Mientras el Senado discute la autorización al Gobierno para avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, vía aprobación de la Ley Bases, nos proponemos demostrar en estas líneas por qué no resiste el mínimo análisis que el Estado argentino se desprenda de su aerolínea de bandera, salvo que se sostengan posiciones dogmáticas sobre el manejo de la cosa pública, algo de lo que ya dieron sobradas muestras quienes hoy gobiernan el país. Descontamos acá la existencia de intereses espurios o negocios non sanctos, que de existir deberían ser objeto de investigación judicial y excede el propósito de esta nota.