Política

181 años de la Vuelta de Obligado

Defender la soberanía

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El 20 de noviembre de 1845 las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron una escuadra anglo-francesa en la Vuelta de Obligado, desplegando cadenas sobre el río Paraná. Aquella batalla fue mucho más que un episodio militar: fue la defensa de la capacidad de decidir sobre nuestro territorio, nuestro comercio y nuestros bienes comunes frente a la arrogancia de las dos principales potencias del mundo. Los métodos y los problemas mutan, pero la batalla sigue siendo la misma.

por Secretaría Nacional de Formación de La Cámpora
20 nov 2026

El 20 de noviembre de 2010, durante el acto por el Día de la Soberanía Nacional en la localidad de San Pedro, decía Cristina que “hoy estamos aquí cubriendo una deuda histórica de los argentinos y de su historia cual es recordar una epopeya como fue la Vuelta de Obligado, oculta, premeditadamente ocultada desde hace 165 años por la historiografía oficial”, y compartía con los argentinos y argentinas la siguiente reflexión:

“Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia de estos 200 años, de este Bicentenario, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, como cantaba la canción de Teresa, acompañados por buques mercantes-porque en realidad venían en nombre del libre comercio-, pretendían transformar este río, nuestro Río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será, un río de la Nación argentina (...) El otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la Vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia, en esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos (...) Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones; será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos. Porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de otros. Por eso, quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la Patria. ¡Viva la Patria!”.

El 20 de noviembre de 1845 las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron una escuadra anglo-francesa en la Vuelta de Obligado. Las cadenas tendidas sobre el río Paraná no alcanzaron para detener a los barcos invasores, pero dejaron una marca imborrable en nuestra historia. Aquella batalla fue mucho más que un episodio militar: fue la defensa de la capacidad de decidir sobre nuestro territorio, nuestro comercio y nuestros bienes comunes frente a la arrogancia de las dos principales potencias del mundo.

Pero la historia de la soberanía argentina no se escribió solamente con las armas en la mano. También se escribió alrededor de las mesas de negociaciones y en la disputa por el destino de la riqueza producida en nuestro suelo. Sabemos perfectamente que cuando la deuda externa se convierte en el principio ordenador de la política, los gobiernos terminan administrando los recursos del pueblo en función de las necesidades de los acreedores. Recuperar la soberanía, en cambio, significa volver a ponerlos al servicio de un proyecto de país.

En 1824, durante la gobernación de Martín Rodríguez y con Bernardino Rivadavia como ministro, Buenos Aires había contraído un empréstito de un millón de libras esterlinas con la Baring Brothers para construir un puerto, realizar obras de salubridad y fundar pueblos. Pero entre descuentos, comisiones e intermediaciones, la provincia acabó recibiendo mucho menos de lo que debía, y buena parte de los fondos ni siquiera llegó en metálico: una porción importante quedó depositada en Londres o fue remitida en letras de cambio. Tampoco se respetó su propósito original y el crédito terminó absorbido por las necesidades financieras del gobierno y la guerra con Brasil. En 1827 se interrumpieron los pagos, pero no dejaron de correr los intereses.

Cuando Juan Manuel de Rosas llegó al gobierno, heredó ese pasivo, pero decidió que su cumplimiento no podía estar por encima de las necesidades de la provincia. En 1835 dijo ante la Legislatura que, si bien no olvidaba la existencia de la deuda externa, primero debía resolverse el arreglo de la deuda interior. Ese mismo año se sancionaba la Ley  de Aduanas, que posibilitó un importante crecimiento de las industrias manufactureras en todo el país.

En 1842, la Baring y los tenedores de bonos enviaron a Frank de Pallacieu Falconnet para negociar la reanudación de los pagos. Sus instrucciones contemplaban exigir nuevos gravámenes sobre la producción, el comercio y las exportaciones, además de garantías sobre las rentas de la Aduana, las tierras públicas y la libre navegación de los ríos. Rosas resistió esas pretensiones y, en 1844, acordó un pago mensual de apenas 5.000 pesos metálicos, muy inferior a los intereses acumulados. Los desembolsos se suspendieron durante el bloqueo anglo-francés y se retomaron en 1849 tras conseguir el levantamiento de la intervención británica. Las gestas de Vuelta de Obligado y Punta Quebracho sólo resultaron posibles por la firme decisión de ponerle límites a la voracidad de los acreedores.

