La voluntad de ser económicamente libres y la Deuda, de nuevo

Hacia 1900 la deuda externa totalizaba la suma de 78 millones 64 mil libras esterlinas. Tras medio siglo del modelo liberal agroexportador, la deuda externa se había incrementado en una cuantía mayor al 3000% y marcaba una forma de crecimiento económico muy riesgosa para los argentinos y las argentinas, como lo atestiguaron las crisis de 1873, 1885, 1890. 

El nuevo siglo no demostraba cambios en la forma de reproducir la economía local, llevando a que ante un nuevo cambio en el escenario mundial por la inminente guerra mundial, en 1913, el desequilibrio en las cuentas externas del país desató un nueva crisis, produciendo quiebras en cadena y obligando al gobierno a suspender la convertibilidad en 1914. En 1916 -ya con Hipólito Yrigoyen como presidente- la deuda externa se elevaba al monto de 121 millones de libras. Hacia el final de los gobiernos radicales en 1930 la misma era de 143 millones de libras. De 1929 a 1938 se suceden los gobiernos de facto de José F. Uriburu y Agustín P. Justo en los que la deuda sigue aumentando, totalizando la suma de 148 millones de libras en 1935.

En vísperas a cumplirse 100 años del último gobierno soberano en estas tierras que había enfrentado al capital financiero británico, la historia argentina da un vuelco hacia la independencia económica y la realización de su pueblo. Con la Revolución del 4 de junio de 1943 se ponía fin a la década infame, que había prolongado la dependencia nacional frente al decadente imperio británico, consagrada en el pacto Roca-Runciman. En el marco de esa revolución, el 27 de noviembre de 1943, un decreto -redactado por José Figuerola y Juan Atilio Bramuglia- crea la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación y nombra a Juan Domingo Perón como secretario. Comenzaba a instaurarse el tiempo de la Justicia Social en la Argentina: aguinaldo, jubilaciones, negociaciones colectivas, justicia del trabajo, Estatuto del Peón de Campo. Todo esto llega de la mano de Perón, quien se gana el apoyo del pueblo trabajador y cambia para siempre la historia nacional.

Tras ser liberado por la movilización del pueblo el 17 de octubre de 1945 y vencer el 24 de febrero de 1946 con el 52.84% de los votos al conjunto de las fuerzas políticas que se encolumnaron detrás del embajador norteamericano Spruille Braden en la “Unión Democrática”, Perón puso en marcha un proceso de desarrollo soberano como nunca antes en la historia nacional. Al presentar el Primer Plan Quinquenal en 1946, afirmaba:

“Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Sin bases económicas no puede haber bienestar social: es necesario crear esas bases económicas. Para ello es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la Nación, y a eso también tiende nuestro Plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por cuatro, mediante una buena industrialización –es decir, enriqueciendo la producción por la industria-, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones.”

Así  llegamos al 9 de julio de 1947, cuando se labra el Acta de Declaración de la Independencia Económica “para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio, bajo las formas hegemónicas económicas condenables y de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados”. Allí expresa “la voluntad de ser económicamente libres, como hace ciento treinta y un años proclamamos ser políticamente independientes”. 

Perón afirmaba que declarábamos la independencia económica porque ya la habíamos conquistado. Los superávits comerciales acumulados durante la segunda guerra mundial permitieron cancelar la totalidad de la deuda externa, abonando 264,5 millones de dólares y librando a la Argentina del peso de la misma por primera vez desde el año 1824. A través de la soberanía política, se conquistaba la independencia económica y reinaba la justicia social. 

