Derechos Humanos

La mirada de Santiago reclama Justicia

* Por Sebastián Premici

Santiago Maldonado sabía que para marcar una diferencia en este mundo debía ponerle el cuerpo a los conflictos, estar donde se tenía que estar. Y que no existía rabia acumulada suficiente que pudiera torcer el curso de una sonrisa, algo así como “endurecerse siempre sin perder la ternura jamás”. Quizás haya escrito esta frase del Che en alguno de sus textos. Santiago, defensor de las ideas anarquistas, sentía que debía llegar a la Pu Lof en Resistencia Cushamen. La tierra lo llamaba. Llegó al territorio un 31 de julio de 2017.

Nunca estuvo solo. Siempre estuvo acompañado por un grupo de hombres y mujeres, muy jóvenes, integrantes de la comunidad. Tampoco estuvo solo a la hora de correr hacia el río en momentos en que la Gendarmería inició una feroz cacería ilegal. Como había prometido Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, salieron a provocar el choque. Su objetivo era “apresar a un mapuche terrorista”.

El juez Gustavo Lleral, aquel que reemplazó a Guido Otranto, tuvo ante sí la posibilidad de reconstruir esa feroz represión que terminó en la desaparición y muerte del Brujo. Pero no lo hizo. En cambio, al momento de clausurar la investigación narró una muerte sin contexto. En su fallo de diciembre de 2018, apelado hace seis meses ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, sostuvo que Maldonado murió solo, sin los rastros de los uniformados que corrieron a balazos a cada uno de los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen aquel 1 de agosto.

A dos años de aquellos hechos, hay preguntas que aguardan respuestas. ¿Cómo es posible que un juez haya dicho que Santiago murió solo cuando varios uniformados indicaron que una vez que llegaron al río, ejecutaron sus escopetas varias veces? Uno de esos agentes fue Darío Zoilán, quien dijo haberle disparado a un bulto “azul”. Santiago, aquel 1 de agosto, tenía puesta una campera azul. Sobre el río también estuvo Emmanuel Echazú con su escopeta antitumultos.

La represión fue planificada, ejecutada y luego encubierta. La ideóloga de todo fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El Gobierno nacional operó dentro del expediente judicial a partir del accionar directo de Gonzalo Cané, ex secretario coordinador con los Poderes Judiciales y actualmente secretario letrado de la Corte Suprema. Por pedido de Bullrich, Cané plantó pistas dentro de la causa: una de ellas fue la vinculación de Santiago con la RAM, una organización terrorista inexistente.

En semejante tarea, Cané no estuvo solo. Bullrich designó a dos integrantes del área de inteligencia de la GNA, al comandante mayor Jorge Domínguez, director de Inteligencia Criminal, y el comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, para realizar tareas de espionaje junto a Carabineros de Chile. Hubo un trabajo coordinado para entorpecer la investigación penal.

En la reunión del Senado de la Nación del 16 de agosto de 2017, Bullrich insinuó que Maldonado nunca había estado dentro del territorio. La ministra dijo esto a pesar de tener en su poder la última foto con vida de Santiago, tomada por la Gendarmería a las 11:32 de aquel 1 de agosto. La ministra mintió.
También afirmaron que ningún gendarme había llegado al río. Sin embargo, a partir de los elementos probatorios del propio expediente judicial –que aguarda una resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia- queda claro que hubo al menos tres grupos que cubrieron 50 metros en la orilla del río. Teniendo en cuenta esta información, ¿cómo es posible que un juez de la nación se haya animado a firmar que Santiago murió solo, por las inclemencias de un río helado?

En diciembre de 2017, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) elaboró un informe con una reconstrucción pormenorizada de la represión del 1 de agosto, incluso con los nombres y apellidos de los gendarmes que llegaron al río, sus movimientos descriptos en minutos y segundos. El informe fue enviado al Procurador interino, Eduardo Casal, pero nunca llegó al expediente. Hubo desidia y encubrimiento por parte del Ministerio Público Fiscal. Lleral tampoco hizo mucho para recibir ese material.

Los medios de comunicación hegemónicos porteños también tuvieron un rol central en el encubrimiento al difundir las mentiras del Gobierno nacional cual verdades reveladas. Hubo un trabajo en sincronía. El Gobierno nacional instalaba falacias sobre el caso y las mismas eran replicadas por algunos escribas serviles. También hostigaron a la familia de Santiago. Tal situación fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Patagonia huele a muerte. La Alianza Cambiemos instauró una nueva Doctrina de Seguridad Nacional con eje en las comunidades de pueblos originarios catalogadas de “enemigos internos”. Junto a los Carabineros chilenos, el Estado argentino elaboró un documento donde se volvió a utilizar la palabra “subversivos”. En la década del ’70, esto era el Plan Cóndor.
Porque existió una planificación de esta represión –Noceti fue el encargado de impartir las órdenes a las fuerzas federales un día antes, el 31 de julio, desde Bariloche- una ejecución y luego un encubrimiento que tuvo una pata internacional, es que hablamos de un Crimen de Estado.

De Santiago dijeron que era un “peligrosos guerrillero”, que estaba en Entre Ríos, Uruguay o Chile, dijeron que había sido herido por un puestero de Benetton. La mentira planificada es subsidiaria de la miseria planificada. En cambio, nada dijeron de lo que hicieron realmente los gendarmes.

A las 11.32 de este primero de agosto, Santiago empezó a correr dentro de la Pu Lof para escapar de la cacería. No estuvo solo como pretendió clausurar el juez Lleral. Hoy somos cientos de miles quienes te recordamos y pedimos memoria, verdad y justicia.

 

 

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