Sociedad

Yo te conozco

Haciendo un poco de arqueología publicitaria dimos con varios de los folletos que semana a semana las empresas de consumo masivo distribuyen en sus locales para difundir las supuestas promociones y descuentos con los que buscan atraer una clientela cada vez más esquiva. Más por necesidad que por incredulidad: ya no nos alcanza la guita para apreciar las “ofertas” que tienen en las góndolas estos corsarios de la alimentación.

Una rápida repasada por las páginas de la revista que elegimos al azar (son todas más o menos igual de sorprendentes) nos obligó a comparar los precios allí publicados con los actuales que figuran en la web de Coto. Ahí encontramos aumentos que están por encima del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC, con lo cual no es difícil inferir que algunos vivos están haciendo una buena diferencia, merced a una inflación que ya de por sí es una estafa.

El kilo de Blancaflor a $9,99; el kilo de yerba Unión a $42,99; los tres paquetes chicos de Oreo a $27,39 y el kilo de bola de lomo a $79,90 parecen precios salidos del Ten Years Challenge (Desafío de los diez años), pero pasaron apenas tres. De macrismo puro y duro, eso sí.

Más de cuatrocientos por ciento en harina, trescientos cuarenta por ciento en galletitas, ciento veinte por ciento en yerba mate y cien por cien en bola de lomo. Esos son los porcentajes que aumentaron algunos de los productos de la canasta básica en la cadena de supermercados propiedad de Alfredo Coto, el empresario macrista que el espacio que le sobra en sus depósitos para guardar armamento y municiones, sin que eso signifique delito alguno para el Poder Judicial.

¿Cómo fue eso? A fines de diciembre, la Sala I de la Cámara Federal compuesta por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dictó la falta de mérito para Coto y su hijo porque “dado el tamaño de la empresa que manejan, podían no estar al tanto de los temas vinculados con la seguridad comercial de la firma”. Se trata de los mismos jueces que han confirmado que Cristina Kirchner era “jefa de una asociación ilícita” porque según ellos debía estar al tanto de lo que sucedía en cada una de las áreas del Estado durante el gobierno que ella conducía. Doble vara que le dicen.

Ciudad de Buenos Aires
El pedido de informe, que lleva las firmas de Paula Penacca, Leandro Santoro, Victoria Montenegro y Carlos Tomada deberá ser contestado por el Gobierno Porteño dentro de los próximos 30 días.
Derechos Humanos
El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Se vivía un nuevo tiempo en el que la pelea, al principio solitaria, de los organismos de derechos humanos en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia se transformaba en políticas de Estado.