Breve historia de la proscripción argentina (y de cómo romperla)

Revisar nuestra historia es imprescindible para comprender nuestro presente, y sobre todo para buscar claves que nos ayuden a resolver sus problemas. Hace apenas unos días recordábamos los setenta años de los bombardeos a la Plaza de Mayo y señalábamos: la mafia gorila sigue bombardeando al pueblo, solo que las bombas hoy son judiciales y mediáticas. En el mismo sentido, la proscripción como estrategia para debilitar y someter a los liderazgos populares es una constante en nuestra historia. Es tan vieja como la Argentina misma. Por eso el 13 de abril de 2016, ante los tribunales de Comodoro Py, Cristina decía ante una multitud: “Ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina, ¡qué poco originales!”. Dólar futuro, memorándum, vialidad… Hace ya una década la compañera sabía del objetivo y también del desenlace de estos expedientes infames.

Remontémonos al inicio de nuestra vida patria: entre la Revolución de Mayo y la batalla de Caseros, la historia argentina estuvo marcada por una lógica recurrente de proscripciones. Figuras centrales como Mariano Moreno —víctima de intrigas y posiblemente envenenado—, Belgrano, Castelli, Saavedra, San Martín y Artigas entre otros, fueron perseguidos, desterrados o forzados a dar explicaciones judiciales según cambiaban las correlaciones de poder. La proscripción era un mecanismo habitual en un contexto donde la revolución “devoraba a sus hijos” y los vencedores de un momento caían estrepitosamente ante la primera turbulencia.

Con San Martín y Artigas en el exilio, el paroxismo de este modus operandi sucedió con Manuel Dorrego quien, luego de regresar al país después de estar proscripto en Estados Unidos, y ser electo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue capturado y fusilado por órden de Juan Lavalle y el Partido Unitario. Entre quienes presionaron al jefe militar para tomar esa decisión e intentaron convencerlo de que, luego del crimen, simulara un proceso judicial para confundir a la población -además de aconsejar “darles plomo y echarlos de barriga” a los caudillos provinciales-, estuvo Salvador María del Carril, designado por Bartolomé Mitre como ministro de nuestra primera Corte Suprema, en 1862. No por casualidad los Tribunales se ubican en la “Plaza Lavalle”. Este punto de inflexión que significó el fusilamiento de Dorrego llevó a la guerra civil a una nueva etapa, con Juan Manuel de Rosas como personaje central, quien trató a los unitarios con la misma dureza con la que estos habían tratado a las masas federales de todo el país luego de la sublevación del Ejército.

Pero si hasta la Batalla de Caseros la proscripción era una herramienta común de la disputa política en todos los sentidos, a partir del 3 de febrero de 1852 y la sanción de la primera Constitución Nacional, las proscripciones se dirigieron sistemáticamente hacia un solo lado. Desde 1853 existe en la Argentina un auténtico Partido de la Proscripción, que opera como la pata política del Partido de la Deuda, que venía funcionando en el país desde 1824, cuando Bernardino Rivadavia cerró el infame empréstito con la Baring Brothers. Proscripción y deuda van de la mano desde entonces. Macri, Caputo, Milei y esta Corte corrupta no han inventado nada.

El derrocamiento de Rosas no solo significó la proscripción de su figura sino también la de un vasto grupo social, excluido de la organización nacional que los liberales impulsaron por medio de la seducción del capital extranjero y la promoción de una inmigración masiva, con el fin de trasplantar Europa en América. El liberalismo oligárquico se dedicó desde entonces a negar la realidad a sangre y fuego, transformando a los gauchos en peones de estancia y en soldados enviados a matar o morir al Paraguay, liquidando a las últimas montoneras federales y exterminando a los pueblos originarios, para arrancarles grandes extensiones de tierra y regalárselas a unas pocas familias privilegiadas.

Con la desaparición de Rosas y los caudillos federales de escena, tuvieron que pasar varias décadas hasta que el pueblo pudiera encontrar una conducción que le devolviera la capacidad de creer. En ese interregno, las élites descubrieron que los inmigrantes que habían llegado no cumplían con sus expectativas y habían traído ideologías como el anarquismo, el sindicalismo y el socialismo, consideradas peligrosas. Por lo tanto, también a los inmigrantes se los intentó proscribir, mediante las leyes de Residencia y de Defensa Social, aplicadas contra los denominados “subversivos” y “revoltosos”. Sin embargo, los hijos de muchas de esas familias que bajaban de los barcos fueron los que hicieron presidente a Hipólito Yrigoyen tras la sanción de la Ley Sáenz Peña, que siguió excluyendo a las mujeres hasta la consagración del voto femenino promovido por Eva Perón.

Ese país fue para las clases dominantes el país de la “chusma” y, ni bien tuvieron la oportunidad, buscaron erradicar al yrigoyenismo con el primer golpe de Estado del siglo XX-convalidado por la Corte Suprema en la “doctrina de los gobiernos de facto”-, al que continuaría la tristemente famosa Década Infame. Yrigoyen fue confinado a la isla Martín García y murió al poco tiempo, mientras que la Unión Cívica Radical resultó proscripta siempre y cuando mantuviera el yrigoyenismo en las venas. De hecho, varios dirigentes del sector antipersonalista se integraron a los gobiernos infames bajo la presidencia de Justo; y  el fraude patriótico impediría el triunfo de Alvear pero no el de Ortiz, que era radical. Otros, como Jauretche, se opusieron a la capitulación y mantuvieron altas las banderas. Lo recordó Cristina en el reciente homenaje a los fusilados en José León Suarez: aún hoy quedan radicales fieles a su espíritu revolucionario originario, aunque entre la dirigencia se cuenten con los dedos de la mano.

