El proyecto busca que su constitución esté conformada en un 60% por organizaciones de la sociedad civil, 20% trabajadores de la salud y 20% Estado (provincial o municipal, según el consejo). Para que sea lo más representativo posible de las problemáticas de los barrios se va a invitar a los municipios a que creen un consejo en cada establecimiento de salud de su jurisdicción, y para eso se va a proponer un incentivo por coparticipación.
Se espera que el proyecto sea debatido y que se analice la posibilidad de llevarlo a cabo como una ley necesaria para un acceso democrático al derecho a la salud.
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