Economí­a

Un servicio público esencial

El presidente Alberto Fernández decretó que los servicios de telefoní­a móvil, internet y televisión paga comenzarán a estar regulados por el Estado, al tiempo que prorrogó el congelamiento de sus tarifas hasta fin de 2020.

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 690/2020, el gobierno nacional declaró a los servicios de telefoní­a celular y fija, Internet y a la televisión paga como servicios públicos, por lo que el Estado comenzará a regular y controlar tanto la prestación brindada como las tarifas cobradas a las usuarias y usuarios. Tal como se hace tanto con los servicios básicos como luz, agua y gas; como con los medios de transporte, la medicina prepaga, la escolaridad de gestión privada o la nafta.

El acceso a las Tecnologí­as de la Información y las Comunicaciones es un derecho humano que permite garantizar tanto el ejercicio de la libertad de expresión, como el acceso a conocimiento, información, entretenimiento y educación a la par que permite la construcción del desarrollo económico y social. En este sentido, el DNU remarca que la Organización de las Naciones Unidas, mediante su Consejo de Derechos Humanos en el año 2012, emitió una resolución que exhorta a “los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los paí­sesˮ.

Es así­ como la norma también recuerda que el expresidente Mauricio Macri derogó los aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, derrumbando gran parte del andamiaje legal que garantizaba el acceso a las Tecnologí­as de la Información y la Comunicación, “dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancí­a, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional, que en su artí­culo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así­ como a la calidad y eficiencia de los servicios públicosˮ.

Asimismo, se establece que las empresas deberán garantizar una prestación básica universal obligatoria brindada en condiciones de igualdad. Un piso de derechos accesible para las mayorí­as.  

También se continúa con la prohibición de los aumentos de tarifas de estos servicios, ahora desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020. Es importante remarcar que las compañí­as ya estaban dando aviso a los usuarios y usuarias de los nuevos precios por los abonos contratados, dejando en evidencia la necesidad del Estado como garante de que ningún ciudadano deba prescindir de un derecho tan elemental como el de estar conectado y comunicado, en un contexto donde golpea fuerte la crisis económica desencadenada por la gestión neoliberal de los últimos cuatro años, sumada a las consecuencias de la pandemia.

En cualquier situación, el acceso a una lí­nea de telefoní­a móvil, internet y cable son sustanciales para el desarrollo de la sociedad pero al atravesar una pandemia que obliga a ciudadanos y ciudadanas a permanecer en sus hogares la mayor cantidad de tiempo posible para evitar la propagación del virus; esto se ve ampliamente potenciado.

Si algo puso sobre la mesa el nuevo coronavirus es la desigualdad. Mientras los sectores de mayores ingresos de la sociedad pudieron sostener la educación, formación, desarrollos laborales y sociabilización; los sectores populares se encuentran aislados ya no sólo fí­sica sino también socialmente. Situación que se evidencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Horacio Rodrí­guez Larreta por no poder garantizar en estos cinco meses la conectividad total de los estudiantes del territorio más rico del paí­s, propone exponerlos al virus tanto a ellos como a sus docentes. Esos más de 5000 estudiantes porteños nos mostraron a qué nos exponen las gestiones neoliberales.

Cabe destacar la incoherencia que representa el rechazo instantáneo manifestado por los dirigentes de Juntos por el Cambio, a pesar de contar con proyectos de ley con similar objetivo, como ser el de la senadora Gladys González que busca “declarar como derecho humano el acceso a la conectividad, estableciendo como servicio público esencial a los servicios de telefoní­a móvil e internetˮ o el presentado en el mismo sentido en 2014 por Gerardo Morales que pretendí­a declarar a la telefoní­a móvil como servicio público.  

“La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenarí­a a la Argentina a no poder salir de la crisisˮ, escribió el exsenador y expresidente por unas horas Federico Pinedo, dejando a la vista la intención de desinformar a la población, dado que no se está planteando la estatización de los servicios, cosa que el abogado bien sabe. Del mismo modo intenta operar Patricia Bullrich al expresar: “No se trata de una polí­tica pública errónea sino de una visión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernándezˮ. Una vez más la comparación con Venezuela. Una vez más el odio hacia Cristina. Una vez más el macrismo oponiéndose a la ampliación y garantí­a de derechos en pos de defender los intereses de los grupos concentrados. Nada nuevo bajo el sol.

El peronismo también, una vez más, haciendo lo que dijo que vení­a a hacer.

 

 

Argentina
El jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, cerró el debate donde se aprobó la transferencia de facultades y funciones de seguridad en materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remarcó: “Han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo que fracasaron a nivel nacional”.
Frente de Mujeres
Pocas horas han pasado desde aquel momento en el que el reloj se detuvo en Argentina y el mundo. De aquella tarde en que se hizo un silencio y esperamos que alguien desmienta esa triste noticia, que sea otra fake news de quienes siempre atentan contra lo popular.