En un contexto de ajuste brutal del gobierno de Javier Milei, que recorta derechos y deja a miles de familias e instituciones a la deriva, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que marca un rumbo diferente: el de la presencia del Estado y la solidaridad como política pública.
La iniciativa, presentada por el compañero Facundo Tignanelli, garantiza que ningún hospital, escuela, club bonaerense quede sin acceso a los servicios esenciales. Desde ahora, las empresas prestatarias deberán asegurar el suministro de luz, gas, agua potable y cloacas, incluso en casos de mora o con aviso de corte.
La ley también prevé planes de pago accesibles para que las instituciones puedan regularizar deudas sin poner en riesgo sus actividades. Quedan comprendidas las asociaciones civiles sin fines de lucro, los establecimientos educativos y sanitarios públicos, y los municipios cuyas dependencias consuman menos de 5.000 kW/h por mes. Es decir: las organizaciones y organismos que sostienen la atención, la educación y la asistencia social en nuestros barrios.
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento y reparar deudas, las empresas prestadoras deberán otorgar, a pedido expreso de los beneficiarios, planes de pago en cuotas mensuales para saldar deudas pendientes. Además, quienes se hubieran adherido a planes de pago anteriores y que los mismos estén inactivos, expirados o incumplidos podrán solicitar este beneficio.
A su vez, la Ley establece sanciones para las prestatarias que incumplan la norma, reafirmando el rol del Estado como garante del acceso equitativo a los servicios básicos, y siendo pasibles de las sanciones previstas en las leyes que regulan los servicios públicos involucrados.
Los municipios podrán adherir mediante ordenanzas locales y acompañar con medidas propias, como la reducción de tasas o alícuotas de alumbrado público. Las prestatarias que incumplan lo dispuesto serán pasibles de las sanciones previstas en las leyes que regulan los servicios públicos involucrados.
El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, determinará la forma de implementación del suministro y la definición operativa de los sujetos comprendidos. Además, los municipios podrán adherir sancionando ordenanzas —incluso reduciendo total y transitoriamente las alícuotas y tasas de alumbrado público a los beneficiarios— para acompañar localmente la cobertura que propone la Ley.
Esta ley llega en un momento donde el gobierno nacional desfinancia programas sociales, paraliza obras y reduce transferencias afectando directamente a escuelas, hospitales y clubes de barrio. Frente a eso, la promulgación de esta ley demuestra que hay otro camino: el de la comunidad organizada, la solidaridad y la justicia social.
