La intención es clara, condicionar al único organismo internacional que ha denunciado abiertamente la persecución política, la destrucción del Estado de Derecho y la supresión de todas las garantías procesales en los gobiernos neoliberales de los últimos 5 años.
El 15 de agosto de 2020, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, comunicó a la CIDH su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivoˮ de la Comisión; lo que en la práctica se traduce en una negativa a extender el mandato del Secretario Ejecutivo Paulo Abrí£o, en contra de la voluntad unánime de los representantes de los países que integran la CIDH, violando la autonomía e independencia de dicha Comisión.
Almagro fundamenta su accionar en la decena de denuncias que ha recibido Abrí£o por parte del gobierno de facto boliviano, donde se lo denuncia a partir de los pronunciamientos de la CIDH sobre el golpe de estado en Bolivia, la persecución política y la violencia institucional que lleva adelante el gobierno de facto de Añez.
Esta acción parece responder a la idea de tomar el único organismo que goza de mediana credibilidad, luego de la evidente manipulación de las misiones de observación electoral de la OEA. La CIDH en los últimos años ha sido el único espacio donde los organismos de derechos humanos han podido encontrar oídos para sus denuncias y a partir de ahí ejercer algún tipo de presión a los gobiernos autoritarios para la defensa del derecho de los individuos perseguidos. En el caso de Milagro Sala en nuestro país, pero también a partir de las protestas sociales de octubre del 2019, la CIDH fue quien escuchó a las víctimas de la represión en Chile, Ecuador y en la propia Bolivia luego del golpe.
Este intento de usurpación de la secretaría ejecutiva de la CIDH evidencia una lucha dentro de la OEA. La CIDH es un instrumento que históricamente ha sido clave para la denuncia contra los golpes de Estado en el Cono Sur. Almagro lanza esta ofensiva contra la CIDH para distraer las denuncias sobre su propio rol en las elecciones bolivianas del año pasado. Hoy sabemos, según la denuncia del CEPR (Center for Economic and Policy Research), que ha habido un “errorˮ garrafal en el análisis de esta Organización sobre las elecciones bolivianas del 2019.
Las próximas elecciones en Bolivia y Ecuador, dos de los procesos más cuestionados en materia de garantías democráticas electorales, abren la necesidad de mirar lo que está pasando sobre la CIDH.
Por esto, como dice el compañero ex-Canciller y actual senador nacional Jorge Taiana, “Luis Almagro ahora busca lo que no pudieron las dictaduras: destruir la autonomía de la CIDHˮ. Lo que Taiana expresa va en el mismo sentido que las denuncias sobre las irregularidades de la elección de Almagro frente a la OEA.
Pese a todos estos desagradables sucesos que limitan y acotan la expresión de voluntad de los pueblos latinoamericanos, y teniendo en cuenta todas las limitaciones y objeciones que se han planteado sobre su tibieza en referencia a los sucesos de violencia que se vivieron y se siguen viviendo en Bolivia, Chile y Ecuador, la CIDH es una de las pocas herramientas que aún pueden ser empleadas para tratar de mitigar la ofensiva sobre los sectores populares.
