La iniciativa permitió revertir el proceso neoliberal de los 90ˮ™, el cual privatizó el sistema previsional argentino dando origen a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Estas administradoras generaron negocios millonarios a los bancos a partir del cobro de altas comisiones, causando grandes pérdidas en los fondos previsionales. Hasta la sanción de la ley, las AFJP se quedaban con un 2,5% de los aportes de los trabajadores y trabajadoras en concepto de comisiones. A partir de la estatización, se dejaron de cobrar dichas comisiones, representando un ahorro millonario.
Con el paquete accionario de las ex AFJP, se conformó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES a través del cual se financian actividades productivas con fines sociales. Este Fondo se encuentra en riesgo a partir de la ley de reparación histórica que flexibiliza su uso y de un decreto presidencial que permite la privatización de su administración a través de fideicomisos privados sin regulación alguna. Cuando terminó su mandato Cristina Kirchner, el FGS tenía 66 mil millones de dólares, hoy posee menos de 40 mil millones de dólares.
Del este modo, la recuperación de los aportes y contribuciones de la seguridad social permitió financiar el plan de inclusión previsional, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la movilidad jubilatoria, el PRO.CRE.AR. Bicentenario, el Progresar, el Conectar Igualdad, entre otros programas de ampliación de derechos a los más vulnerados; incentivando a su vez la cadena de consumo. Hoy todos estos derechos están siendo avasallados por parte del gobierno nacional.
La Ley 26.425 de Estatización de las AFJP permitió incluir a 3,7 millones de personas que estaban excluidas del sistema jubilatorio, pasando la cobertura previsional del 66% al 97%; siendo la más alta de América Latina. Con el fin de la moratoria, el número de nuevos jubilados cayó un 50% en dos años. La misma fue reemplazada por la Pensión Universal por Adulto Mayor, la cual presenta más trabas de acceso y haberes reducidos; aumentando la brecha entre quienes pudieron realizar sus aportes y quienes no; afectando fundamentalmente a las mujeres quienes representan un 86% de esas nuevas jubilaciones.
La Ley de movilidad jubilatoria, otorgaba a jubilados, pensionados y titulares de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo dos aumentos anuales en función de la evolución de la economía; logrando que nuestro país tenga el haber jubilatorio mínimo más alto de la región. El gobierno modificó esta fórmula generando que los jubilados y jubiladas pierdan un haber y medio respecto del cálculo anterior.
A partir de la creación de la Asignación Universal por Hijo, 700 mil niños, niñas y adolescentes pudieron salir de la pobreza y 581 mil, de la indigencia. De estos, el 62% nunca había recibido un beneficio social nacional. La AUH es una política integral que lejos de ser un plan asistencialista, contiene como contraprestación hacia las familias que los niños, niñas y adolescentes deben realizarse controles de salud, tener su calendario de vacunación al día y cumplir con la regularidad en la escolarización; permitiendo aumentar la matrícula educativa y mejorar los indicadores sanitarios. Desde que asumió Mauricio Macri, los titulares de AUH sufren una pérdida absoluta de su poder adquisitivo a causa de la crisis económica; a la par que la reforma previsional recortó estos ingresos.
El Programa Conectar Igualdad entregó a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas, establecimientos de educación especial e institutos de formación docente de todo el país, 5 millones de netbooks. El gobierno de Mauricio Macri dejó de otorgar esta herramienta fundamental, acrecentando la brecha digital en los jóvenes, limitando su desarrollo y su futura inserción en el mundo laboral.
El Progresar, por su parte, hasta el año 2015 otorgaba una ayuda económica a 1.200.000 jóvenes de entre 18 y 24 años sin trabajo, con uno informal o con un salario menor al mínimo; para que de este modo puedan completar la escolaridad obligatoria y/o acceder a la educación superior u otras experiencias de formación. Para 2019 el gobierno prevé otorgar este derecho a 505 mil jóvenes, marcando una eliminación progresiva de este programa.
El programa de Créditos PRO.CRE.AR. Bicentenario permitió ampliar la política nacional de vivienda, fundamentalmente en los sectores medios. Desde su lanzamiento en el 2012 hasta el 2015, se entregaron 200 mil créditos.
El sistema de reparto público y solidario es una de las conquistas más arraigadas en nuestra sociedad. No sorprende, por consiguiente, que el pueblo movilizado lo defienda en la calle ante cada ataque del gobierno nacional.
