“Esto es una batalla cultural y la tenemos que ganar”, dijo Cúneo Libarona en la presentación del proyecto de ley en el Senado de la Nación. El sincericidio del ex ministro de justicia pone sobre la mesa el verdadero objetivo de este proyecto: disciplinar al movimiento feminista, retroceder en la protección de mujeres y niñas que sufren violencia, y fortalecer el machismo estructural del sistema de justicia.
Política
Anti-feminismo de Estado
El mito de las “falsas denuncias”
Mientras ocurre un femicidio cada 30 horas, el oficialismo impulsa en el Senado de la Nación la media sanción al proyecto de ley para aumentar las penas a los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, especialmente en casos de violencia de género y abuso sexual. Sin sustento estadístico ni rigor jurídico, este proyecto persigue un objetivo político: atacar desde las instituciones del Estado los derechos conseguidos por el movimiento feminista. Persecución penal para mujeres, encubrimiento para abusadores.
3 ago 2026
En sus fundamentos, el proyecto de ley dice resolver un problema inexistente: el de supuestas hordas de mujeres denunciando falsamente a sus ex parejas, con motivos de venganza. Esa imagen no se contrasta con la realidad, sino que fue desmentida categóricamente por todos los estudios estadísticos.
El Observatorio de Violencias de Género de los Ministerios Públicos presentó el informe “Análisis del relevamiento federal. Falsas denuncias (art. 245 CP) y falso testimonio (art. 275 CP). Proyecto S-0228/2025 - Período 2023 - 2025” , el cual subraya que 1 de cada 1.098 causas son por falsas denuncias, y que 1 de cada 3.940 causas son por falso testimonio. Representan menos del 1% del total de denuncias de todo el país. Otro dato relevante del informe, es que el 92% de esas falsas denuncias se debe a conflictos económicos y vecinales.
Las falsas denuncias son menos del 1% de los casos del país y en su mayoría son por delitos económicos o vecinales.
Los datos aportados por el informe nos permiten destacar que las denuncias falsas representan un fenómeno marginal estadísticamente en el sistema de justicia, lo que es aún menos relevante en casos de violencia de género. El proyecto de falsas denuncias presentado por Losada no se sustenta en la realidad sino que responde al interés de quienes buscan la impunidad. Por otro, que el verdadero problema social que enfrentamos es que la mayoría de las víctimas de violencia de género y abuso sexual no acude al sistema de justicia en búsqueda de ayuda. Alrededor del 20% de las víctimas de violencia hace la denuncia y, en caso de abusos sexuales contra niñeces, esas cifras son aún menores. No sobran denuncias, faltan denuncias.
Además, el delito de “falsa denuncia” y “falso testimonio” ya se encuentra incorporado en el Código Penal. Si se aprueba el proyecto presentado por la senadora Losada, quienes consideren que fueron denunciados falsamente, podrán continuar reclamando en la justicia. Sin embargo, mujeres y niñas que sufren violencias y abusos sexuales estarán aún más desprotegidas ante el temor de ser criminalizadas.
Cuando decimos que este proyecto tiene un fin político nos referimos a que, ante la ausencia de fundamentos fácticos para agravar las penas en casos de falsas denuncias, el único motivo para impulsar esta agenda es un nuevo intento de disciplinamiento al movimiento feminista.
Acá está el corazón del asunto: que las mujeres y las niñas y niños sean escuchadas es una conquista social, es el resultado de un proceso de visibilización y politización de las violencias de género que tuvo como punto de inflexión la movilización del 3 de junio del 2015, cuando salimos a las calles en todo el país al grito de “Ni Una Menos, vivas nos queremos”.
La existencia de sectores conservadores que buscan impedir el acceso a derechos, como el aborto y la ESI, no es nueva. Lo novedoso es que estos sectores se encuentran hoy en las instituciones y, desde allí, intentan destruir lo que tanto nos costó conseguir. El “anti-feminismo de Estado” ofrece persecución a las mujeres e impunidad a los violentos, moldeando una sociedad donde el odio y el individualismo sea la norma.
El anti-feminismo de Estado ofrece persecución a las mujeres e impunidad a los violentos.
No es casualidad que esta ofensiva ocurra en un contexto de persecución y violencia política hacia Cristina Fernández de Kirchner. El mismo machismo estructural de la justicia que la proscribe sin pruebas, es el que desestima las denuncias de mujeres que sufren violencias y el que desoye a niñeces que padecen abusos sexuales. Es el mismo aparato judicial que tarda decenas de años en llevar a juicio a un abusador, pero que actúa al compás del calendario electoral para condenar a Cristina.
Convertir el mito de las falsas denuncias en ley no hará que haya ni más verdad ni más justicia: sólo profundizará el silencio, el miedo y la desprotección de quienes más necesitan ser escuchadas. Frente a ese intento de disciplinamiento, la respuesta debe ser seguir organizadas para defender cada uno de nuestros derechos, reformar la justicia desde una perspectiva de género y liberar a Cristina para liberar a la Patria.
