Defender principios para defender a la Argentina

La invasión a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolas Maduro, por parte de Estados Unidos, marcaron un punto de quiebre en nuestra región. Como dijimos en nuestro comunicado del mismo 3 de enero: “Representan un peligro extremo para toda la región y responde a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela”.

Ante este acto de imperialismo explícito y violento, la respuesta del gobierno nacional argentino, que orienta Javier Milei, fue de un inmediato aval, una patética justificación y una repudiable celebración. Este alineamiento automático y sumiso no se trata de una posición coyuntural frente a un conflicto externo, sino de una ruptura profunda con una tradición diplomática que la Argentina construyó durante más de un siglo para defender su soberanía en un sistema internacional desigual. Al aceptar la intervención y el uso de la fuerza como mecanismos legítimos en la región, el gobierno renuncia a principios que fueron herramientas concretas de autonomía. Defender la no intervención, la igualdad jurídica entre los Estados y el rechazo a la coerción no es una postura ideológica: es una definición política en defensa del interés nacional.

A lo largo de su historia, la Argentina construyó una tradición diplomática basada en principios claros porque entendió algo fundamental: en un sistema internacional desigual, renunciar a ellos no trae beneficios, trae subordinación. La defensa de la soberanía nacional, la no injerencia, la igualdad jurídica entre los Estados, la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos fueron herramientas para ampliar la autonomía y proteger los intereses del pueblo argentino.

Cada vez que la Argentina abandonó su política exterior principista y optó por un alineamiento automático con tal o cual potencia, el resultado fue el mismo: pérdida de autonomía, condicionamientos externos y retrocesos económicos y sociales. Desde el absoluto pragmatismo podemos decir que alinearse con los poderosos nunca significó desarrollo para nuestro país, sino más bien lo contrario.

El gobierno de Javier Milei rompe de manera explícita con nuestra tradición histórica y entrega la política exterior a un alineamiento ideológico y acrítico, despreciando la integración regional y subordinando el interés nacional a agendas ajenas. Esto sería ilógico en cualquier circunstancia, pero en un mundo atravesado por la guerra, los conflictos entre potencias, las disputas por recursos naturales críticos, las catástrofes climáticas y la creciente inestabilidad geopolítica resulta directamente suicida.

Una tradición nacional de soberanía

Desde los orígenes del Estado nacional, la Argentina comprendió que no podía disputar poder material con las potencias centrales. Por eso construyó una política exterior basada en el derecho internacional y la no intervención como forma de limitar la coerción de los más fuertes. La Doctrina Calvo y, especialmente, la Doctrina Drago expresaron tempranamente esa estrategia.

Formulada en 1902 frente al bloqueo naval y los bombardeos a Venezuela por parte de potencias europeas para forzar el cobro de deudas externas, la Doctrina Drago partió de una lectura estructural del problema: lo ocurrido no era un hecho aislado, sino un precedente peligroso para toda América Latina. Luis María Drago, canciller de Julio Argentino Roca, entendió que aceptar la coerción armada como mecanismo de cobro equivalía a legitimar un orden internacional jerárquico, en el que los Estados endeudados quedaban permanentemente expuestos a la intervención y la pérdida de soberanía.

Desde esa perspectiva, la Argentina sostuvo que la deuda pública no puede dar lugar al uso de la fuerza ni a la ocupación territorial. El acreedor, al contratar con un Estado soberano, reconoce implícitamente su igualdad jurídica y la imposibilidad de ejecutar compulsivamente sus obligaciones sin vulnerar su propia existencia como sujeto de derecho internacional. La doctrina se apoyó así en tres principios centrales: la igualdad soberana de los Estados, la inadmisibilidad del uso de la fuerza para el cobro de deudas públicas y la no intervención como regla estructural del orden internacional.

Lejos de ser una posición retórica, la Doctrina Drago fue defendida por la Argentina en foros multilaterales y conferencias internacionales, y se consolidó como un antecedente relevante en la evolución del derecho internacional público. Para la política exterior argentina, la defensa del derecho no fue un gesto idealista, sino una forma concreta de proteger el interés nacional a largo plazo en un sistema internacional desigual.

Esa misma vocación soberana reapareció con el peronismo. Juan Domingo Perón planteó la Tercera Posición frente a la Guerra Fría: ni subordinación a Washington ni sometimiento a Moscú. El no alineamiento, la autodeterminación y la integración latinoamericana fueron herramientas para evitar que la Argentina se convirtiera en una pieza del tablero ajeno.

Tras la dictadura y la guerra de Malvinas, el gobierno de Raúl Alfonsín reconstruyó la política exterior sobre la base del multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, reafirmando la no intervención como condición para recuperar soberanía.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner retomaron y profundizaron esta tradición con decisiones concretas: se pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) para sacarlo de la mesa de decisiones, se rechazó el ALCA, se fortaleció la integración regional y se enfrentó al poder financiero internacional y a los fondos buitre. La Argentina recuperó voz propia y capacidad de decisión.

Esta historia explica por qué, para el peronismo y para todo proyecto nacional, defender principios en política exterior no es un gesto testimonial, sino una condición para la independencia política y la justicia social. Cada vez que la Argentina renunció a esa tradición y se alineó sin condiciones con las potencias, perdió soberanía y ganó dependencia. Cada vez que sostuvo una política exterior autónoma, fortaleció su capacidad de decidir su propio destino.

Alinearse no es desarrollarse

Una idea que reaparece cíclicamente en la política argentina es que el alineamiento con una potencia —especialmente con Estados Unidos o Europa— garantiza estabilidad, inversiones o crecimiento. La historia demuestra exactamente lo contrario. Cada uno de los grandes ciclos de endeudamiento, crisis y pérdida de soberanía estuvo asociado a momentos de alineamiento político, económico y financiero con las potencias o con los organismos que expresan sus intereses.

