A 40 años de los hechos, tras 15 de instrucción y uno de juicio, el Tribunal Oral Federal N ° 1 de San Martín condenó a 10 años de prisión efectiva a Pedro Mí¼ller, ex jefe de Manufactura de Ford, a 12 años a Héctor Sibilla, ex jefe de Seguridad de la planta, y a 15 años a Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército; el único militar acusado en la causa. En los tres casos, la Justicia los encontró penalmente responsables de los delitos de detenciones ilegales y tormentos agravados. A Riveros, a su vez, se lo condenó por allanamientos ilegales.
A partir de esta condena ejemplar, queda sobre la mesa la participación necesaria de los civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar contra los obreros de la fábrica de General Pacheco, donde se montó un centro clandestino de detención en el quincho de su campo de deportes. Los empresarios confeccionaron listados de trabajadores que entregaron a los genocidas para detenerlos, acercaron sus legajos personales y fotografías e incluso les facilitaron las camionetas para los traslados. Cabe destacar que muchas de las detenciones se hicieron en la propia fábrica durante la jornada laboral, frente a compañeros y otros directivos.
A cambio, la multinacional encontraría una forma de resolver conflictos laborales, con el consecuente aumento de sus ganancias. Es por esto que se pusieron a disposición recursos materiales (autos e instalaciones) y se colaboró con los listados de los desaparecidos. Es importante remarcar que un 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios, conformando un eslabón fundamental más en la estructura del terrorismo de Estado.
A pesar de ser las condenas menores a lo reclamado por la querella, quienes solicitaban 25 años de prisión, y de la posibilidad otorgada por el tribunal de ser cumplida en sus domicilios por la edad de los condenados; este fallo viene a ocupar un lugar histórico en nuestro país. Es la primera vez que nuestra justicia condena a directivos de una multinacional como partícipes directos en la implementación de un plan sistemático de tortura y desaparición de personas, calificando los delitos como de lesa humanidad de forma unánime.
Acompañando la lectura del veredicto, el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti caracterizó: “Una condena a la complicidad empresarial con la dictadura. Fue un logro de los Organismos de Derechos Humanos y de los trabajadores. La memoria, la verdad y la justicia le ganan a la impunidadˮ. Para profundizar remarcando que “la histórica condena a dos ex directivos de Ford como partícipes directos del genocidio, no sólo como cómplices, es una buena ocasión para recordar que el Congreso tiene una deuda histórica: poner en marcha la Comisión Bicameral que tiene que investigar los delitos económicosˮ.
A tres del comienzo de gobierno de Macri, tres años en que en nuestra patria comenzó un período de retrocesos en materia de Derechos Humanos, esta condena se torna reparadora. Desde el 10 de diciembre de 2015, el gobierno intenta instalar un discurso negacionista del genocidio ocurrido durante la dictadura cívico militar, poniendo en duda incluso la cantidad de detenidos desaparecidos. En paralelo, se recortan y desmantelan políticas públicas y áreas claves del Estado que llevaban adelante tareas de promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, se ven demorados los juicios de lesa humanidad, se intentó aplicar el beneficio del 2×1 a genocidas, las domiciliarias se multiplicaron exponencialmente conformando más de la mitad del total de imputados detenidos y las condenas son menores y tardan cada vez más en llegar.
Es así como se evidencia que es la movilización popular y el reconocimiento internacional lo que permite que este proceso de Memoria, Verdad y Justicia avance a paso algo más lento pero firme, tornándose imprescindible continuar celebrando cada condena y seguir atentamente cada proceso judicial para que en nuestro suelo no haya Nunca Más delitos de lesa humanidad.
