El 21 de agosto de 2003 el Senado convertía en la ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como la leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A 10 años de ese hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de junio de 2005- la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar y está previsto que comiencen otros tres procesos antes de fin de año. La decisión de anular las llamadas “leyes del perdón” o “leyes de la impunidad” fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner. El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran “insanablemente nulas” estas leyes. El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
La ley que anuló las “leyes del perdón y de la impunidad” fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.
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