El ajuste no cierra sin represión y este gobierno tiene el mandato claro del FMI de ajustar, cueste lo que cueste, para así­ poder seguir sosteniendo el nivel de endeudamiento que permite redistribuir de manera negativa los ingresos, quitando impuestos a los dueños del capital, es decir a ellos mismos, sus amigos, su familia y sus testaferros. Para ellos, los números deben cerrar con la gente afuera.

La escalada de violencia que tuvo su punto cúlmine el dí­a de ayer, fue una crónica anunciada. En la comisión del dí­a martes en la que se dio dictamen para el tratamiento del proyecto de reforma previsional, el personal de seguridad de la Cámara de Diputados ejerció su violencia hacia jubilados y jubiladas que querí­an expresar su disconformidad ante el brutal ajuste que los afectarí­a a ellos de forma directa e inmediata y a todos y todas en segundo plano. El miércoles, organizaciones sociales se movilizaron para manifestar su rechazo a la norma y fueron reprimidos tanto militantes de base como diputados y diputadas nacionales tales que habí­an acudido al lugar alertados por la violencia policial. Al diputado Leonardo Grosso le pegaron un balazo de goma en su pecho, a la diputada Victoria Donda le arrojaron perros entrenados, lastimándola, y a su colega Mayra Mendoza le pegaron policí­as federales hombres. La paz social ya era sólo un recuerdo. Pero el punto de máxima violencia institucional llegó en el dí­a de ayer, cuando minutos antes de la hora en que las organizaciones sociales, polí­ticas y sindicales convocaran a concentrar en los alrededores del Congreso, comenzaron a arrojar gases lacrimógenos desde adentro del propio recinto a toda la ciudadaní­a que se manifestaba. Generaron, de ese modo, que las organizaciones se dispersaran, muchos se fueran de la zona y otros reconcentraran en los alrededores. Así­, evitaron la foto de intentar sancionar una ley contra la voluntad del pueblo organizado.

En paralelo, diputadas y diputados, con su carnet de legisladores en mano, eran brutalmente reprimidos llegando a la hospitalización de algunos compañeros y compañeras. Matí­as Rodrí­guez, quedó inconsciente y Mayra Mendoza recibió de lleno en la cara gas pimienta, debiendo ser atendida en la enfermerí­a de la Cámara. Por nombrar sólo algunos de los hechos que quedarán como marcas negras de nuestra historia, acontecimientos nunca antes visto en los 34 años de democracia.
De este modo era imposible sesionar y eso se le exigió al presidente de la cámara que desoí­a el pedido. Buscaron un falso quórum, intentaron demonizar a la oposición acusándola de violenta y terminaron levantando una sesión que era de plano ilegal e ilegí­tima.

Pero no todo es sombrí­o. Si bien lo vivido ayer en el Congreso nos trajo recuerdos de escenas vividas a fines de diciembre de 2001, si bien esas corridas, esos palazos, esas balas y esos olores nos retrotraen a épocas oscuras, no es lo mismo. Hoy hay una diferencia fundamental marcada por 12 años de un gobierno que amplió derechos y promovió la participación polí­tica. Hay un pueblo que no está dispuesto a resignar esos derechos adquiridos sin dar batalla. Hay una dirigencia que decidió el camino de la unidad como única y real alternativa para frenar el ajuste. No fue un tweet ni la definición polí­tica de una diputada oficialista. Fue el pueblo en la calle con una representación polí­tica en la Cámara y un sindicalismo combativo.

Debemos, entonces, revalorizar la importancia de la movilización, redoblar esfuerzos, salir a buscar a quien por miedo o angustia se quedó en la casa, mostrarle que la lucha no es en vano y que todos unidos, más temprano que tarde, triunfaremos.