La Argentina atraviesa —como advirtió Cristina en su documento de 33 páginas de febrero de 2024— una crisis de deuda originada en el gobierno de Mauricio Macri que empieza a agudizarse. Tal como sucedió entre 1976 y 1989 primero y entre 1989 y 2001 después, la toma de deuda externa como mecanismo para el enriquecimiento de unos pocos y la miseria de millones termina mal siempre. Esta vez, de Macri a Javier Milei, es todo lo mismo pero muchísimo más rápido.
Máximo Kirchner en Diputados
“El desmanejo de Milei y Caputo con la deuda exige la intervención del Congreso”

A través de un proyecto de resolución que llevó las firmas de múltiples diputados y diputadas que se opusieron a los acuerdos con el FMI en 2018, 2022 y 2025, Máximo sentó una posición política firme: si el gobierno pretende endeudarse de forma directa con el Tesoro de los Estados Unidos, deberá someterse a la Constitución y las leyes nacionales, presentando cualquier acuerdo al Congreso para su tratamiento. De lo contrario, será nulo y no se reconocerá.
En abril, ya con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteamos que estábamos viviendo una suerte de “blindaje” que venía al rescate de un modelo económico fallido. Apenas cinco meses después, el descalabro financiero volvió a estallar, luego de la victoria peronista del 7 de septiembre y los sucesivos triunfos opositores en el Congreso Nacional, defendiendo personas con discapacidad, salud pediátrica, universidades públicas, etcétera. Ante la desesperación y el desmanejo, el gobierno nacional salió desesperadamente a ponerse de rodillas y mendigar un tuit a Donald Trump, que lo vio regalado a Milei y compró.
Con un mensajito en su red social propia, una foto sonriente y una serie de promesas del secretario del Tesoro, Scott Bessent, Trump escenificó la postración de Milei a sus pies. Esto no es sorpresa, pero el contenido de las promesas de Bessent es alarmante, y ahí es donde el diputado Nacional Máximo Kirchner plantea que el Congreso debe intervenir.
Se habla de un acuerdo entre el Tesoro de los Estados Unidos y la Argentina, en la cual se prestarán otros miles de millones de dólares, para que Luís “Toto” Caputo continúe sus artilugios financieros y profundice la fuga de capitales y el endeudamiento masivo del país, con las consecuencias que ya estamos padeciendo. En ese marco, Kirchner plantea que “todo empréstito tomado por el Ejecutivo o el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el Tesoro norteamericano que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional debe ser considerado nulo”.
“La suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos, sin la aprobación del Congreso de la Nación, viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”, señala el proyecto presentado por Máximo la semana pasada. En efecto, según el artículo 75 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación (inciso 4), arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación (inciso 7) y aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales (inciso 22).
Todo empréstito tomado por el Ejecutivo o el Banco Central de la República Argentina con el Tesoro norteamericano que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional debe ser considerado nulo”
De las declaraciones de Bessent se desprende que el auxilio financiero vendrá acompañado de inversiones privadas después de las elecciones, lo que hace pensar que serán en sectores estratégicos de nuestra economía, muy codiciados por el capital extranjero. Sí hay negociaciones vinculando la deuda externa con nuestros bienes naturales comunes, entonces el pueblo argentino debe saberlo y el Congreso debe debatirlo.
Esta situación se suma a las muchas exigencias de reformas estructurales (laborales, impositivas y ambientales) que trajo consigo el último acuerdo con el FMI y a las declaraciones públicas del embajador designado por los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
Párrafo aparte merece el rol del ministro de Economía Caputo, otrora considerado por el propio presidente como un “ineficiente” en el marco del regreso de Argentina al FMI iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento. “La trayectoria de Caputo como presidente del BCRA entre junio y septiembre de 2018, cuando se malgastaron USD 13.673 millones del primer desembolso del FMI a razón de 210 millones diarios para financiar la fuga de capitales y pagar letras del Tesoro, genera serias dudas sobre su capacidad para gestionar los fondos de un eventual salvataje del Tesoro estadounidense”, afirmó Máximo.
Sí hay negociaciones vinculando la deuda externa con nuestros bienes naturales comunes, entonces el pueblo argentino debe saberlo y el Congreso debe debatirlo.
El presidente -que ahora considera al ex JP Morgan un “titán”- es cómplice y responsable del “avasallamiento institucional que significaría un acuerdo con el Tesoro de Estado Unidos sin la aprobación de ambas Cámaras del Congreso”. No sería la primera vez que Milei pretende pasar por sobre el Congreso vulnerando la Constitución Nacional: ya lo hizo cuando decidió negociar un nuevo empréstito con el FMI mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Le corresponde al Congreso de la Nación defender los intereses de los argentinos y argentinas y ponerle un límite al desmanejo de Milei y Caputo con la deuda. Por lo tanto, corresponde “exigir que se someta cualquier acuerdo del Poder Ejecutivo o el BCRA con el Tesoro de los Estados Unidos o con el gobierno de los Estados Unidos a la consideración del Congreso”. Para ello, se requiere además que se remita al Congreso “el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.
Tal como hizo el Bloque de Senadores de Unión por la Patria en abril, cuando al votarse sólo en Diputados el DNU 179/25 -que permitió la toma de nueva deuda con el FMI- afirmó que un acuerdo con el Fondo sin cumplir las leyes argentinas podría calificarse como “deuda odiosa” y sujeta a un “default selectivo”, ahora volvemos a avisar: no se puede seguir timbeando de cualquier manera y a cualquier costo con la Argentina.
