La industria alimentaria no se salva de la crisis
Desde que asumió Mauricio Macri, se destruyeron 137.000 puestos de trabajo registrados en la industria, unos 3.500 por mes. Un verdadero industricidio. En el caso de los alimentos y bebidas, a pesar de ser bienes imposibles de sustituir o resignar; su producción cayó un 7,7% en el último año, según reveló un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda.
por
La Cámpora
23 may 2019
Desde diciembre de 2015, la fábrica de panificados Alijor de Garín, provincia de Buenos Aires, despidió 80 trabajadores y trabajadoras, pasando de 320 a 240 empleados. La desvinculación de los últimos 12 obreros a comienzos del mes en curso, desencadenó un conflicto gremial a causa del incumplimiento del acuerdo de pago de sus indemnizaciones. Asimismo, los trabajadores denuncian persecución, hostigamiento y prácticas antisindicales.
Benjamín Biderman, dueño de la empresa familiar fundada en 1989, definió cerrar la fábrica el día martes y bloquear el ingreso mediante los autos de los otros directivos de la firma, impidiendo de ese modo la entrada del conjunto del personal. Ante esta situación, los trabajadores comenzaron una toma pacífica de las instalaciones y denunciaron un lockout patronal, a causa de que los trabajadores querían desempeñar sus funciones y los dueños paralizaron la producción sin motivo alguno. El gremio de Alimentación, en consecuencia, formuló las denuncias pertinentes. Luego de una reunión en la Secretaría de Trabajo, se llegó a un acuerdo por el cual no se reincorporó a ninguno de los despedidos, pero se logró que Alijor les pague el 100% de la indemnización en tres cuotas.
En este contexto, un trabajador de la fábrica falleció de un infarto. Si bien no formaba parte de los despedidos ni se encontraba en la medida de fuerza, es imposible dejar de asociar su muerte con la aplicación de políticas neoliberales y el consecuente maltrato hacia los operarios.
En la actualidad, Alijor es una de las empresas líderes del rubro en el mercado local. Tiene una producción mensual promedio de un millón ochocientos mil panes, un millón de tapas de empanadas y tartas y doscientos mil kilos de pastas; tanto en su marca propia como de La Salteña y para la cadena patagónica de supermercados La Anónima (de la familia del secretario de Política Económica de la Nación Miguel Braun).
Del mismo modo, en San Rafael, Mendoza, la conservera La Colina tiene su producción paralizada y desde el directorio no dan respuestas a los 800 trabajadores y trabajadoras que están denunciando el inminente cierre de la planta. La empresa se encuentra concursada y presenta muchas posibilidades de quiebra a causa de no poder hacer frente a los pagos y compromisos asumidos.
En la misma provincia, a comienzos del mes se dio el cierre de La Campagnola, perteneciente a Arcor. A sus 125 empleados se les ofreció o bien relocalizarse en San Luis o bien aceptar el despido con el correspondiente pago de las indemnizaciones. Desde la conducción de la empresa, justificaron la situación en la crisis que atraviesa el sector con motivo de los altos costos de producción, el incremento de las importaciones y la caída generalizada de consumo.
La situación crítica de la industria alimentaria se enmarca en el contexto recesivo general desencadenado por las políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri. Es necesario recuperar el camino de la producción, el trabajo y el consumo. Un camino de crecimiento con inclusión social, donde el acceso a alimentos y a un trabajo digno, no sean un lujo sino un derecho. Es necesario reconstruir un proyecto de país para todos y todas.