Este proceso fue consecuencia de la decidida acción de patriotas que se resolvieron a romper la dependencia en la cual se encontraba sumida la Argentina, recuperando para el país los resortes de la economía que estaban en manos del capital ingles: se nacionalizó el Banco Central, que puso en manos del Estado del control del tipo de cambio, las tasas de interés y la circulación monetaria; se nacionalizaron los depósitos bancarios, otorgandole al Banco Central el control de crédito para fomentar la industria nacional; se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que permitió el control estatal del comercio exterior (anteriormente en manos de unos pocos consorcios internacionales), se nacionalizaron los ferrocariles y las empresas de transporte automotor, pudiendo comunicar al país según las necesidades nacionales, rompiendo la “tela de araña metálica” construida por los ingleses con los ferrocarriles; se construyó la flota mercante, que otorgó la independencia necesaria para manejar nuestras exportaciones sin depender de las exigencias de la “Blue Star Line” inglesa; se implantó un régimen estatal de reaseguros (INDER), que quebrantó la subordinación al Lloyds de Londres; se recuperó la soberanía sobre nuestros puertos; se nacionalizaron los servicios de gas, comunicaciones y electricidad, creando Gas del Estado, ENTel y la red de Agua y Energía; entre otras decisiones políticas que le dieron a los argentinos y las argentinas la posibilidad de decidir soberamente sobre sus recursos y sus vidas.

Sin embargo, los intereses extranjeros creados sobre nuestro país encontraron una nueva forma de torcer nuestro derecho soberano a través de la mal llamada “Revolución Libertadora”. Junto con la proscripción, los fusilamientos y la destrucción de la obra peronista, derogación de la Constitución del 49’ mediante, se iniciaba un nuevo período de endeudamiento externo. Entre 1955 y 1958 el gobierno dictatorial de Aramburu, adquirió un nuevo préstamo externo con bancos europeos por 700 millones de dólares. El endeudamiento fue acompañado por la liberalización: se desnacionalizaron los depósitos bancarios, dejamos de ser un país acreedor para volvernos deudor, se eliminó el IAPI, que permitía que el Estado arbitre en la venta de granos en el exterior para usar sus excedentes en el mercado interno (industria, construcción o subsidios al campo) y se cambió la Carta Orgánica del BCRA con el fin de correr la política monetaria de su interés por el bienestar social. Además, en el gobierno dictatorial de Aramburu se consumó lo que sería el gran condicionamiento para el desarrollo político y económico nacional desde mediados del siglo XX: Argentina se incorpora al FMI y al Banco Mundial, firmando en 1957 el primer acuerdo con el fondo.

Desde el exilio y al cabo de 10 años de esta decisión, Perón sostenía: 

“Advertí que en él (el FMI) participarían la mayoría de los países occidentales, comprometidos mediante una contribución al Fondo, desde donde se manejaría todas sus monedas, se fijaría no solo la política monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados (…) He aquí alguna de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el gobierno justicialista de la República Argentina no se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país, como también, nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias (…) Ha pasado el tiempo, y en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar lamentaciones. Este Fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del ‘mundo libre’, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida”. 

La deuda volvió a crecer en forma progresiva sin traducirse en desarrollo ni progreso, sino todo lo contrario. Se retrocedía con respecto a las conquistas sociales obtenidas hacia mediados de siglo de la mano de la proscripción del peronismo. De esta manera, hacia 1973 la deuda externa totalizaba la suma de 4.986 millones de dólares, con el FMI auditando la economía nacional.

Con el fin de la proscripción, la victoria de Héctor Cámpora y la posterior asunción del General Perón, en 1974 el gobierno realiza un pago anticipado de deuda con el FMI, con el fin de ir saldando la deuda y recuperar la soberanía perdida en tantos años de entrega. Sin embargo, tras la muerte de Perón este proceso no se concluye y en 1975 el gobierno vuelve a solicitar un acuerdo con el Fondo. Parte de este acuerdo se cumple, pero el FMI espera el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 para desembolsar 100 millones de dólares días después. 

El proyecto de sometimiento económico mediante el endeudamiento vuelve a tomar los ribetes del período pre-peronismo con el golpe cívico militar de 1976, fundamentalmente de la manos de Diz (Director del Banco Central y exdirector del FMI) y Martinez de Hoz (Ministro de economía). El plan económico impuesto a sangre y fuego dejó consecuencias ruinosas sobre nuestra Nación: la financiarización del funcionamiento económico, la desindustrialización y la extranjerización del aparato productivo. El rol del capital financiero y el endeudamiento nacional fue fundamental para imponer esta política, al igual que la desaparición y el asesinato de treinta mil argentinos y argentinas. 

