La Asignación Universal por Hijo sigue cumpliendo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) marcó un antes y un después en materia de protección social en la Argentina. Su implementación tuvo como protagonista a un Estado eficiente y una militancia organizada que fue casa por casa en todo el país a anunciar la buena nueva. Apenas un año después de su anuncio, casi dos millones de hogares ya recibían la asignación. Y los  impactos fueron inmediatos. Por ejemplo, entre 2012 y 2013 la deserción escolar de los y las jóvenes de entre 12 y 17 años se redujo 7,8%, y se multiplicaron los controles de salud para las infancias y las adolescencias.

El lanzamiento de la AUH fue una decisión política que transformó una necesidad en un derecho y que 17 años después sigue siendo fundamental para la vida de millones de argentinos y argentinas, aunque lo haga en un contexto radicalmente distinto al de su creación. De hecho, sin esta política pública la crisis de ingresos y la situación de precariedad laboral y pluriempleo que hoy atraviesan muchísimas familias sería más grave aún.

Una de las grandes banderas de los gobiernos de Néstor y Cristina fueron las políticas universales. Los derechos, para ser derechos, deben ser para todos y todas. Por eso, en 2011, Cristina anunció la Asignación Universal por Embarazo (AUE), destinada a asegurar la salud perinatal de mujeres desocupadas, trabajadoras informales y del servicio doméstico embarazadas. En 2014, lanzó el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), orientado a acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes que se encontraban terminando el secundario o iniciando una carrera universitaria. Y en 2015 se creó el Plan Qunita, ideado por Tiago Ares, un militante solidario y comprometido con su país que estudiaba diseño industrial. El plan incluía un kit para beneficiarias de la AUE con ropa, portabebé, cambiador, chupete, termómetro, protectores mamarios, sonajero, frazadita y varias cosas más destinadas al bebé recién nacido y su madre. Durante los meses que funcionó el programa, se distribuyeron 74.408 kits. El conjunto de políticas que incluía el Plan Qunita, la AUE y la AUH llevaron a que la mortalidad infantil se redujera del 11,7 al 9,7 entre 2011 y 2015.

Entre 2003 y 2015 los llamados “planes sociales” se redujeron drásticamente, y recién volvieron a aumentar a partir de 2016 con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, que siguió punto por punto el libreto del Fondo Monetario Internacional. En cambio, para el peronismo, la mejor política social es la política económica. Esa concepción tuvo durante la Década Ganada la compañera Alicia Kirchner, a la que Máximo se refirió en el microestadio de Lanús como “una ministra de Desarrollo Social que gobernó bajando los planes sociales y ayudando a generar trabajo en Argentina, con esa invitación que hizo Néstor a los movimientos sociales de animarse a salir de una lógica circular de bolsas de comida y planes para volver a generar trabajo, y en ese momento histórico los movimientos sociales respondieron correctamente a la convocatoria del gobierno y se pusieron a ayudar”.

La AUH expresa un verdadero paradigma de universalización de las políticas sociales, ya que el acceso no depende de que una familia tenga que recurrir a un dirigente político, a un puntero o a una organización. Es un derecho reconocido por el Estado, sin intermediarios y cuya prestación se paga directamente al beneficiario, estando sujeta a requisitos de salud y educación para los menores de 18 años. Pero la universalización tiene también una dimensión económica y laboral, porque la asignación no representa un obstáculo para ingresar al empleo registrado. La idea siempre fue que si una persona consigue un trabajo formal, sus hijos e hijas puedan incorporarse al régimen contributivo de asignaciones familiares. De esta manera, la protección social no compite con el objetivo de generar trabajo registrado, sino que busca acompañar a las familias mientras persistan la desocupación y la informalidad. Decía Cristina en el acto donde anunció la AUH:

“La ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo, vital y móvil tiende a no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, es que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales; acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto que es lograr trabajo decente para todos los argentinos que es, no tengan dudas, el único instrumento para combatir y erradicar la pobreza”.

