La electromovilidad como ventana de oportunidad

“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”, Arturo Jauretche.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es el Título VIII de un total de diez grandes apartados que integran los 232 Artículos del Proyecto de Ley Bases, aprobado en la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril. En pocas palabras, el RIGI plantea una desmesurada cantidad de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros, jurídicos, con vigencia de treinta años, a aquellos capitales extranjeros que inviertan más de doscientos millones de dólares. La gravedad de este régimen reside en la orientación meramente extractivista-reprimarizante del mismo y su irrevocabilidad en el largo plazo.

A veces cuesta bajar a tierra las implicancias materiales de la pérdida de soberanía y el deterioro de las capacidades nacionales, tanto en términos presentes como en relación al desvanecimiento de oportunidades futuras y potencialidades. En dicho sentido, el caso de la electromovilidad en concreto es útil para integrar discusiones respecto a nuestros recursos naturales, el impacto socio ambiental de su extracción, la autonomía para decidir sobre sus usos y destinos. 

Es decir, si la tenencia de los mismos nos sitúa como una economía de enclave a la vieja usanza colonial o si optamos por agregarles valor en función de nuestras capacidades tecno-productivas. De forma más amplia y prospectiva: cómo nos posicionamos a nivel regional e internacional de cara a las nuevas tendencias globales, las ventanas de oportunidad que se nos presentan y el costo de no aprovecharlas. 

El tema de la electromovilidad, en particular, nos remite a una posibilidad de la cual pocos países en el mundo gozan, vinculada a la disponibilidad de un recurso estratégico, como lo es el litio, y una industria automotriz consolidada y condiciones para la generación de tecnología propia que articule estos dos eslabones. 

Argentina posee una de las mayores reservas de litio del mundo (19,1%), geográficamente ubicadas en la región del NOA, dentro del llamado triángulo del litio conformado también por Chile (16%) y Bolivia (19,1%). O sea, entre los tres países se encuentran el 54,2% de las reservas mundiales, algo que también implica un alto nivel de conflictividad. Es importante destacar que, en el caso de Argentina, a diferencia de nuestros dos países vecinos, el litio aun no tiene figura legal como recurso estratégico.

¿Cuál es la relevancia estratégica de este mineral? Junto con el cobre, ambos son elementos críticos para la transición energética a partir de la generación de energía limpia, en paulatina sustitución del uso de hidrocarburos (petróleo, gas, carbón), cuya combustión en el transporte y otros procesos energéticos conlleva la emisión de CO2 (dióxido de carbono), el principal gas de efecto invernadero. El ejemplo más concreto y tangible, en este sentido, es la utilización del mineral para la fabricación de baterías, base fundamental para el venidero paradigma de la electromovilidad y el abandono de los combustibles fósiles en el conjunto de las actividades económicas, en especial el transporte.

Por otro lado, nuestro país ostenta una larga tradición de más de un siglo en la producción automotriz. A pesar de haber transitado largos periodos de deterioro industrial, en la actualidad, Argentina se ubica en la vigesimotercera posición en términos de unidades producidas entre las 49 naciones con industrias automotrices del mundo y tercera a nivel regional, por detrás de Brasil y México, empleando cerca de 17.000 personas (en 2013 llegó a emplear más de 35.000). Es decir, existen en el país capacidades tecnológicas y productivas para la fabricación de bienes finales y componentes intermedios que nutren a esta industria como un todo.

Nos encontramos, de esa forma, frente a una ventana de oportunidad que nos permite integrar un recurso del cual disponemos, y es altamente demandado a nivel global para la transición energética, con nuestro entramado industrial, mediante la agregación de valor y creación de nuevos puestos de trabajo. El aprovechamiento de esta posibilidad, de ser abordada en el marco de una política industrial integral, contribuiría además a la corrección de deficiencias estructurales que el sector automotriz argentino posee como, por ejemplo, la concentración de la producción en un puñado de conglomerados extranjeros y el recurrente déficit comercial a nivel sectorial.

En 2021, el Estado argentino se propuso invertir en la generación de nuevas capacidades tecnológicas que nos permitan fabricar, a nivel local, celdas y baterías de litio para evitar así la exportación en crudo del recurso y la posterior importación del mismo en forma de bienes finales Por un lado, tirando a la cancha dos actores de gran protagonismo en estos días: YPF y las Universidades Públicas. Y por el otro, fomentando y orientando financiamiento a PyMES nacionales con iniciativas en electromovilidad, como por ejemplo son Volt, ubicada en la Provincia de Córdoba y Coradir, de San Luis. Sumado a esto, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) asumió un papel clave en la generación de certificaciones de calidad, verificación de requisitos de seguridad y demás homologaciones.

En ese marco, surgió el proyecto para la construcción de UniLib, la primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de ion litio, construida conjuntamente entre Y-TEC (la empresa tecnológica surgida de la asociación entre YPF y CONICET en 2012) y la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Con una inversión de siete millones de dólares, se montó en Berisso la fábrica, cuya producción de baterías de litio sería destinada a abastecer a comunidades rurales que no tienen energía eléctrica, la fabricación de celdas y baterías para equipos de comunicación, radares y drones de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, para abastecer el mercado nacional de vehículos eléctricos.

Estaba todo programado para su puesta en marcha, en enero de 2024, pero la misma quedó paralizada en diciembre pasado tras la asunción de Milei, desmantelando así una importante oportunidad de cara al futuro más inmediato.

De esa forma, si bien existe la necesidad de profundizar la discusión sobre el uso y criterios de extracción de nuestros recursos, sus implicancias ecológicas y sociales, así como en relación a la matriz industrial que queremos o necesitamos para el desarrollo nacional; la imposición del modelo meramente extractivista que implicaría la aprobación del RIGI en el Senado inhabilita totalmente ambas discusiones. Primero, por el lado de la pérdida de soberanía y capacidad de decisión respecto a nuestros recursos naturales. Y segundo, por la profundización del industricidio que opera desde la aplicación del DNU 70/23 (histórica caída del 21,2% de la industria a nivel general, respecto a marzo de 2023) y la destrucción del potencial tecnológico-productivo que todavía nos queda. Habrá que exigirle al Senado, con el mayor de los ímpetus, que no hipoteque el futuro de los y las argentinas.