Caseros abrió otro capítulo en esta historia. En 1857, el gobierno de Buenos Aires llegó a un acuerdo con la Baring que reconoció y capitalizó los intereses atrasados, multiplicando exponencialmente las obligaciones originales. En 1862, con la “organización” del Estado nacional bajo el impulso de Mitre y el sometimiento del interior a sangre y fuego, la deuda provincial pasó a comprometer al conjunto del país. Además, en 1865 el Congreso autorizó otro empréstito de 2,5 millones de libras con la Baring, destinado a financiar la Guerra del Paraguay. La comparación con Vuelta Obligado resulta inevitable. Dos décadas después de resistir a las potencias que pretendían imponernos la libre navegación de nuestros ríos para sus propios buques, la Argentina financiaba con capital británico la guerra que destruiría una de las experiencias de mayor autonomía económica de Sudamérica.

La expansión agroexportadora que siguió sólo profundizó la dependencia. Durante aquellos años los ferrocarriles, puertos, bancos, empresas y gobiernos provinciales recurrieron cada vez más al crédito londinense y cuando la crisis mundial interrumpió los flujos de divisas, la inversión se vio paralizada y la economía entró en recesión. Entonces el gobierno de Nicolás Avellaneda implementó un dramático ajuste, que redujo salarios públicos, pensiones y jubilaciones. El presidente resumió las medidas con una frase brutal: “Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”. Primero los acreedores.

Ese mismo período nos deja otro episodio revelador y poco conocido. En 1874, el gobernador santafesino Servando Bayo había creado el Banco Provincial para fortalecer el crédito local y disputar el predominio de la banca extranjera. El conflicto estalló cuando la provincia limitó las facultades de emisión del Banco de Londres y Río de la Plata, gravó sus operaciones y finalmente ordenó su liquidación, con la incautación de sus fondos y la detención de su gerente en Rosario. La represalia británica fue enviar la cañonera Beacon al puerto de la ciudad, en una clara actitud intimidatoria, mientras Manuel Quintana, senador y abogado de la entidad (en 1904 sería presidente del país), llegó a proponer el bombardeo de Rosario. Afortunadamente, el canciller Bernardo de Irigoyen interpuso el argumento de que una sociedad anónima constituida bajo las leyes argentinas no podía invocar una protección diplomática extranjera. La crisis se resolvió sin intervención militar, pero evidenció hasta dónde podía llegar la presión del capital financiero y el cipayismo de algunos dirigentes.

Durante las presidencias de Roca y Juárez Celman, el crédito externo se multiplicó como nunca antes. Entre 1880 y 1890, la deuda del Estado nacional pasó de 33 a 128 millones de pesos oro, a lo que debían sumarse las obligaciones provinciales y privadas. Cuando otra vez se cortaron los flujos en 1890, se desplomaron las cotizaciones bursátiles, hubo corridas bancarias, se frenaron inversiones y obras públicas y el país cayó en default. La crisis precipitó la renuncia de Juárez Celman y hasta tuvo repercusiones en Londres: la mismísima Baring Brothers, fuertemente expuesta a los activos argentinos, quedó al borde de la quiebra y debió ser rescatada por el Banco de Inglaterra, con el apoyo de las principales entidades financieras de la City londinense y los bancos centrales de Francia y Rusia. Pero el salvataje no fue gratuito para la Argentina.

En noviembre de 1890, Nathaniel Rothschild encabezó un comité de acreedores que negoció con el representante argentino en Londres, Victorino de la Plaza, las condiciones para reorganizar los pagos. El acuerdo obligó al país a contraer nuevos préstamos para atender los vencimientos anteriores y comprometió al Banco Nacional a transferir 43 millones de pesos en títulos públicos para cancelar obligaciones de corto plazo en Europa, muchas de ellas vinculadas a la propia Baring. En ese marco, el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires terminaron cerrando sus puertas. Entre 1889 y 1891, el PBI cayó un 13%, los depósitos del sistema financiero bajaron un 32% y se fundieron numerosas fábricas y establecimientos comerciales, dejando a miles de trabajadores en la calle. Como si esto fuera poco, en medio de las negociaciones algunos banqueros llegaron a sugerir una intervención militar contra nuestro país. Total normalidad.