La política económica impulsada por Martinez de Hoz y el FMI comenzó con una fuerte devaluación de la moneda –superior al 80%- que implicó una aguda modificación de los precios relativos en favor de la oligarquía y en detrimento de los trabajadores, al mismo tiempo que se redujeron a la mitad las retenciones agropecuarias, se congelaron los salarios por tres meses y se eliminaron los controles de precios. Se iniciaba así el shock distributivo sobre la base del deterioro del salario real (caída mayor al 30%) pero también por el incremento de la desocupación, especialmente en el sector industrial.  A partir de allí, se inició un proceso de desindustrialización de largo plazo que expresó la gestación de un nuevo patrón de acumulación centralizado en la valorización financiera del capital, que excluyó al desarrollo industrial. De esta forma, consumada la redistribución del ingreso –base material para la política de alianzas intracapital de la dictadura- se pusieron en marcha las distintas políticas que garantizarían la vigencia del nuevo patrón, sustentado sobre la base de sostener altas tasas de interés en el mercado local en un contexto internacional de bajas tasas, de forma que las empresas se endeudaban en el exterior, valorizaban el capital en el mercado local y luego fugaban el capital valorizado al exterior.  

Para lograr este cometido fue central la Reforma Financiera de 1977, que puso fin a tres rasgos centrales del sistema financiero vigente: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés fijada por el mismo y las dificultades para contraer deuda con el exterior por parte del sector privado. Estas modificaciones se conjugaron con la apertura externa asimétrica en el mercado de bienes y el de capitales para poner en marcha la valorización financiera. Sin embargo, resulta importante destacar que este proceso no implicó un desplazamiento del Estado por el mercado, sino que el Estado continuó ocupando un lugar central en la conformación de la tasa de interés interna, del costo de endeudamiento externo del sector externo y, por tanto, del diferencial de tasas que sería la base de esta etapa de la valorización financiera. Además, fue el Estado quién tomó deuda en el mercado internacional para financiar la fuga de capitales del sector privado y quién luego estatizó parte de la deuda de este. De esta forma, hacia fines de la dictadura la deuda externa trepaba hasta los 45.000 millones de dólares, cifra cinco veces superior a las exportaciones anuales, lo que obligaba a lograr elevados excedentes comerciales y fiscales para cancelar intereses, constituyéndose en un verdadero yugo para las posibilidades de desarrollo en la naciente democracia.

De esta manera, con un país arrasado, la recuperación de la democracia y la llegada de Alfonsín a la presidencia de la Nación en 1983 no significó independencia económica o soberanía política. Por el contrario, el sobreendeudamiento avalado por el FMI sirvió para adoctrinar la política económica y condicionar gobiernos. Esto ocurrió durante el gobierno radical, que tuvo que firmar 5 acuerdos con el FMI y durante el cual la incapacidad de pago de la deuda generó el inicio de un proceso hiperinflacionario que duraría hasta 1991 y que generó fuertes recesiones y pérdidas de poder adquisitivo por parte del pueblo trabajador. Así, hacia el final del gobierno radical  la deuda externa se incrementó en 15 mil millones de dólares. 

Entre 1989 y 1999, Menem y Cavallo ponen en marcha uno de los mayores catalizadores de la debacle económica, política, social y cultural de la Argentina: la convertibilidad. Los pilares del proceso económico de los años noventa fueron los cambios operados en el Estado -incluyendo las privatizaciones- junto a la apertura comercial -que implicó la apertura irrestricta a la importación de bienes-, y la apertura financiera, que implicó nuevamente el comienzo de un ciclo de endeudamiento público y privado para financiar fuga de capitales. 

