A partir del reclamo de ciudadanos y ciudadanas contra las polí­ticas de ajuste, el presidente Sebastián Piñera dictó el Estado de Emergencia, entregando a los militares la seguridad de Santiago de Chile y las principales ciudades del paí­s, y restringiendo la libertad de locomoción y reunión; desde lo cual se declaró el toque de queda nocturno, imposibilitando a la población a transitar en esa franja horaria. En este marco, el primer mandatario chileno indicó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadieˮ, en una frase que nos recuerda las horas más oscuras que padecimos en la región, donde se intenta instalar nuevamente la idea del enemigo interno, que no es sino el pueblo luchando por sus derechos.

Chile es un paí­s con una gran desigualdad, donde unos pocos concentran las riquezas. Según un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) el 1% se queda con el 26,5% de la riqueza, mientras el 50% más pobre sólo accede al 2,1% del capital del paí­s.

En un contexto de falta de garantí­a de necesidades básicas, desde el Ejecutivo se tomó la definición de aumentar la tarifa del subte, tarifa que ya representaba una gran proporción del salario de los chilenos y chilenas. Y este fue el punto detonante. No es de sorprender, si se considera que hay familias que pueden llegar a gastar el 30% de sus ingresos en transporte, mientras que en las más pudientes ese porcentaje es inferior al 2%.

A partir de este anuncio el pueblo dijo basta: miles de jóvenes tomaron las estaciones del metro, dando comienzo a una escalada de violencia, que continuó con una seguidilla de incendios a empresas, distribuidoras eléctricas, organismos públicos y del edificio del Diario El Mercurio, el cual tuvo un rol fundamental durante la dictadura de Pinochet, la que continúan reivindicando desde sus letras de molde.

Desde las redes sociales y medios independientes, se denuncian vejaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad; tales como torturas, violaciones y otros abusos a la integridad sexual de mujeres y disidencias. Del mismo modo, se viralizan imágenes de detenciones arbitrarias y violentas, al tiempo que se denuncia el bloqueo mediático que impide conocer en el mundo la situación que atraviesa el paí­s hermano.

Las desigualdades sumadas a la ruptura del lazo social propia del neoliberalismo; provocaron distintos reclamos, a los cuales el poder gubernamental responde con descarnada violencia. Es imperioso retomar el rumbo democrático con la plena garantí­a de los derechos humanos, donde los funcionariose respetenl popular y garanticen el bienestar de las mayorí­as.