El descomunal ajuste económico que el gobierno de Javier Milei está descargando sobre la sociedad argentina, tiene un capítulo energético que combina tarifazos, desregulación y enormes beneficios para los grandes grupos empresarios.
Detrás de los violentos aumentos en las boletas no hay razones técnicas ni complejos planes de desarrollo sino simplemente redistribución de la riqueza al revés: sacarle plata a los hogares, comercios, PYMEs e industrias para engordar los bolsillos de un grupo concentrado de empresas energéticas.
En paralelo, con la imposición del dogma neoliberal que concibe a los recursos naturales estratégicos como commodities, como meros productos a ser colocados en el mercado internacional, la actual gestión abre las puertas a la apropiación privada de la renta de nuestra riqueza, sin redundar en beneficios para el conjunto de lxs argentinxs.
El descomunal ajuste económico que el gobierno de Milei está descargando sobre la sociedad tiene un capítulo energético que combina tarifazos, desregulación y beneficios para grandes grupos empresarios.
La Ley Ómnibus tuvo doscientos borradores, pero en todos siempre estuvo el abandono del principio de autoabastecimiento como eje ordenador de la producción de hidrocarburos, vigente en nuestro país desde la creación de YPF en el año 1922; una idea tan sencilla como que la energía argentina es prioritariamente para las y los argentinos.
El fondo de la cuestión es la explotación no convencional en Vaca Muerta, que genera las condiciones para expandir la producción de gas y petróleo de forma sostenida por décadas. Es decir, las “Bases” de Milei no son más que imponer la lógica de la maximización de la renta como objetivo principal de la explotación de los hidrocarburos en la Argentina, habilitando para ello la libre exportación de petróleo. El Congreso todavía puede ponerle un freno.
En este camino, la actual gestión propone avanzar con la desregulación de los precios de los productos energéticos en el mercado local, sometiendo a nuestra economía a un incremento sustancial de los costos, exponiendo a los hogares y a los sectores productivos a los vaivenes de los precios internacionales del gas y el petróleo.
El retiro del Estado de las gestiones de control y regulación del sector completan este cuadro, que no hace más que dejar a la deriva a nuestros compatriotas. En definitiva, lo que a primera vista aparece como una aplicación hiperdogmática del credo neoliberal sobre la gestión energética del gobierno, en realidad se cristaliza en negocios concentrados para un selecto grupo de empresas o empresarios.
Las “Bases” de Milei imponen la lógica de la maximización de la renta como objetivo principal de la explotación de hidrocarburos, habilitando la libre exportación de petróleo. El Congreso todavía puede ponerle un freno.
Así tenemos que leer los aumentos de tarifas en Punta Indio o en cualquier otro rincón de la Argentina: una política a-la-Macri que combina quita de subsidios con subas en las tarifas de las concesionarias.
¿Y quiénes pagan los costos de este tarifazo? Industrias, clubes de barrio, universidades, sociedades de fomento, hospitales. Para los hogares, en el caso de los denominados de altos ingresos los aumentos llegan hasta el 300%, mientras se prepara el tarifazo a los hogares de ingresos medios y bajos para avanzar con la quita de subsidios. Te das vuelta y mirás que los ingresos de las empresas concesionarias aumentaron entre 300% y 600%.
La dolarización del precio del gas de red y la indexación mensual de las tarifas de gas y electricidad desde mayo configuran un horizonte de ajustes tarifarios perpetuos, que resultarán insostenibles para los usuarios. Esto supondrá no sólo la profundización de la licuación de los ingresos familiares, sino también poner al borde de la quiebra a numerosos comercios y PYMEs que no podrán afrontar el pago de las facturas mensuales.
A la vez, los que se mantengan en pie deberán trasladar a precios el incremento exponencial de sus costos, lo que indica hasta qué punto este programa tarifario resulta inconsistente con el objetivo declarado del gobierno de detener el proceso inflacionario.
Una política a-la-Macri que combina quita de subsidios con subas en las tarifas de las concesionarias ¿Y quiénes pagan los costos de este tarifazo? Industrias, clubes de barrio, universidades, sociedades de fomento, hospitales..."
Frente al abandono de la soberanía energética y la aplicación de una política neoliberal ruinosa para nuestra población y nuestra economía, resulta necesario oponer un proyecto de desarrollo económico nacional que recupere el rol del Estado en la planificación y regulación del sector energético.
En ese marco, el impulso de un plan de obras de infraestructura resulta clave para otorgar una mayor competitividad a la economía local, disminuyendo los costos de los insumos energéticos, garantizando precios y tarifas accesibles para los hogares, comercios e industrias.
A la par, la inversión privada y pública en el sector destinada a la industrialización de los hidrocarburos permitirá complejizar la plataforma de las exportaciones sectoriales. A su vez, la expansión de los servicios públicos otorgará mejores condiciones de vida a lxs argentinxs, mientras que abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo de las economías regionales.
No hay que inventar nada, simplemente recuperar los principios económicos y sociales de los gobiernos de Néstor y Cristina y llevarlos a la práctica nuevamente en el marco del nuevo escenario de transición energética, que supone otros desafíos como la diversificación de la matriz energética con mayor participación de fuentes renovables.
Lo hicimos y lo volveremos a hacer.
