como un destino inevitable, surgieron nuevas generaciones dispuestas a organizarse para transformarla. Cada vez que quisieron convencer a nuestro pueblo de que debía conformarse con menos, aparecieron dirigentes capaces de demostrar que la Argentina podía aspirar a mucho más.

Con la proscripción de CFK se busca limitar la posibilidad de imaginar un país distinto. Porque Cristina representa una experiencia histórica concreta: la de un gobierno que demostró que era posible ampliar derechos, recuperar la soberanía y mejorar la vida de millones enfrentando intereses que parecían intocables. Y porque, aun después de años de persecución y hostigamiento, nunca pudieron lograr lo que más necesitaban: que renunciara a sus convicciones.

Por eso, desde el ambientalismo popular sabemos que la cuestión ambiental es, ante todo, una discusión sobre el desarrollo de la Argentina. Porque detrás de cada debate sobre la tierra, el agua, la energía, los minerales o los alimentos aparece siempre la misma pregunta: quién se apropia de la riqueza que producen esos recursos y en función de qué proyecto de país.

En este Día Mundial del Ambiente reafirmamos una certeza: la defensa de nuestros bienes comunes, la justicia social, la soberanía y la democracia forman parte de una misma lucha. Y esa lucha no termina con una condena, una proscripción o una campaña mediática.

Porque los pueblos siempre vuelven, y porque no habrá una Argentina plenamente soberana mientras quienes entregan el país gobiernen y quienes lo defendieron sigan siendo perseguidos.

Queremos una patria justa, libre y soberana. Queremos a Cristina libre.