Derechos Humanos

Violencia Institucional, una deuda de la democracia

Como militantes políticxs de esta organización nos guía el camino trazado por las madres, las abuelas, lxs hijxs y familiares de detenidxs y desaparecidxs, que no han cesado en organizarse y en luchar por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Que desde su ejemplo digno han logrado construir conciencia en nuestra sociedad sobre la importancia del respeto irrestricto a estos derechos, que se ha convertido en un pilar de nuestra democracia.

Nuestra militancia tiene un objetivo central que es fortalecer esa democracia, desde la participación y organización popular, construyendo igualdad y justicia social. Y sabemos que mientras existan casos de violencia institucional ejercidos por las fuerzas policiales, de seguridad y el servicio penitenciario esa democracia no será plena.

Por eso tenemos la convicción de apoyar y militar el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional impulsado por nuestra compañera y diputada nacional, Paula Penacca, junto a los compañeros y diputados, Hugo Yasky y Leonardo Groso. Va a constituir una herramienta clave para construir una política de Estado que erradique la violencia institucional.

La iniciativa se presentó en un acto virtual donde también participaron diputados nacionales, tanto del Frente de Todos como de otros bloques, legisladores de la Ciudad, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el miembro de la CIDH, Eugenio Zaffaroni, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigos, miembros del poder ejecutivo, referentes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, familiares y abogados de víctimas de la violencia institucional.

El texto del proyecto señala que el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. Además, se propone establecer reglas claras para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, que contemplen los tratados y compromisos internacionales, que guíen su accionar profundizando la profesionalización del personal de seguridad y evitando que queden sujetos al temperamento de las autoridades políticas de turno. 

La ley también indica pautas concretas de acción frente a las denuncias con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz; asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Durante la presentación, Paula Penacca señaló: “El respeto a los derechos humanos es uno de los consensos más grandes que tenemos como sociedad. Este proyecto de Ley tiene por objetivo transformar ese consenso en una política de Estado y que el accionar de las fuerzas policiales no dependa del temperamento del funcionario de turno. ” y agregó que “desde el Bloque del Frente de Todos y otros bloques hemos elaborado colectivamente este proyecto durante todo el último año. Esperamos contar con la participación de todas las fuerzas políticas, también las de la oposición a nuestro gobierno. Creemos que, además, sería muy sano para que todos y todas tengamos coherencia entre nuestros discursos y las cosas que hacemos. Ese mensaje contundente tiene que ser que el Estado no va a tolerar más violaciones a los Derechos Humanos y no va a tolerar más Violencia Institucional ejercidas por las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y del servicio penitenciario”.

Hugo Yasky mencionó: “Con este proyecto buscamos revertir parte de los efectos del discurso del odio que naturaliza tanto la represión a la protesta social como la criminalización de la pobreza que se intenta mostrar en algunos medios como atributo de autoridad. También aspiramos a terminar con esa doble vara de los portavoces del autoritarismo que promueve la asimetría con que actúan las fuerzas de seguridad según el color de piel de quien eventualmente ejerce su derecho al reclamo. Es necesario incorporar a la formación de las fuerzas de seguridad materias vinculadas a los derechos humanos y de la ciudadanía y, en definitiva, contribuir a su creciente profesionalización”.

El otro autor del proyecto, Leonardo Grosso, remarcó que: “Esta Ley viene a plantear un reconocimiento público y político del problema de la violencia institucional, que no es una bandera coyuntural ni un elemento para tirar dentro de la “grieta”. Venimos a hacernos cargo de que existe, no tenemos doble vara. Es por eso que necesitamos abrir una discusión seria para solucionar esta deuda de la democracia, que se lleva la vida de argentinos y argentinas”

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, también se manifestó a favor de la iniciativa del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Nosotros como proyecto político creemos que las instituciones policiales necesitan políticas concretas contra la violencia institucional. Cuando hay reglas y normativas claras, es muy difícil que las fuerzas puedan correrse de eso, independientemente de la conducción política de turno”.

El camino para seguir protegiendo la vida de nuestro pueblo es la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Y el proyecto presentado por el bloque de Diputados y Diputadas del Frente de Todos va en ese sentido: es el Estado el que tiene que construir herramientas para terminar con la violencia institucional y esta propuesta responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública. Paradójicamente vemos cómo la fuerza política que gobernó durante cuatros años a base de discursos de odio, legitimando y alentando el abuso policial, hoy hace bandera de los derechos humanos con fines electoralistas, desestabilizadores y marketineros. 

Por eso reafirmamos, una vez más, que nosotrxs no estamos en el negocio de la política sino en la transformación de la Patria.

Buenos Aires
Las paredes bonaerenses amanecieron pintadas con los nombres de los dos primeros precandidatos a diputado y diputada nacional por el distrito: Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Horas más tarde, en Escobar, la lista de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires fue lanzada oficialmente por el presidente y la vice, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y quien preside la Cámara Baja, Sergio Tomás Massa.
Polí­tica
La Justicia confirmó lo que ya sabíamos: el Programa Qunita no tuvo sobreprecios ni hubo un direccionamiento en su licitación, los elementos del kit eran seguros y, lo más importante, evitaba la muerte de las y los bebés más humildes de nuestra Patria, garantizando un comienzo de vida equitativo. El perjuicio fue hacia las miles de familias que durante estos años estuvieron privadas de recibirlo por decisión del macrismo y del conglomerado mediático judicial cómplice.