La Ciudad de Buenos Aires cuenta, durante todo el 2019, con un presupuesto de 321.457 millones de pesos, que no sólo resulta el más alto de nuestro país, comparado con las provincias, sino que es el mayor de todas las capitales de Latinoamérica. Sin embargo, lo destinado a salud y educación ha ido descendiendo a lo largo de los doce años de gobierno del PRO, en la gestión Larreta casi un 16% en Salud y un 12% en Educación.
Esta definición se ve reflejada en la cotidianeidad de las escuelas, hospitales, centros de salud, obras públicas, entre otros, en donde se evidencia la falta de recursos básicos. Entonces propone otra forma de financiamiento, la Ley de Patrocinio. La posibilidad de que sectores minoritarios y poderosos de la sociedad acumulen y concentren aún más capital.
Solo el bloque de cambiemos voto positivo a una ley para que las empresas privadas puedan “patrocinar”, espacios públicos, actividades e instalaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, restauraciones, campañas de comunicación, concientización y prevención. Esto posibilita utilizar las políticas públicas y sus instituciones para la publicidad de determinadas marcas, garantizando una población cautiva, que de realizarse en escuelas, podrían ser nuestras hijas e hijos.
La Ley contempla la totalidad del activo del Gobierno porteño, una de las más impactantes es la de ver en escuelas y hospitales públicos, anuncios publicitarios de empresas privadas, instalando la hegemonía de promocionar las corporaciones, la privatización del espacio público, sobre todas las cosas la colonización mental.
El proyecto estipula un tipo de financiamiento con dos objetivos muy claros, a saber: por un lado ampliar la recaudación, y por el otro, profundizar un escenario en donde la ciudadanía, vecinos y vecinas, tengan como rol fundamental el ser consumidores.
En contradicción con el gobierno de Macri, en fines de marzo del 2019, presentó con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud un publicación con el nombre de Entornos Escolares Saludables, donde recomienda la prohibición del patrocinio de alimentos y bebidas, para concientizar sobre la obesidad, que es uno de los grandes problemas en la salud de los niños adolescentes, y esta la ley no lo expresa.
Diversas experiencias en torno a la misma legislación en otras partes del mundo, nos indican que este tipo de políticas no resuelve los verdaderos “inconvenientes presupuestariosˮ. Con la entrada de publicidades en los espacios públicos, escuelas y hospitales, buscan expandir mercados, permitiendo que empresas tengan incidencia, por ejemplo, sobre los programas educativos, siendo las experiencias más significativas las de Canadá, España, México y Estados Unidos.
Tal como sostiene Noemí Klein, en su libro “No Logo”, la situación de McDonald’s dentro de las escuelas, resulta ostentosa, dado la promoción de productos que son inaccesibles para la mayoría de la sociedad; o condicionar desde niños el consumo, lo cual profundiza la desigualdad en un contexto de ajuste y de pobreza. En Estados Unidos hubieron casos donde los textos de los manuales de estudio mencionan los productos de Nike, Gatorade y McDonald’s, lxs niñxs aprenden a calcular el diámetro de un círculo con una galletita í“reo.
Sin embargo, en todos estos casos relatados en el exterior, el patrocinio implica que esos fondos vayan a esas mismas instituciones. En el caso de esta ley, no. El PRO presentó un proyecto que deja el arbitrio del Poder Ejecutivo la definición de adonde va su asignación. O sea que, podría ser utilizado para seguir pagando el enorme endeudamiento de la ciudad o podría ser usado en propaganda política. Es decir, que esto ni siquiera es una ley de patrocinio, sino más bien un negocio para que los privados puedan publicitar sus productos sin que haya un beneficio directo monetario aparente para ninguna institución o actividad estatal.
