En Latinoamérica el panorama es alarmante y merece un análisis más profundo que incorpore la mirada soberana y de justicia social. Vale entonces preguntarse por qué es pertinente imprimirle una mirada ambiental y política a la situación del fuego en Argentina y en la región.

La situación que se está viviendo en nuestro país con el incremento de hectáreas quemadas y sus consecuencias en la salud de las personas y el ambiente no es natural. Grandes ecosistemas del Cono Sur son afectados por extensos y duraderos incendios forestales que arrasan con miles de hectáreas. Los últimos tres años han sido especialmente drásticos en términos de cantidad de focos y tiempo que se mantuvieron activos los incendios. Incluso se han llegado a quemar en temporadas consecutivas exactamente los mismos predios. ¿Coincidencia?

Los motivos por los que se generan estos fuegos son diversos. En algunos casos es el lobby inmobiliario que incendia territorios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado. En otros casos tienen fines de explotación agrícola-ganadera: se incendia para “limpiar” árboles, pastos, animales silvestres, de manera que estas áreas pierdan su biodiversidad y queden ‘disponibles’ para producir.

Prender fuego y apropiarse de los bienes comunes naturales como si fueran meras mercancías no puede seguir siendo un negocio. Como sociedad debemos preguntarnos dónde están los autores materiales e intelectuales, por qué no se investiga, por qué nunca nadie cumplió pena por violentar no sólo las leyes sino atentar contra el ambiente y el interés colectivo.

En el año 2020, por iniciativa del Diputado Nacional Máximo Kirchner, se sancionó la Ley 27.604, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y que incorpora artículos que buscan frenar estos fuegos especulativos. Esta modificatoria establece que en caso de incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano, se prohíbe realizar durante 30 años emprendimientos inmobiliarios, agricultura extensiva que modifique el territorio, o cualquier otra actividad agrícola distinta a la realizada antes del incendio. En los casos de incendios de bosques nativos, áreas naturales y humedales, se prohíbe por 60 años modificaciones en el uso que se le daba a esas tierras previo al inicio de los focos. El objetivo central de esta ley es prevenir la generación de incendios, desincentivando la posibilidad de hacer negocios con las tierras incendiadas.

Dos años después de aquella sanción, la Ley no está reglamentada y por lo tanto no existen los mecanismos administrativos y operativos para poder terminar con los incendios especulativos en nuestros territorios. Incendios que tienen un impacto directo en nuestra salud, nuestra soberanía y nuestro futuro.

En Argentina contamos, por definición política de los gobiernos populares, con importantes leyes ambientales sancionadas entre 2003-2015 como las normas sobre Bosques Nativos, Glaciares y Residuos Sólidos Urbanos.

Durante la presidencia de Máximo Kirchner en el bloque de Diputados la agenda ambiental tomó una relevancia inédita, con la aprobación de leyes fundamentales como la Educación Ambiental Integral, la Ley Yolanda y el Acuerdo de Escazú, hoy tres pilares para el Ambientalismo Popular. Una clara muestra que cuando incorporamos la perspectiva de la Justicia Ambiental a la discusión política, nos permitimos cuestionar el modelo de desarrollo vigente que no solo es injusto, sino también insostenible en términos socio-ambientales.

La política ambiental, los instrumentos de gestión y las instituciones de nuestro país son de las más completas y desarrolladas en Latinoamérica, y han sido muchas veces referencia para la región. Sin embargo, siempre debemos fijar el horizonte en perfeccionar estos marcos y orientarlos a mejorar las condiciones de vida, la salud y el reaseguro del derecho al ambiente sano, como nos hemos caracterizado en toda política de ampliación de derechos.

Nuestro Poder Ejecutivo y Judicial deben contar con mecanismos claros donde se busque velar por los intereses de la ciudadanía y sus ecosistemas, y no de unos pocos alejados de las voluntades colectivas.

La sanción de la Ley de Humedales, la Ley de Envases con Inclusión Social y la reglamentación de la Ley Nacional de Fuego, no pueden esperar más. Construir las normas, reglamentaciones, instrumentos de política que fortalezcan al Estado es parte de la militancia del Ambientalismo Popular. Por eso militamos todos los días y no vamos a parar hasta que lo imposible se vuelva inevitable.