En la década de 1930, el alineamiento con el Reino Unido cristalizó un esquema de dependencia comercial y financiera que profundizó la primarización de la economía y limitó el desarrollo industrial. Durante la última dictadura cívico-militar, el alineamiento con Estados Unidos y Europa vino acompañado de una apertura financiera desregulada, un endeudamiento explosivo y la destrucción del aparato productivo, terminado dicho periodo con la Guerra de Malvinas, dejando una herida irreparable en nuestro pueblo y en nuestra soberanía.

En los años noventa, bajo la promesa de “volver al mundo”, el alineamiento automático con Washington y el consenso neoliberal derivó en privatizaciones, desindustrialización y una nueva ola de endeudamiento que culminó en la crisis de 2001.

¿Qué beneficios le ha traído a la Argentina el alineamiento acrítico que practicó el ex presidente Mauricio Macri o el sometimiento vergonzante que ejecuta Milei? A pesar de concesiones extraordinarias en el RIGI, la inversión extranjera directa sigue en pisos históricos, lejos de los picos que se verificaron durante los años de Cristina. El Producto Bruto Interno no crece, se destruye empleo y los ingresos se mantienen deprimidos.

En todos los casos, el alineamiento no nos convirtió en socios, nos convirtió en dependientes. Las potencias razonablemente defienden sus propios intereses, mientras la Argentina resigna capacidad de decisión y queda expuesta a los vaivenes del capital financiero y a las condicionalidades externas.

Aunque muchos vendan supuestos beneficios de encolumnarse detrás de una potencia, la subordinación nunca  es un atajo al desarrollo, sino un mecanismo para consolidar relaciones desiguales. El desarrollo requiere autonomía, capacidad de decisión y una política exterior que responda a un proyecto nacional, no a las prioridades de otros.

Deuda, coerción y soberanía

Desde la crisis de 1890 hasta las negociaciones con el FMI, la Argentina identificó una relación directa entre endeudamiento externo y pérdida de soberanía. La Doctrina Drago lo expresó con claridad temprana, la deuda no puede justificar la coerción ni la intervención sobre un Estado soberano. En el mundo contemporáneo, esa coerción ya no se ejerce solo con bloqueos militares, sino también a través de mecanismos financieros, jurídicos y políticos que buscan condicionar la capacidad de decisión de los Estados.

En las últimas décadas, el accionar del FMI se tradujo en condicionalidades permanentes, imposición de programas de ajuste, reformas estructurales y restricciones directas a la política económica, fiscal y social. Cada acuerdo implicó una cesión concreta de soberanía. Frente a ese esquema, la cancelación anticipada de la deuda en 2005, impulsada por Néstor Kirchner, fue una decisión estratégica para recuperar márgenes reales de autonomía para definir un proyecto de desarrollo propio.

Esa misma política soberana se profundizó durante los gobiernos de Cristina, especialmente en la confrontación con los fondos buitre. Lejos de retroceder, la Argentina llevó esa pelea al plano internacional y avanzó en las Naciones Unidas en la construcción de principios para la reestructuración de deudas soberanas.

Una posición vigente frente al mundo actual

En un contexto global marcado por guerras, sanciones económicas, disputas por recursos estratégicos y crecientes presiones sobre los países del Sur, sostener los principios de no injerencia y soberanía no es una consigna abstracta, es una necesidad concreta de supervivencia política y económica. Es quizás nuestra única forma de sobrevivir como nación soberana. En un mundo atravesado por bloques de poder y por una competencia cada vez más dura entre potencias, los países que renuncien a su autonomía quedarán reducidos a simples piezas de estrategias ajenas, entregando los recursos, bienes y hasta territorios que les exijan a cambio de casi nada En este contexto más que nunca, la soberanía se ejerce o se renuncia.

Reivindicar nuestra tradición no es un ejercicio nostálgico. Es afirmar que la soberanía no se negocia, la autonomía se construye y el desarrollo no llega de la mano del alineamiento ciego, sino de una política exterior coherente con los intereses nacionales y populares. La historia argentina demuestra que el alineamiento automático nunca trajo desarrollo, inversiones estratégicas ni estabilidad duradera. Lo único que garantizó fue dependencia, endeudamiento y pérdida de capacidad de decisión.

El mundo cambió. El escenario internacional ya no está ordenado por reglas estables, sino por disputas entre potencias, conflictos abiertos y una competencia creciente por recursos, tecnología y mercados. En este contexto, la inserción internacional de la Argentina sólo puede ser sólida si se apoya en la no injerencia, la igualdad jurídica entre los Estados y la defensa del interés nacional. Sin estos pilares, el país queda a merced de presiones externas y agendas ajenas.

La posibilidad de avalar o justificar una incursión militar contra un país de América Latina marca un punto de inflexión en el debate sobre política exterior en la Argentina. No se trata solo de una diferencia de diagnóstico sobre un gobierno en particular, sino de la aceptación de una lógica de intervención que contradice una tradición diplomática construida durante más de un siglo. Para un país como la Argentina, que históricamente apeló al derecho internacional y a la no injerencia como herramientas para defender su propia soberanía, naturalizar ese tipo de acciones implica debilitar los principios que le permitieron ampliar márgenes de autonomía en un sistema internacional desigual. Desde esta perspectiva, la defensa de la soberanía y la integración regional no responde a una postura ideológica coyuntural, sino a una lectura estratégica del interés nacional y del lugar de la Argentina en el mundo.