Comunicado de La Cámpora

FRENTE A UNA NUEVA CRISIS TERMINAL, REFUNDAR LA PATRIA

Más de 120 referentes distritales, territoriales y gremiales de La Cámpora participaron de un encuentro federal de responsables polí­ticos el martes pasado en la ciudad bonaerense de Avellaneda.

Durante el encuentro intercambiaron puntos de vista y análisis de coyuntura respecto de la realidad social, económica y polí­tica de todo el paí­s.

En este sentido, las distintas intervenciones de las compañeras y compañeros, sumadas al proceso de debate previo de todos los ámbitos, dieron origen a un documento que compartimos a continuación.

FRENTE A UNA NUEVA CRISIS TERMINAL, REFUNDAR LA PATRIA

El presente documento  es  un aporte al debate de la Argentina actual.  A partir de  una caracterización del presente  que  describe  la catástrofe consumada  de un modelo  que excluye a las grandes mayorí­as y pone en riesgo el futuro de la Patria,  proponemos un conjunto de  iniciativas para  salir de la crisis y  revertir el daño causado por el neoliberalismo, convencidos que una polí­tica con eje en el pueblo es la herramienta para construir una sociedad más justa, libre y soberana.

1. LA SITUACIí“N: CRISIS

La única verdad es la realidad. Se corrió el velo del marketing y se rompió el cerco mediático. En Argentina hay una crisis terminal. Mauricio Macri y la alianza Cambiemos han llevado al paí­s a la quiebra, rompiendo en sólo dos años y medio todos los récords conocidos en materia de ajuste, endeudamiento, despidos, tarifazos e inflación. Los neoliberales construyeron un triunfo electoral basado en promesas, pero las promesas se revelaron como estafas y las estafas se revelan hoy como desastres. Macri provocó un descalabro inédito que sólo benefició a ciertos sectores concentrados de la economí­a y puso al paí­s ante una situación lí­mite.

El ciclo inaugurado con el acuerdo y pago a los fondos buitre inició la última etapa del saqueo con el retorno al FMI. En los meses por venir veremos un cuadro agravado de dolarización, contracción de la economí­a, mayor dependencia externa, pérdida de autonomí­a y soberaní­a sobre el patrimonio nacional. La recesión ya golpea a los argentinos con fuerza.

Todos los sectores polí­ticos, fuerzas productivas y el conjunto de la sociedad reconocen la insustentabilidad objetiva del modelo económico. La realidad de las grandes mayorí­as y en especial de los sectores humildes resulta agobiante. Esto se evidencia en el empeoramiento de todos los indicadores sociales.

El neoliberalismo macrista llegó a destiempo. El mundo giró para otro lado y frente a la consolidación del proteccionismo en un mundo multipolar, subordinarse sin condiciones a los Estados Unidos y practicar el fundamentalismo de la apertura comercial cuando todos los paí­ses cuidan sus economí­as es reflejo de un liberalismo anacrónico. Del mismo modo, abandonar la perspectiva de la integración regional para negociar aislados en medio de la guerra comercial entre las grandes potencias equivale a hipotecar nuestro futuro.

En el contexto de crisis, repugna a la inteligencia ver rasgarse las vestiduras a aquellos sectores del poder mediático hegemónico que pusieron a este presidente en la Casa Rosada, a sabiendas de su incapacidad manifiesta y que, favorecido por la mega concentración de voces que silencia opiniones crí­ticas y destruye el sistema de medios públicos, lo blindaron durante más de dos años hasta llegar a la graví­sima situación que atraviesa el conjunto de nuestro pueblo.

2. LAS SALIDAS POLíTICAS  DEL PODER ECONí“MICO

Ante la crisis, el Gobierno parece decidido a mantener el rumbo hacia el abismo. Macri defiende a rajatabla la fórmula neoliberal de prevalencia financiera. Por otro lado, hay un sector del poder económico que se va alejando del Gobierno y sueña con construir un escenario electoral de “transiciónˮ donde las alternativas planteen cambios, pero no discutan lo importante, es decir, una relación entre el Capital y el Trabajo que sustente un esquema distributivo para construir una sociedad más justa. Ambas posiciones comparten otro í­tem básico: el discurso de la “corrupciónˮ como estratagema para expulsar del tablero polí­tico a la fuerza opositora mayoritaria, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

La facilidad con que el significante “corrupciónˮ se hizo del centro de la agenda del neoliberalismo en la región muestra que se trata de una táctica de primer orden para los poderes concentrados, que queda muy lejos del combate real a la corrupción entendida como proceso que vicia el alma y el cuerpo social, destruyendo la persona humana. Es preciso combatir la corrupción desde una práctica solidaria, donde el amor venza al odio, la solidaridad a los intereses mezquinos y donde la polí­tica respete y cumpla el mandato popular.