La reforma del Estado fue profunda y tuvo como eje nodal a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, que permitieron aliviar la acuciante deuda externa canjeando títulos por acciones. La reforma también incluyó al sistema jubilatorio, que pasó a estar administrado por fondos privados de pensión y al traspaso de los servicios de salud y educación desde la Nación hacia las provincias, transferencia que se hizo sin una contrapartida en incremento del financiamiento hacia las mismas.  Además, se llevó a cabo una reforma tributaria regresiva, que concentró la recaudación en el IVA, que aumentó de aproximadamente el 2,5% del PBI en la década del 80 a más del 6% en los 90, y el impuesto a las ganancias, que pasó de 1% al 2,5% en el mismo período. Como contrapartida, se suprimieron o redujeron impuestos internos, tributos al comercio exterior de la mano de la apertura comercial, impuestos al trabajo y algunas contribuciones directas.

Sumado a estas reformas estructurales se puso en marcha el plan de la convertibilidad en términos monetarios y cambiarios. Para poner en marcha el plan de estabilización se sancionó en abril de 1991 la Ley de Convertibilidad, que fijó la obligación al Banco Central de mantener reservas en divisas capaces de comprar toda la base monetaria, al tipo de cambio que establecía la ley, que sería 1 peso igual a un dólar a partir de la reforma monetaria del año siguiente y no se modificaría hasta el colapso del sistema. La convertibilidad, entonces, fue sostenida primero con los dólares que entraron de las privatizaciones pero cuando estos se acabaron se reinició el proceso de endeudamiento externo, que sumado a la apertura comercial indiscriminada, al poco tiempo se tornó insostenible.

Este derrotero lleva a la implosión de la sociedad argentina durante el gobierno radical de Fernando De la Rúa, con su programa de ajuste fiscal avalado por el FMI con el objetivo de hacer frente a los compromisos de la deuda. En marzo del año 2000, con el país ya sumido en una crisis absoluta producto de las políticas de sobreendeudamiento y ajuste fiscal, el FMI acuerda con el país el Stand-By número 16 de su historia por USD7.200 millones (el 4,8% del PBI). Ante el avance de la crisis, en enero del 2001 se anuncia el blindaje financiero por 39.700 millones de dólares para ser destinado al pago de deudas- con aportes del FMI, el BID, el Banco Mundial, el Gobierno de España y un grupo de bancos privados. 

Al respecto, el entonces Presidente del Banco Central, José Luis Machinea, decía: “Justamente, el socorro multimillonario fue diseñado con el objetivo de transmitir seguridad de cobro a los acreedores y fue presentado por el Gobierno como el puntapié inicial para la etapa de crecimiento de la economía. A cambio, el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a recortar las jubilaciones futuras y desregular las obras sociales, medidas ya lanzadas por sendos decretos de necesidad y urgencia” (Página 12, 13-01-01). 

Según el FMI, la señal del Blindaje, que consiste en tomar un gigantesco crédito para pagar los créditos previamente asumidos, desataría una lluvia de inversiones externas que fluirían hacia Argentina ante la certeza de que el gobierno está dispuesto a pagar sus deudas a cualquier costo. Fue la lógica de la especulación financiera y de la era del sobreendeudamiento en Argentina: primero pagar para después crecer. Sin embargo, frente a cada desembolso los dólares se fugaban rápidamente sin ningún tipo de control de capitales por parte del gobierno. Esto permitió que los inversores que habían participado de la bicicleta financiera en los años 90 puedan retirar sus ganancias en dólares a costas del sufrimiento de la Nación. 

La profundización de la crisis llevó a que Cavallo y el Secretario de Política Económica -actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado- Federico Sturzenegger, anuncian el Megacanje: una artimaña para aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor. La propuesta de canjear 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos, con vencimientos hasta el año 2031, culmina con un aumento criminal de la deuda externa argentina. Al final del gobierno la deuda asciende a 144 millones de dólares, con la Argentina sumida en el estallido social de diciembre de 2001, con treinta y nueve compatriotas asesinados a manos de la represión del gobierno nacional, con una desocupación que alcanzaba a uno de cada cinco argentinos y la pobreza a la mitad de nuestros compatriotas. 

*Militantes de La Cámpora.