Estamos convencidos y convencidas de que los problemas ambientales son principalmente problemas sociales, porque profundizan las desigualdades y vulnerabilidades en nuestra sociedad y porque son las clases populares las que sufren en mayor medida y con más intensidad las consecuencias de la crisis ambiental. Las compañeras y compañeros que viven en condiciones precarias son quienes están a una tormenta de perderlo todo. La evidencia nos avala: la tasa de mortalidad frente a catástrofes climáticas es cuatro veces mayor en los países de menores recursos que en los más ricos.

Por eso, para encontrar respuestas integrales a la crisis económica, social, sanitaria y ambiental que estamos atravesando, necesitamos fortalecer al ambientalismo popular. Fortalecer, por un lado, las políticas públicas que reduzcan la pobreza y la desigualdad: sólo eso garantizará la resiliencia necesaria para afrontar los desastres climáticos. Y, por otro lado, impregnarle perspectiva ambiental a todas las políticas productivas que llevemos adelante.

En este año y medio logramos sancionar la Ley de Fuego, para proteger de los incendios especulativos al ambiente y a la gente que vive en él; la Ley Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral, para impulsar la formación en materia ambiental de manera transversal en toda la sociedad, incluso en los funcionarios públicos; ratificamos el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales; e impulsamos el Foro Legislativo Ambiental, para generar ámbitos institucionales de participación y discutir abiertamente con toda la sociedad los proyectos de Ley ambientales.

Estamos dando discusiones claves tanto a nivel nacional como internacional. En el plano local, dando pasos importantísimos para la transición energética. En el plano global, instalando agendas claves como el canje de deuda por acción climática: no podemos pagar deuda en base a exigencias inviables a los mismos países que se enriquecieron a costa de depredar nuestros bienes naturales comunes.

Cuidar al ambiente es cuidar a la gente; debemos construir un ambientalismo que cierre con la gente adentro, que luche por terminar con la pobreza y que colabore en llevar un plato de comida y trabajo digno a la casa de todos los argentinos y argentinas. Propuestas como la Ley de Envases, la Ley de Acceso a la Tierra o la Ley de Humedales son iniciativas que se vienen trabajando desde hace años entre distintas organizaciones de la sociedad civil y buscan promover un verdadero desarrollo con inclusión social para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En este sentido, nos hace falta avanzar también con la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, porque el derecho a la alimentación tiene que estar acompañado de una nutrición saludable.

Sin embargo, no todo se resuelve con leyes votadas en el Congreso: necesitamos también perspectiva ambiental en el Poder Judicial, para que haga cumplir la legislación vigente y encuentre a los responsables de contaminar, incendiar y destruir nuestros ecosistemas a costa de la salud de la gente y para beneficio de unos pocos.

Por todo lo que hicimos y por lo que nos falta, para seguir construyendo ambientalismo popular como herramienta de transformación social.

Porque es cada día más evidente que sin justicia ambiental no hay justicia social, este viernes 16hs en Plaza de Mayo.