Por Santiago Fraschina *

La irrupción de la pandemia del coronavirus ha profundizado la crisis económica en la que se encontraba el país. El Estado Nacional se hizo presente ampliando la capacidad del sistema de salud y universalizando ingresos, de modo de paliar las consecuencias negativas del virus sobre la economía. Sin embargo, las restricciones múltiples producto de la crisis heredada, impiden que la inyección de pesos para financiar estas políticas no sea infinita. Surge, de esta forma, la pregunta sobre cómo el Estado debe financiar el programa monumental que se ha tenido que implementar.

El jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, impulsó la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, aprobada el día de ayer. Se trata de una contribución por única vez con asignación específica para apoyar a las PyMEs en pos de cuidar el trabajo argentino, urbanizar los barrios populares, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y para financiar el plan Progresar de modo tal que las y los jóvenes puedan seguir estudiando.

El aporte extraordinario recaerá sobre patrimonios personales declarados a partir de los 200 millones de pesos, lo que equivale actualmente a patrimonios de casi USD 2.300.000. Se estima que esta contribución obligatoria llega a aproximadamente 12.000 contribuyentes. Es decir, solo va a alcanzar al 0,02% de la población argentina. Las alícuotas que se aprobaron están en torno a los 2% y 3,5%, y se trata de un gravamen de características progresivas (es decir, se va escalonando desde los 200 millones de pesos). Algunos de los números que se desprenden de la exposición de las y los funcionarios a lo largo de estos meses, marcan que el aporte será impuesto a sólo el 1,1% de los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales, y dentro de la población económicamente activa, al 0,08% de las personas. No es preciso argumentar que los contribuyentes deberán vender sus bienes de capital o activos para poder pagarlo ya que, en promedio, tienen declarados fondos líquidos por 25 veces más que los montos que deberán afrontar.

Pese a gravar a menos de 12.000 personas, su recaudación alcanzaría para la puesta en marcha de 8 hospitales modulares de emergencia (de los cuales en estos meses ya se inauguraron 12). Al mismo tiempo, funcionaría como una escala adicional para el impuesto a los bienes personales, cuyo peso en la recaudación total ha caído en los últimos cuatro años, quedando la estructura tributaría argentina con una matriz más regresiva. El objetivo esperado por AFIP es poder recaudar aproximadamente $315.000 millones. Son fondos sumamente necesarios en este momento tan crítico.

Un tributo de estas características no es sólo una idea trasnochada criolla: en diversas latitudes se ha barajado o se terminaron aplicando gravámenes extraordinarios a las altas fortunas, con un criterio de justicia distributiva. Es decir, con altos mínimos no imponibles, de modo que solo alcance a los sectores sociales más pudientes. El abanico es amplio y abarca países latinoamericanos como Chile o Perú y países europeos como España, Suiza o Italia. Por otro lado, suelen instalarse algunos mitos, como el hecho de que los impuestos a la riqueza tienen a desaparecer en el mundo o que son un desincentivo a la inversión privada. Lo cierto es que las principales potencias del mundo tienen la misma proporción de estos impuestos desde el año 2000 y los países de la OCDE no muestran relación alguna entre impuestos e inversión corporativa.

El aporte solidario y extraordinario es un imperativo moral que forma parte de la esencia del contrato electoral del Frente de Todos. Revitalizar la economía, procurando que el peso de la crisis no recaiga sobre los más postergados. Situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales. Lo recaudado por medio de este aporte va a ser muy importante para favorecer la reactivación de la economía. Más temprano que tarde, los poseedores de estas grandes fortunas van a recuperar con creces lo aportado. Porque una Argentina grande se construye sólo si las y los 45 millones de argentinos y argentinas pueden contar con recursos económicos para poder tener una vida digna. Todas y todos; no sólo unos pocos.

* Secretario General de la ANSES