Política

NO QUIEREN PROGRESAR

Mientras en el año 2018 la inflación superó los 47 puntos, Mauricio Macri decide en el comienzo del 2019 congelar el monto del programa para este año.

En 2018 este programa de inclusión educativa fue “relanzado” por el presidente en lo que significó un nuevo recorte educativo. El PROGRESAR dejó de ser entendido como un derecho para todo/a joven entre 18 y 24 años que estudie, para convertirse en una beca educativa que premia el mérito. En 2017 y 2018 los aumentos del monto fueron mínimos y muy por debajo de la inflación. Si a esto le agregamos que para el 2019 se anuncia el congelamiento del monto, el programa pierde sustancialmente el alcance que tuvo hasta 2015.

PROGRESAR fue creado en 2014 por Cristina Fernández de Kirchner, gestado como una política pública universal para incentivar a los y las jóvenes de sectores populares (que pertenezcan a un grupo familiar que no supere tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil) para que puedan continuar sus estudios secundarios, cursos de formación, terciarios y/o universitarios. Constituía una ampliación de derechos en el acceso a la educación para miles de jóvenes atravesados por las desigualdades socio-económicas existentes.

Con los recortes y los cambios adoptados por Mauricio Macri hubo un gran retroceso en esta política, convirtiéndola en una beca para unos/as pocos/as. Se ve aquí un desconocimiento total del objetivo primario del Progresar, que en sus comienzos tuvo la función de igualar las posibilidades de ingreso, permanencia y egreso a la educación formal. Cuando se pone el énfasis de los programas educativos en el esfuerzo y los resultados académicos más que en la permanencia y persistencia, se fomenta el logro individual en lugar de la inclusión y el objetivo social.

La realidad empeora si recordamos que hemos sido testigos de la baja de miles de beneficiarios del programa, y según informes del año 2017 el programa pasó de tener más de un millón de beneficiarios a tan solo 560 mil (casi la mitad). Frente a esta grave situación hemos denunciado y realizado relevamientos en todo el país, ya que se había dicho falsamente que los/as estudiantes dados de baja no eran estudiantes regulares o a que las universidades no mandaban la información a tiempo. En 2016 este programa tenía un presupuesto de $8900 millones, en  2017 se redujo a $5500 millones y en 2018 a $9900 millones. Para el 2019 se anuncia su congelamiento pese a la brutal devaluación de fines de 2018.

Detrás de estas decisiones existe una clara intencionalidad de la Alianza Cambiemos que queda muy bien reflejada en los dichos de la gobernadora Maria Eugenia Vidal sobre la posibilidad de las mayorías populares de acceder a la Universidad Pública: quieren que la educación de calidad sea para unos/as pocos/as y que el Estado deje de estar presente en la vida de los y las jóvenes que queremos estudiar.

Pero el gobierno nacional desconoce que los y las estudiantes sabemos que tenemos derecho a estudiar, a Progresar y a estar mejor. Este tipo de recortes al PROGRESAR o cualquier programa que busca igualar oportunidades genera un amplio repudio en los y las estudiantes que vamos a defender y a pelear por nuestros derechos.

Política
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria con 222 votos a favor y ninguno en contra. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, resulta inadmisible que haya personas con malnutrición.
Ciudad de Buenos Aires
El martes 10 de septiembre se realizó en la Legislatura porteña la Audiencia Pública sobre la ley sancionada en primera lectura que dispone que la populosa Villa 1.11.14 del Bajo Flores pase a llamarse “Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli”, en homenaje al cura tercermundista y peronista que dedicó toda su vida a predicar la dimensión social y política del evangelio y defender los derechos e intereses de los más humildes.