En el día de ayer, Javier Milei recibió con honores a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y hasta la invitó a una reunión de gabinete en Casa Rosada. Afuera, argentinas y argentinos sufren las consecuencias del modelo económico impuesto por el Fondo con la deuda como instrumento de coerción. En ese marco, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para ordenar y reestructurar la exorbitante deuda “con el fin de preservar la soberanía económica, la sostenibilidad de la deuda pública, el desarrollo productivo y los derechos sociales del pueblo argentino”.
El proyecto establece que todo acuerdo con el Fondo o con cualquier organismo financiero internacional deberá ser aprobado expresamente por una ley del Congreso junto con la documentación pública, los estudios de sostenibilidad de la deuda y análisis económicos que hagan falta y un control parlamentario permanente. Ningún gobierno podrá volver a comprometer el futuro del país mediante un decreto, como hicieron Mauricio Macri en 2018 y Javier Milei en 2025 para financiar la salida de miles de millones de dólares que habían ingresado al país atraídos por la timba financiera.
En ese sentido, la ley incorpora una regla fiscal para impedir que la deuda externa siga creciendo sin límites. La deuda pública en moneda extranjera no podrá superar el equivalente al 200% del promedio de las exportaciones argentinas de los últimos tres años. La lógica es sencilla: un país no puede endeudarse en dólares por encima de su capacidad real para generar los dólares necesarios para pagar esa deuda. Si el límite ya hubiera sido alcanzado, sólo podrá autorizarse nuevo endeudamiento mediante una mayoría especial de dos tercios del Congreso, salvo situaciones verdaderamente excepcionales, como una emergencia económica declarada por ley, una catástrofe natural, una pandemia o una guerra. Incluso en esos casos, el exceso de endeudamiento deberá ser transitorio y el Estado tendrá la obligación de volver al límite establecido en un plazo máximo de tres años.
Un país no puede endeudarse en dólares por encima de su capacidad real para generar los dólares necesarios para pagar esa deuda.
Pero el proyecto, además, convierte en mandato legal la exigencia de que el FMI asuma la corresponsabilidad que le corresponde por haberle prestado a la Argentina violando sus propios estatutos y muy por encima de la cuota que el país tiene dentro del mismo. Y ordena al Poder Ejecutivo que en las negociaciones que mantenga con el organismo reclame la eliminación de los sobrecargos que hoy pagamos al Fondo, la extensión de los plazos de devolución de la deuda a entre veinte y treinta años y un período de gracia de entre siete y diez años cuando el crédito se haya otorgado de manera irregular, como en nuestro caso. Es decir, el Congreso fija de antemano los criterios con los que cualquier gobierno deberá negociar: soberanía, corresponsabilidad entre acreedor y deudor y sostenibilidad de la deuda.
La propuesta también protege una herramienta esencial para una política económica soberana: la regulación de los movimientos internacionales de capital. Ningún organismo financiero internacional podrá exigir que la Argentina elimine los controles sobre la entrada y salida de divisas como condición para acceder a nuevos préstamos o recibir desembolsos. Al mismo tiempo, impulsa que nuestro país promueva, junto con los BRICS y los países del Sur Global, una reforma de la arquitectura financiera internacional que otorgue mayor representación y mejores condiciones para las economías en desarrollo.
La iniciativa de Máximo fue acompañada por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, Ma. Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustin Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
Este proyecto parte de un hecho que ya nadie discute: el préstamo otorgado por el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018 fue extraordinario por su magnitud y estuvo plagado de graves irregularidades. En la Argentina, el procedimiento administrativo violó las normas que regulan la contratación de deuda pública. El expediente comenzó después de que ya se hubiera firmado la Carta de Intención con el Fondo; no existió un dictamen jurídico previo, tampoco intervino el Banco Central como exige la legislación y nunca hubo un acto administrativo que autorizara formalmente la toma del crédito.
Pero las irregularidades también alcanzaron al propio Fondo Monetario Internacional.
Su estatuto sostiene que sus préstamos no pueden utilizarse para financiar una salida continua de capitales. Sin embargo, entre 2018 y 2019 salieron del país alrededor de 45.100 millones de dólares, prácticamente el mismo monto que desembolsó el organismo. Además, el crédito concedido superó ampliamente los límites habituales establecidos por el propio FMI y terminó convirtiéndose en el préstamo más grande de toda su historia. Los dólares no financiaron rutas, escuelas, hospitales, viviendas ni nuevas industrias. Tampoco ampliaron la capacidad productiva del país. Entraron y salieron casi inmediatamente para sostener una gigantesca fuga de capitales, mientras la deuda cayó sobre las espaldas del pueblo argentino.
Desde entonces, en 2022 se refinanció la deuda en condiciones de extorsión y con consecuencias ruinosas para la economía del país -como Máximo y otros compañeros y compañeras oportunamente denunciaron- y en 2025 se tomó un nuevo crédito con el Fondo de 20.000 millones de dólares, sin habernos desendeudado en nada del anterior y dejando a nuestro país como rehén del organismo. Hoy Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional: su exposición supera la suma de los siete deudores que le siguen en el ranking. La deuda de capital de la Argentina con el Fondo asciende a alrededor de 57.000 millones de dólares y representa el 34-35% de todo el crédito vigente del FMI a nivel mundial. Por eso el 20 de junio pasado en Parque Lezama, Máximo decía:
“No hay manera de que la mayoría de los argentinos y las argentinas vivan mejor si la deuda externa argentina no es reestructurada. No hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y al mismo tiempo prometerle a la gente que tendrá mejor educación, salud, acceso a la tierra y a la vivienda. Fue por eso que muchos peronistas, años atrás, cuando nos pusieron delante de las narices el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijimos que no. No fue un capricho. Había costado mucho recuperar el gobierno en el 2019, pero para muchos todo vino de arriba. Decidían como estadistas y no habían juntado un voto”.
Nuestra posición sigue siendo la misma que en 2022: el préstamo fue político y la solución también debe ser política.
Durante demasiado tiempo la Argentina negoció con el Fondo Monetario Internacional desde la debilidad y el posibilismo. Los resultados están a la vista: endeudamientos crónicos y extraordinarios, fuga de capitales, condicionamientos sobre la política económica y una deuda que el pueblo argentino está pagando con sufrimiento y sacrificios inútiles. La ley que propone Máximo busca generar un marco permanente que lleve a los gobiernos de cualquier orientación política a negociar en base a principios y reglas claras, control democrático y defensa del interés nacional.
Néstor y Cristina echaron al FMI y desendeudaron al país para poder dejar los salarios y las jubilaciones más altas de la región. Dijo Máximo Kirchner ayer en C5N:
"Lamentablemente cuando queremos discutir estas cosas muchas veces el sistema de opinión reinante pareciera que te pone en el lugar de 'no quieren pagar'. No, no: lo decimos desde la autoridad moral y política de haber sido un gobierno que canceló 9.800 millones de dólares con el Fondo Monetario en diciembre del 2005. De haber sacado del default a la Argentina, primero con el 70% del acuerdo de acreedores 2005, 2010, 20 más, nos quedaba 7% y fue pésimamente resuelto por el macrismo esto, por Mauricio Macri. Y eso derivó, la mala resolución de Fondos Buitres termina en dos años posteriores pidiéndole 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.”
Esta ley busca que nunca más un gobierno hipoteque la vida de generaciones enteras de argentinos y el país vuelva a quedar atrapado en el infierno de la deuda, la especulación financiera y la pérdida de soberanía. La deuda tiene que ser reestructurada y los números tienen que cerrar con la gente adentro. El proyecto de Máximo nos indica el camino para poder hacerlo.