Con la “corrupciónˮ instalaron un escenario de proscripción de Lula, la persecución de Cristina, la deshumanización de la militancia peronista y el encarcelamiento de dirigentes polí­ticos con representación. Se trata de una estrategia en la que confluyen sectores del poder polí­tico y económico, un sector del poder judicial y los grupos concentrados de la comunicación con el propósito de eliminar del sistema representativo a la primera minorí­a electoral nacional, como hito de disciplinamiento de la polí­tica al programa de las corporaciones.

Si en términos económicos Argentina vive una crisis, en términos polí­ticos el escenario es de pre-proscripción, que, siguiendo el modelo regional vigente en Brasil y Ecuador, busca dejar sin expresión electoral al campo popular, ejecutando maniobras que pendulan entre lo muy irregular y lo francamente ilegal, poniendo en suspenso las garantí­as constitucionales cuando entorpecen el objetivo primario de la persecución.

Este escenario, es el único sostén polí­tico del Gobierno y su discurso de que “no hay alternativaˮ. De hecho, cuando Macri dice que no hay otro camino posible, se refiere a que la alternativa (Cristina) deberí­a estar presa. Pero este escenario también alienta el movimiento de la hipótesis de “transición sin los dos demoniosˮ que hoy parece estimular a ciertos sectores del capital concentrado y a sus voceros mediáticos. En breve, se trata de instalar que el 2019 debe prescindir tanto de los “corruptosˮ (kirchneristas) como de los “inútilesˮ (macristas). Una avenida del medio con proscripción. La avenida de Clarí­n.

3. LA SALIDA POLíTICA  DEL  PUEBLO

Cualquier salida donde la principal fuerza opositora esté fuera de juego es un absurdo antidemocrático. La alternativa nacional y popular a la crisis macrista es la única que coincide con el sostenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Y esta alternativa es necesariamente refundacional.

El carácter refundacional se impone por la coyuntura. El neoliberalismo arrasa. No se puede continuar ninguna de sus polí­ticas. Refundación significa, en principio, revertir a toda velocidad la polí­tica neoliberal en todos los planos, sean económicos, polí­ticos, sociales y culturales.

Mantener el rumbo del abismo o diseñar transiciones de laboratorio sólo agrava la crisis e incluso la eterniza. La única salida auténtica es con una polí­tica de carácter nacional, popular, democrática, feminista y de perspectiva latinoamericana. Pero debe quedar expresamente claro, como lo muestra nuestra historia, que tal camino sólo termina siendo viable si el pueblo ocupa el centro de la escena, en tanto artí­fice y destinatario de las polí­ticas que se lleven adelante. No hay otro camino para superar el cí­rculo vicioso de endeudamiento, ajuste y empobrecimiento que propone el neoliberalismo.

Ante una crisis terminal, hay dos tipos de consensos que construir. El primero se enfoca en el presente: acordar medidas urgentes que corrijan este camino para menguar las consecuencias de esta polí­tica irracional e insensible que padecen las grandes mayorí­as. El segundo se da en paralelo y apunta al futuro: iniciar el debate hacia una nueva institucionalidad, una nueva constitución para una nueva Argentina, basada en una revalorización de la participación popular y de la acción polí­tica como instrumentos que tiene la sociedad para realizarse a sí­ misma.

Nosotros proponemos la salida por la ví­a del modelo nacional y popular, un modelo justicialista anclado en las experiencias de la acción de gobierno del General Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que promueva la inclusión y el buen vivir en base al protagonismo de los trabajadores y sus sindicatos, el empresariado nacional, las fuerzas y organizaciones polí­ticas populares y el conjunto de la ciudadaní­a organizada.

Se trata de una construcción que debemos llevar adelante en todos los ámbitos y con todos los sectores de la sociedad, respetando sus distintos grados de organización y representatividad, pero asumiendo que la suma de cada uno aporta al conjunto y lo moviliza para la defensa de los derechos del pueblo.