Finalmente el yrigoyenismo confluyó en el peronismo, en tanto que los sectores más conservadores de la UCR encabezarían la fórmula presidencial de la Unión Democrática, patrocinada por la Sociedad Rural, las grandes corporaciones extranjeras y la embajada de Estados Unidos. Si Juan Domingo Perón pudo ser candidato en 1946 fue porque una enorme masa de trabajadores y trabajadoras rompió el 17 de octubre la proscripción que pesaba sobre él y, en definitiva, sobre la amplia mayoría del pueblo. Leopoldo Marechal, parafraseando a Eduardo Mallea, la denominó “Argentina invisible”, pero bien podría ser llamada la “Argentina proscripta”.

Cuando las élites comprendieron que no podían derrotar al peronismo en elecciones libres, pasaron a una estrategia insurreccional que incluyó el delirio de bombardear Buenos Aires el 16 de junio de 1955. En septiembre el golpe prosperó y Perón, igual que Rosas, partiría a un largo exilio. Con el Decreto 4161 de marzo de 1956, la Revolución Fusiladora no sólo proscribió un nombre y una fuerza política sino a la mayor parte de la sociedad, a la cual declaraba inexistente al impedir que pudiera hacer pública su identidad. No se podía nombrar a Perón y a Eva, no se podía tener su retrato, no se podía cantar la Marcha. Los “libertadores” querían hacer sentir al pueblo que ser peronista era algo repugnante, que debía ser motivo de arrepentimiento y redención, mientras “el hijo del barrendero moría barrendero”, en palabras del contraalmirante Arturo Rial. Otra vez la pretensión arrogante de negar el país, que se demostró tan inviable que en 1966 la dictadura de Onganía decidió concluir con la farsa “semidemocrática” a la que se prestaron Frondizi e Illía y prohibir a todos los partidos políticos de la Argentina. Pero tampoco eso funcionó, porque el pueblo no dejaba de tener anhelos y esperanzas por muy proscripto que estuviera.

Luego de 17 años, Perón regresó a la patria-lo que no pudieron Rosas ni San Martín-y fue consagrado presidente por tercera vez. Sin embargo, la elevada conflictividad interna y su delicada salud no le permitieron atacar de raíz a los factores de poder que habían sostenido la proscripción durante tanto tiempo. Así que una vez muerto Perón, el Partido de la Proscripción recuperó la ofensiva y llevó adelante un plan sistemático de exterminio que desapareció 30.000 compañeros y compañeras y allanó el camino al Partido de la Deuda, incapaz de operar entonces en condiciones democráticas normales.

La tragedia de la dictadura dejó así una democracia condicionada, que pudo consensuar un “Nunca Más” para poner un límite al horror del Terrorismo de Estado, pero no un “Nunca Menos” que clarificara el horizonte programático de la política argentina, por lo que de manera implícita se terminó aceptando el rumbo económico que la dictadura había fijado de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz, hasta que todo ese marco conceptual voló por los aires en diciembre del 2001.

La Década Ganada kirchnerista permitió a la sociedad recuperar gran parte de la autoestima perdida y conquistar muchos de los derechos arrebatados durante veinticinco años de neoliberalismo. Incluso llevó a juicio a los genocidas. Pero el Poder Judicial se encargó de que los responsables civiles del golpe del 76 y los responsables de la deuda externa pudieran quedar impunes. Porque la gran transformación de la dictadura consistió en que por primera vez en nuestra historia el Partido de la Deuda fuera capaz de actuar con éxito en democracia y su programa resultara aceptable, sin necesidad de imponerlo por las armas. Videla murió preso, Martínez de Hoz no.

En esa excepción radica la articulación política, económica y social que posibilitó la victoria electoral de Macri en el 2015 y, con ella, el retorno de la persecución y la proscripción a la Argentina. Si durante el Siglo XX el Partido de la Proscripción fue principalmente el Partido Militar, en el Siglo XXI es el Partido Mediático-Judicial el que defiende los intereses de los grupos económicos al mismo tiempo que valida las políticas de hambre y endeudamiento que los diferentes gobiernos vienen llevando adelante bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional.

El reciclamiento de Caputo como Ministro de Economía, después de haber orquestado la estafa piramidal del préstamo con el FMI en 2018, es la expresión más cabal de nuestra vulnerabilidad democrática: en lugar de rendir cuentas ante el pueblo y las instituciones de la república, fue convocado de nuevo por Milei para hacer lo mismo pero más rápido. Por el contrario, Cristina es sometida desde hace una larga década a la persecución más obscena de la que se tenga memoria, aunque no haya nada nuevo bajo el sol: todo nuevo ciclo de deuda viene acompañado de un nuevo ciclo de proscripción. No se puede salir del primero sin romper con el segundo.

Desde diciembre de 2022 Cristina sabe que se encuentra proscripta, aunque muchos se estén enterando recién ahora que la condena terminó confirmada por los tres tristes corruptos de la Corte Suprema. A minutos nomás de recibir la noticia, dijo:

La paradoja como les decía es: ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles algo. Mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo… los Toto Caputo, inefable Toto Caputo caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica.

La dignidad de Cristina es la dignidad de una Patria que no se resigna a ser colonia; y que entonces debe romper una doble impunidad: la impunidad de los mafiosos del Partido de la Proscripción y la impunidad de los delincuentes del Partido de la Deuda. Romper la proscripción, resolver la crisis de deuda, y volver a tener una Argentina para todos y todas. Liberar a Cristina es el punto de partida para liberar a la Argentina.