Convengamos que no era una fantasía. En 1902, Gran Bretaña, Alemania e Italia bloquearon y bombardearon Venezuela para exigir el pago de sus deudas. La respuesta del canciller argentino Luis María Drago fue categórica: ningún Estado tiene derecho de recurrir a la fuerza militar ni ocupar el territorio de otro para cobrar obligaciones financieras. La deuda pública no puede convertirse en un título de conquista. Pero las conquistas se desarrollaron por otros medios. El empréstito con la Baring recién terminó de cancelarse en 1904, ochenta años después de haber sido contraído por Buenos Aires. La Argentina había pagado alrededor de cinco millones de libras por un préstamo nominal de un millón, pese a que su monto completo nunca llegó y su intención original jamás se había cumplido. Igualito al FMI.

Sin embargo, la gravitación del endeudamiento externo no concluyó ahí y durante años los servicios de la deuda representaron una carga fiscal considerable para el Estado, altamente dependiente de los precios internacionales de las materias primas. Por eso la crisis de 1929 volvió a hundir al país en la peor de las miserias. La Década Infame fue una etapa de restauración oligárquica y conservadora en la que la subordinación económica a Inglaterra alcanzó sus niveles más vergonzosos, en especial con el pacto Roca-Runciman de 1933 -un siglo después de la usurpación de las Malvinas-, cuando el vicepresidente declaró que Argentina era “desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio británico” y no dejó concesión por hacer, mientras las mayorías populares estaban excluidas de la vida política por el fraude y la proscripción. Aquel país es el que tanto añora Milei.

La llegada del peronismo rompió con la inercia de la deuda y abrió una formidable etapa de reconstrucción de la soberanía nacional, cien años más tarde de las gestas de la época de Rosas. A partir de 1946, el gobierno impulsó una política de repatriación de la deuda externa, aprovechando las reservas acumuladas durante la guerra. La nacionalización del Banco Central, el control estatal del comercio exterior a través del IAPI y la recuperación de resortes estratégicos de la economía contribuyeron a que la riqueza producida en el país dejara de organizarse alrededor de las necesidades de los acreedores y pasara a financiar la industrialización, el trabajo bien remunerado y la justicia social. En 1952 se cancelaron los últimos compromisos de la deuda pública externa, incluidos los vinculados al empréstito británico asociado al pacto Roca-Runciman. Por primera vez desde 1824, la Argentina alcanzaba una situación de deuda externa cero.

Décadas más tarde, los gobiernos de Néstor y Cristina retomaron esa gloriosa tradición en un contexto muy distinto, pero con una convicción semejante: no puede haber un proyecto nacional con la política económica subordinada a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. La reestructuración de la deuda en 2005 y 2010, el NO al ALCA y la cancelación anticipada de los 9.500 millones de dólares adeudados al FMI en enero de 2006 permitieron recuperar márgenes de soberanía que no habíamos tenido de 1976 en adelante. De esta manera, el Estado argentino dejó de tributar a Washington y pudo orientar los recursos del país a darle una verdadera Década Ganada a su pueblo. Argentina para los argentinos.

Frente al endeudamiento criminal de Macri y Milei, que volvieron a colocar al FMI en el centro de la política argentina, recuperar la soberanía perdida exige discutir con firmeza una vez más qué hacemos con nuestra riqueza y qué intereses debe priorizar el Estado. Pero la soberanía no se agota en la deuda. También se juega en la defensa del territorio, en el control de nuestros bienes naturales y en la capacidad de desarrollar tecnología propia frente a las grandes corporaciones extranjeras. El kirchnerismo fue la mayor experiencia de soberanía de las últimas décadas no solamente porque desendeudó al país sino, además, porque sancionó la Ley de Tierras, repatrió Aerolíneas Argentinas e YPF, lanzó satélites al espacio con ARSAT y volvió a reclamar con fuerza en todos los foros internacionales por nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, frente a una usurpación colonial que busca apropiarse de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos, así como del dominio del Atlántico Sur y el acceso a la Antártida.

Hace 181 años desplegamos cadenas sobre el río Paraná para impedir que las potencias decidieran por nosotros. Hoy las escuadras son otras, más sofisticadas incluso; pero la batalla sigue siendo la misma. Contra el endeudamiento que busca someternos, contra las banderas del “libre comercio” que devastan nuestra producción y saquean nuestras tierras, contra la búsqueda de partir en mil pedazos la Patria para rematar los restos. Defender la soberanía contra el RIGI, contra el FMI, contra los grandes poderes económicos. Habrá que desplegar los cañones y las cadenas que hagan falta para afrontar las nuevas gestas a las que nos sigue convocando Cristina y las que nuestro pueblo necesita para volver a vivir los días felices que merece.