Asimismo, la AUH significó un reconocimiento fundamental sobre las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Que las mujeres hayan sido las principales titulares implicó garantizar el acceso directo a recursos económicos, fortalecer su autonomía y reconocer su papel central en el sostenimiento de los hogares.

Desde una perspectiva de género, esta política pionera permitió poner en discusión la división entre el trabajo productivo y reproductivo, y avanzar en el reconocimiento de que los cuidados no constituyen una responsabilidad exclusivamente individual o privada, sino una cuestión social y colectiva en la que el Estado debe asumir un papel central.

Durante el gobierno de Milei la AUH se desnaturalizó y se transformó en un compartimento estanco, desentendido del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), cuyo montó es proporcionalmente muy inferior y, dependiendo del sueldo, otorga entre la mitad y el 10% de la AUH. Además, los beneficiarios de la SUAF no perciben la Tarjeta Alimentar y este desfasaje lleva a ignorar el aumento de su costo de vida, sobre todo considerando que el Salario Mínimo, Vital y Móvil se encuentra en $391.200, un 62% por debajo del valor en que lo dejó Cristina. De esta manera, la AUH queda en el lugar de una política aislada que refuerza la informalidad laboral y la desconecta de toda perspectiva de movilidad social ascendente. En rigor, esto es lo que pretende el Fondo Monetario Internacional, que en un informe técnico de 2025 le exigió al Estado argentino “desuniversalizar” la Asignación Universal por Hijo, al mismo tiempo que demanda la reforma del sistema previsional.

Defender las conquistas exige comprender cómo se lograron. La AUH es un producto directo de  la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de 2008. No hay durazno sin pelusa, ni hubiera habido Asignación sin antes afectar los intereses de los grupos económicos que se timbeaban los aportes previsionales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Recordemos que las AFJP cobraban comisiones incluso si sus inversiones cosechaban resultados negativos. En determinados momentos, las comisiones llegaron al 2,5 % del salario bruto cuando el aporte personal era del 7%. Es decir, por cada $100 que aportaba un trabajador, las administradoras podían quedarse con $36 en concepto de comisión. No era una ganancia derivada de producir más, generar empleo o mejorar los salarios; era renta financiera pura y dura.

En noviembre de 2008, Cristina tomó la decisión de terminar con ese régimen  nefasto. El Congreso aprobó la Ley 26.425, que eliminó el sistema de capitalización individual y unificó el sistema previsional en un régimen público, solidario y de reparto. Los activos que administraban las AFJP fueron transferidos a la ANSES e incorporados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ANSES dejó de cobrar comisiones a los aportantes y los rendimientos de las inversiones pasaron a contribuir al fortalecimiento del sistema público de seguridad social, en lugar de a la especulación financiera. En consecuencia, los fondos previsionales empezaron a utilizarse no solamente para comprar activos financieros, sino también para financiar centrales eléctricas y plantas nucleares, obras de infraestructura, créditos para la construcción de viviendas mediante PROCREAR y apoyo a empresas y pymes, generando en la economía el círculo virtuoso que luego posibilitaba seguir incrementado el empleo formal, los salarios, los aportes previsionales y las jubilaciones.

Cristina fue una presidenta dispuesta a mejorar la distribución del ingreso en la Argentina y por esa voluntad de transformación y de justicia social está pagando el precio de la cárcel y la proscripción. No fue gratis la AUH como tampoco fue gratis recuperar las AFJP, ni para ella ni para el compañero Amado Boudou. Pero las decisiones valientes son las que trascienden en el tiempo. “Este es un acto de estricta reparación, pero será un acto de justicia cuando cada padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa”, dijo en la Rosada aquel día. 17 años más tarde, hoy vamos a San José 1111 a agradecerle por la AUH, con la esperanza y el compromiso militante de que el año próximo Cristina vuelva a conducir los destinos de la Patria. Y entonces será justicia.