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Vidal ejerce una persecución abiertamente ilegal

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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ordenó confeccionar listas de docentes que adhieran al paro y pagar un adicional salarial a aquellos que no se plieguen a las medidas de fuerza. Ambas decisiones son manifiestamente inconstitucionales y sumamente persecutorias.
por La Cámpora
15 mar 2017
Los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires vení­an advirtiendo sobre intimidaciones de las autoridades gubernamentales. Hoy se conoció que directoras de escuelas de La Matanza y Benito Juárez denunciaron que miembros de la policí­a bonaerense se hicieron presentes para exigir listas con los nombres de los docentes que se adhirieron al paro. Ver a las fuerzas de seguridad ocupadas en confeccionar listas de trabajadores que llevan adelante una huelga general en vez de cuidar a los bonaerenses remite inexorablemente a las épocas más oscuras de la historia argentina. Que quienes ejercen el monopolio de la fuerza legal en la provincia estén abocados a esa tarea tiene una clara intención intimidatoria y extorsiva. Por otro lado, la Gobernadora viene acumulando decisiones contrarias al derecho constitucional a ejercer acciones sindicales. Una de ellas fue el descuento salarial de los dí­as no trabajados por medidas de fuerza. Esa disposición está siendo discutida en un expediente judicial porque, alegan con fundado criterio los gremios docentes, vulnera los derechos sindicales de los trabajadores. Sin embargo hoy fue más allá e hizo un anuncio que es indiscutidamente ilegal. Prometió un plus salarial a aquellos docentes que decidan no participar de las medidas de fuerza. En primer término ello puede entenderse como un acto discriminatorio hacia quienes opten por participar de la medida de fuerza en virtud de su activismo sindical. Además, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene jerarquí­a superior a las leyes, prohí­be perjudicar a un trabajador “a causa de su afiliación sindicalˮ. Es evidente que la confección de listas sumada a la diferenciación salarial perjudica directamente a quienes estén afiliados y participen de las medidas de fuerza de los distintos gremios de la provincia. Asimismo, el convenio 87 de la OIT establece que “las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho (libertad sindical) o a entorpecer su ejercicio legalˮ. Amedrentar con listas negras y generar discriminaciones salariales en función de una medida de fuerza atenta contra esta disposición. Cabe aclarar que este convenio goza de jerarquí­a constitucional porque a él remiten el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, ambos incorporados al plexo constitucional a partir de la reforma de 1994. Marí­a Eugenia Vidal ha decidido ejecutar una persecución sin precedentes hacia los docentes de la provincia pasando por arriba de la constitución nacional y los derechos de los trabajadores, y en un notorio desprecio hacia la educación pública.
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