Mediante el decreto de necesidad y urgencia 690/2020, el gobierno nacional declaró a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y a la televisión paga como servicios públicos, por lo que el Estado comenzará a regular y controlar tanto la prestación brindada como las tarifas cobradas a las usuarias y usuarios. Tal como se hace tanto con los servicios básicos como luz, agua y gas; como con los medios de transporte, la medicina prepaga, la escolaridad de gestión privada o la nafta.
El acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es un derecho humano que permite garantizar tanto el ejercicio de la libertad de expresión, como el acceso a conocimiento, información, entretenimiento y educación a la par que permite la construcción del desarrollo económico y social. En este sentido, el DNU remarca que la Organización de las Naciones Unidas, mediante su Consejo de Derechos Humanos en el año 2012, emitió una resolución que exhorta a “los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los paísesˮ.
Es así como la norma también recuerda que el expresidente Mauricio Macri derogó los aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, derrumbando gran parte del andamiaje legal que garantizaba el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, “dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional, que en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicosˮ.
Asimismo, se establece que las empresas deberán garantizar una prestación básica universal obligatoria brindada en condiciones de igualdad. Un piso de derechos accesible para las mayorías.
También se continúa con la prohibición de los aumentos de tarifas de estos servicios, ahora desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020. Es importante remarcar que las compañías ya estaban dando aviso a los usuarios y usuarias de los nuevos precios por los abonos contratados, dejando en evidencia la necesidad del Estado como garante de que ningún ciudadano deba prescindir de un derecho tan elemental como el de estar conectado y comunicado, en un contexto donde golpea fuerte la crisis económica desencadenada por la gestión neoliberal de los últimos cuatro años, sumada a las consecuencias de la pandemia.
En cualquier situación, el acceso a una línea de telefonía móvil, internet y cable son sustanciales para el desarrollo de la sociedad pero al atravesar una pandemia que obliga a ciudadanos y ciudadanas a permanecer en sus hogares la mayor cantidad de tiempo posible para evitar la propagación del virus; esto se ve ampliamente potenciado.
Si algo puso sobre la mesa el nuevo coronavirus es la desigualdad. Mientras los sectores de mayores ingresos de la sociedad pudieron sostener la educación, formación, desarrollos laborales y sociabilización; los sectores populares se encuentran aislados ya no sólo física sino también socialmente. Situación que se evidencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta por no poder garantizar en estos cinco meses la conectividad total de los estudiantes del territorio más rico del país, propone exponerlos al virus tanto a ellos como a sus docentes. Esos más de 5000 estudiantes porteños nos mostraron a qué nos exponen las gestiones neoliberales.
Cabe destacar la incoherencia que representa el rechazo instantáneo manifestado por los dirigentes de Juntos por el Cambio, a pesar de contar con proyectos de ley con similar objetivo, como ser el de la senadora Gladys González que busca “declarar como derecho humano el acceso a la conectividad, estableciendo como servicio público esencial a los servicios de telefonía móvil e internetˮ o el presentado en el mismo sentido en 2014 por Gerardo Morales que pretendía declarar a la telefonía móvil como servicio público.
“La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisisˮ, escribió el exsenador y expresidente por unas horas Federico Pinedo, dejando a la vista la intención de desinformar a la población, dado que no se está planteando la estatización de los servicios, cosa que el abogado bien sabe. Del mismo modo intenta operar Patricia Bullrich al expresar: “No se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernándezˮ. Una vez más la comparación con Venezuela. Una vez más el odio hacia Cristina. Una vez más el macrismo oponiéndose a la ampliación y garantía de derechos en pos de defender los intereses de los grupos concentrados. Nada nuevo bajo el sol.
El peronismo también, una vez más, haciendo lo que dijo que venía a hacer.
