Una tragedia que es común a todos

Un estudiante de quince años entra a su escuela y dispara contra sus compañeros. Mata a uno, hiere a otros. El hecho conmociona a todo el país. Durante unos días, todo parece girar alrededor de una misma pregunta: ¿por qué lo hizo?

La respuesta inmediata suele organizarse en torno a la biografía. Se reconstruyen vínculos, trayectorias, conflictos. El hecho irá tomando la forma de en una historia singular, un caso. Y en ese movimiento, necesario pero insuficiente, se irá diluyendo la oportunidad de pensar e indagar sobre las condiciones estructurales que favorecieron la ocurrencia de una tragedia de estas características.

Pensar estas escenas como excepciones o como algo que le pasó a otro, permite restituir rápidamente una normalidad amenazada. Pero también funciona como una forma de ocultamiento. Porque lo que queda fuera de escena es, justamente, aquello que más importa: cómo se organiza la violencia en una sociedad, cómo circulan sus medios y cómo se tramitan —o no— sus conflictos.

En ese desplazamiento, el arma aparece como un objeto aislado —de dónde salió, quién la tenía— pero no como un elemento letal que forma parte de un sistema de regulación. La violencia se presenta como una relación entre personas, pero no como una dimensión que atraviesa el lenguaje público, las formas de sociabilidad y los modos en que una comunidad gestiona sus tensiones.

Sin embargo, los hechos no irrumpen en el vacío. Se inscriben en un entramado de decisiones, omisiones y orientaciones que, sin determinarlos, delimitan el campo de lo posible. No producen mecánicamente la violencia, pero sí favorecen sus condiciones de probabilidad.

En Argentina, ese campo está atravesado por una tensión persistente: una importante disponibilidad de armas de fuego en manos civiles y una capacidad estatal históricamente irregular para controlar su circulación. Una parte de las armas que terminan en hechos violentos proviene del propio circuito legal, lo que vuelve insuficiente cualquier mirada que reduzca el problema al mercado ilegal.

En 2004, en una escuela de Carmen de Patagones, un estudiante de quince años ingresó armado al aula y abrió fuego contra sus compañeros. Tres de ellos murieron y otros cinco quedaron heridos. Por esos años se sumaron otros episodios, como el caso del “tirador de Belgrano”, en donde Martín Ríos, quien había accedido a un arma de fuego a través de controles muy laxos e irregulares, comenzó a tirar tiros en la avenida Cabildo del barrio porteño, primero al tren y luego a transeúntes, impactando fatalmente en Alfredo Marcenac, un joven de 18 años que pasaba por allí.

Estos hechos motivaron a organizaciones de la sociedad civil a producir un fuerte reclamo al Estado nacional. Fue entonces que se estableció un cambio de paradigma en la política de control de armas de fuego del país. Primero, a través de normas internas del entonces Registro Nacional de Armas (RENAR), con resoluciones ministeriales y de decretos presidenciales y del envío, desde el Poder Ejecutivo a cargo de Néstor Kirchner, de un conjunto de leyes para hacer efectiva esta nueva política en materia de control de armas. Entre esas leyes estaba el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública que fue premiada por la Organización de las Naciones Unidas en 2013 como “mejor política del futuro”.

En 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en reemplazo del viejo y vetusto RENAR. La creación de esta agencia tenía por objetivo consolidar esas políticas. Tal es así que en el artículo 2° de la ley dice que la Agencia “…tendrá como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429, y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen por la presente ley”.

Se pasaba de esa forma de un “registro de armas” a una agencia que debía fortalecer sus controles sobre el mercado legal de armas; que debía cooperar en materia de política criminal con el resto de las agencias del sistema de seguridad y que debía llevar adelante políticas que permitieran reducir el circulante ilegal de armas de fuego en el país.

Estas políticas, más allá de una diferencia de intensidad, producto de cambios de gobierno, se mantuvieron por veinte años. Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei, ese esquema comenzó a desmantelarse. Primero, a través del discurso político, y luego mediante una serie de decisiones que, en su acumulación, redujeron la densidad del control: se eliminó la ANMAC y se volvió al esquema de “registro”, lo que implica una regresión en términos de controles; se dejó de implementar el Plan de Desarme; se bajó la edad para tener armas, de 21 a 18 años; se flexibilizó el acceso a las armas semiautomáticas por parte de civiles; se dejaron de hacer inspecciones en armerías, Clubes de Tiro, fabricantes, importadores y se dejaron de realizar los cursos de prevención en las escuelas, que eran fundamentales para trabajar la cuestión de la violencia y las armas de fuego, orientados a alumnos y docentes.

Ninguna de estas medidas, por sí sola, explica una tragedia. Pero en conjunto modifican el equilibrio del sistema. No producen automáticamente más violencia, pero sí incrementan el riesgo: vuelven más probable que determinados hechos ocurran bajo ciertas condiciones.

Algo similar sucede con la forma en que se abordan los conflictos en adolescentes. La mayoría de los hechos graves no aparece de manera súbita: tiene antecedentes. Conflictos no trabajados, situaciones de hostigamiento, trayectorias de aislamiento, violencia intrafamiliar, cuestiones de salud mental. El problema no es la ausencia de señales, sino la falta de intervención sobre esas señales.

Sin embargo, el sistema muestra una tendencia persistente: intervenir tarde. Mientras se debilitan las políticas de prevención e intervención temprana, crece la centralidad de la respuesta penal. El resultado es un desplazamiento del foco, de las condiciones a las consecuencias.

El problema no es la existencia de la pena. El problema es su centralidad como herramienta casi excluyente. Un sistema que organiza su acción principalmente en el momento posterior al hecho violento es, en los hechos, un sistema que administra sus efectos. En este punto, la discusión deja de ser únicamente técnica y se vuelve política. Porque lo que está en juego no es sólo qué medidas se toman, sino qué problemas se priorizan, qué herramientas se fortalecen y cuáles se dejan caer.

El Estado no es un actor neutral en este proceso. Es una forma de organizar relaciones, de orientar la acción colectiva en determinadas direcciones. Y esa orientación no es indiferente: favorece ciertas respuestas y desplaza otras. Cuando se combinan menor control sobre medios letales, debilitamiento de políticas preventivas y centralidad de respuestas tardías, lo que se configura no es una causa directa de la violencia, sino un régimen de mayor exposición a ella.

Frente a una tragedia, la pregunta inmediata seguirá siendo: ¿por qué? Pero una política pública que aspire a algo más que administrar consecuencias necesita formular otra: ¿qué condiciones hicieron posible que pudiera suceder?

Esa pregunta no reemplaza a la primera. La completa. Y, sobre todo, desplaza el foco desde el individuo hacia el sistema. Porque si las condiciones no cambian, los hechos —con distintos nombres, en distintos lugares— tienden a repetirse.

* Militante de La Cámpora. Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.