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Créditos UVA: una estafa anunciada, un Estado ausente

Se realizó un encuentro entre diputados y diputadas del Congreso de la Nación, periodistas, académicos y representantes del conjunto de deudores hipotecarios bajo la modalidad de préstamo hipotecario U.V.A.
por La Cámpora
13 sep 2018
Los préstamos U.V.A. fueron inicialmente concebidos por parte del oficialismo como una forma de adquisición de vivienda para sectores de la sociedad que se encontraban alquilando aunque en muchas ocasiones con un pequeño capital ahorrado y un salario medio que podí­a afrontar (en sus inicios) un esfuerzo para lograr hacerse de una primera vivienda propia.  La modalidad de la deuda contraí­da con el banco indica que el que accede a dicho préstamo le debe al banco otorgante una suma de dinero que se calcula en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja el í­ndice de precios al consumidor. En otras palabras, los tomadores de créditos U.V.A ´s reciben del banco una determinada cantidad de U.V.A. ´s que además de tener un interés propio del banco, varí­an su valor en relación directa con la inflación. Aún cuando existen cláusulas que indican que la cuota a pagar no puede superar un determinado porcentaje del salario de aquel que recibió el préstamo y que en tal caso se renegocian los plazos de pago, capital e intereses, en los hechos el desfasaje entre salarios e inflación es tal que la deuda se torna impagable en su monto y eterna en sus plazos (en muchos casos de por vida). El sistema tal cual está planteado para eventualidades nada extrañas en la Argentina como los procesos inflacionarios y la supuesta “recetaˮ de la renegociación de la deuda hipotecaria que mencionamos, en palabras del Diputado Axel Kicillof, rosa el concepto de lo “cí­nicoˮ. Un sistema “complejoˮ en su desarrollo, difí­cil de “explicarˮ cabalmente, y sobre todo cuando está relacionado al sistema financiero las más de las veces esconde una estafa. Y esto fue advertido oportunamente por diputados, diputadas y distintos referentes polí­ticos de la oposición, en particular de aquellos pertenecientes a nuestra organización. Aunque inicialmente frente a la demanda habitacional creciente por parte de ciertos sectores asalariados esta modalidad de crédito pudo representar la concreción de un sueño largamente anhelado, y se calcula que en la actualidad hay alrededor de 130 mil créditos otorgados por cientos de millones de dólares la realidad del desmanejo en la economí­a nacional en favor del modelo de acumulación financiera hizo que las cuotas se tornen impagables y con un pronóstico que lejos de mejorar empeora las perspectivas de mediano plazo con estimaciones “optimistasˮ de una inflación del 42% y otras como las del CitiBank que la ubican alrededor del 50%. Lógicamente, frente a un modelo de acumulación financiera, endeudamiento y fuga de capitales que trajo consigo una feroz devaluación a la que se le suma la baja del poder adquisitivo (tanto por la inflación como por el freno a las paritarias) la situación se torna desesperante para aquellos compatriotas que de buena fe optaron por tomar un crédito con el sólo propósito de hacer concreto un derecho consagrado en nuestra Constitución:el del acceso de una vivienda digna. La ausencia deliberada del Estado en la regulación financiera de este tipo de créditos hipotecarios es la misma ausencia “con avisoˮ que demuestra en otros ámbitos de la economí­a como la libre entrada y salida de capitales que dispara una devaluación y con ella un proceso inflacionario. ¿Puede acaso un tomador de crédito hipotecario tener que evaluar la situación de equilibrio de poder en Asia Menor y con ello prever la devaluación de la lira turca, y de la mano de ella, la devaluación del peso argentino y el aumento de la inflación? Evidentemente es responsabilidad del Estado proteger al deudor que aún queriendo cumplir con sus obligaciones  ve cómo todo el riesgo financiero local y global tiene que salir de su bolsillo. Esta “aperturaˮ al mundo no es más que la consolidación del negocio de unos pocos. Frente a esta situación    han surgido propuestas legislativas de urgencia como las de (entre otros) la del compañero diputado Máximo Kirchner intentando proteger a todos aquellos compatriotas que habiendo señado una propiedad por los efectos de la devaluación al momento de concretar la operación perdieron esa seña. Otras como la del diputado Andrés Larroque que frente a una clara recesión económica y un esperado aumento del desempleo dan soluciones a aquellos deudores que pierdan su puesto de trabajo y con ello la manera de pagar su crédito. En todos los casos la situación amerita una respuesta integral que modifique la exposición de más de 100 mil familias al riesgo de perder su vivienda y una reestructuración del sistema. Esa respuesta sólo puede provenir de un Estado activo orientado al combate del déficit habitacional en todas las franjas sociales, capaz a su vez en esa misma acción de incrementar el empleo, el salario real e interviniendo él mismo en ese proceso en detrimento de la intervención de la banca y la especulación inmobiliaria. Es preciso, en definitiva y con premura, un Estado democrático al servicio del pueblo.
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