Esto generó un clima de tensión en el salón Perón de la Legislatura porteña, poniendo en evidencia el fracaso polí­tico del proceso de re-urbanización, debido a la falta de consenso con el barrio, la ausencia de información y los desalojos forzosos llevados adelante por la Secretarí­a de Integración Social y Urbana. También se revivieron las amenazas y agresiones fí­sicas y verbales, que se vení­an sufriendo en el barrio y que se trasladaron a la legislatura orientadas a los vecinos y vecinas que se manifestaron en contra del proyecto de Larreta.

Durante la reunión, lxs vecinos destacaron que no se ha realizado un relevamiento censal definitivo por lo tanto no se sabe cuántas viviendas nuevas se necesitan para garantizar una solución habitacional definitiva a lxs inquilinxs y tampoco se contemplan   los casos de hacinamiento y desgloces familiares.

Además denunciaron la inexistencia de un proyecto urbano integral,  lo que no permite determinar la cantidad de familias que deben relocalizarse por apertura de calles, ni dónde se van a construir las viviendas donde se relocalizaran.

Este proyecto del ejecutivo pretende cobrarle la tierra a sus legí­timos poseedores sin determinar el precio del metro cuadrado y permite la compra de la vivienda abonando tres veces el valor de la hipoteca, desafectando el uso de vivienda única. Estas medidas no garantizan el arraigo de lxs habitantes del barrio y fomenta un proceso de gentrificación a mediano plazo.

De avanzar sin modificaciones, implicarí­a  una violación a la Ley 3343 y el estatuto del barrio, ya que el gobierno elaboró un proyecto sin convocar a la Mesa de Gestión Multidisciplinaria y Participativa conforme exige la ley 3343 en su artí­culo 5º, a la cual le atribuye la planificación e implementación del proyecto de urbanización, con participación de lxs representantes y  vecinxs del barrio. Asimismo al aprobar por resolución 128/2018 el protocolo de relocalización, se incumple el articulo 9 ª de dicha Ley que prohí­be realizar desalojos forzosos. Tampoco respeta el Estatuto creado por el barrio y el Juez Gallardo en 2010,  en el que en su articulo 8 ª inc. 2 establece la obligación de mayorí­a calificada(2/3) para las decisiones que afecten a la totalidad del barrio.

El proyecto de ley, que no contó con el apoyo del barrio, ya fue presentado unilateralmente con la firma de Martí­n Mura (Ministro de Economí­a y Finanzas GCBA), Franco Moccia (Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte) y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta.