Con 55 votos a favor, se aprobó en la Cámara Alta esta norma que implica un nuevo avance en materia de ampliación de derechos para nuestro país. El voto en contra y las 6 abstenciones pertenecen al macrismo.

Fuera y dentro del recinto, militantes del colectivo LGBTINB+ festejaron la sanción de la Ley que implica que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero; comprendiendo este requisito a los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado.

Asimimo, se deberán de cumplir una serie de obligaciones tendientes a la  no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo digno y productivo, con condiciones equitativas y satisfactorias, con protección contra el desempleo y sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión. También habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.

Esta ley, se suma a las sancionadas en gobiernos naciones y populares como la de Matrimonio Igualitario en el año 2010 (Ley N°26618) y la de Identidad de Género en el 2012 (Ley n° 26743); leyes que reparan años de segregación, discriminación y vulneración de derechos.

Gracias a la lucha colectiva de compañeras, compañeres y compañeros travesti/trans logramos poner a la política como herramienta para transformarlo todo.

El camino todavía es largo, por eso militamos y trabajamos por la construcción de ciudadanías LGBTINB+ con plenitud de derechos.