Ante un gobierno que nos retrotrajo a viejas disputas entre unitarios y federales, centralizando polí­tica y económicamente el paí­s, reafirmamos un federalismo donde las provincias no se conviertan en zona de sacrificios. El macrismo exige a las provincias un pacto fiscal que busca desfinanciar sus arcas y reclaman, desde su soberbia, austeridad y responsabilidad. Las provincias están de pie y el federalismo resiste en la búsqueda por superar las asimetrí­as centralistas que propone el gobierno.

Nuestro imaginario se reconoce en todas las luchas emancipatorias de nuestro pueblo, y se proyecta hacia el futuro, aprovechando la fortaleza de la dimensión generacional de nuestra fuerza, para avanzar en la construcción de un nuevo eslabón de la actualización doctrinaria del peronismo.

Reivindicamos la polí­tica como única herramienta del pueblo para defender sus intereses. Y reivindicamos los valores y la práctica de la militancia, como una forma de vida al servicio de los demás, solidaria y verdadera, precisamente lo contrario del modelo económico corrupto que no puede decir la verdad porque sus intereses son inconfesables. La militancia es incorruptible, porque no transa y no afloja. A estas alturas, algo es evidente: los poderes económicos no perseguirí­an ni estigmatizarí­an a la militancia si pudieran comprarla, es decir, corromperla. Como no pueden, la quieren destruir. Pero el peronismo y el campo nacional y popular tienen una historia forjada al calor de la militancia, la resistencia, la reconstrucción y la refundación. Esa historia será siempre nuestra guí­a.

En suma, sólo un frente patriótico de carácter multisectorial puede aglutinar el descontento frente a la polí­tica macrista y ofrecer una salida propositiva que ponga el acento en lo programático y lo metodológico. Tales lineamientos deben ser rubricados por nombres propios que garanticen su ejecución. Ese es el camino que debemos recorrer en el marco de los diversos espacios que se han ido desarrollando en el último tiempo, poniendo el interés de la Patria por encima de todo interés sectorial o personal.

4. MEDIDAS  ANTE  LA CRISIS

Para superar la crisis neoliberal  que puso en peligro a la Patria, proponemos una polí­tica nacional y popular basada en los siguientes puntos  de emergencia:

AUMENTO  DE LOS INGRESOS DE LAS  GRANDES MAYORíAS:
Incrementar los ingresos de las grandes mayorí­as para mitigar la emergencia social y activar la economí­a. Promover la reapertura de paritarias completamente libres y sin techo que permitan la recuperación del salario real por sector. Generar un aumento de emergencia para las jubilaciones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, Progresar, pensiones y demás prestaciones sociales. Impulsar un régimen de Protección a los deudores hipotecarios (UVA, UVI, etc.). Impulsar la sanción de la ley de regulación de alquileres.

POLíTICA FISCAL:
Impulsar una Polí­tica Fiscal expansiva. Recuperar Programas Sociales y de los Planes de Inversión en partidas como salud, educación, vivienda, ciencia y tecnologí­a. Crear el Fondo de Emergencia Alimentaria y Farmacológica. Modificar el régimen de retenciones móviles que aplicó el gobierno por uno que grave más a los productos de menor valor agregado y que sostenga la tasa ante devaluaciones o aumentos de los precios. Establecer la devolución directa de retenciones a los pequeños productores. Establecer un gravamen impositivo a la renta financiera, a la compra de divisas y a los patrimonios blanqueados a través de Bienes Personales. Reponer el Fondo Solidario Federal que permita mayor financiamiento de provincias y municipios.

DESENDEUDAMIENTO:
Detener el endeudamiento y reestructurar la deuda externa. Denunciar y renegociar el acuerdo con el FMI, suspender los desembolsos pendientes, redeterminar un plan de pago de la deuda ingresada y cesación de las metas del memorándum. Promover una polí­tica de desendeudamiento coordinada con los paí­ses periféricos, revitalizando la propuesta del G77 + China en la ONU sobre los principios básicos de reestructuración de deudas soberanas y regulación de los fondos buitre.

REGULACIí“N DEL MERCADO CAMBIARIO:
Regular y estabilizar el mercado cambiario y la cuenta de capital de la Balanza de Pagos. Establecer un esquema de administración cambiaria y administración del comercio para asegurar el empleo de las divisas para propósitos de la estrategia de crecimiento económico con inclusión. Retomar una polí­tica de protección al mercado interno para detener la avalancha importadora y retomar la liquidación de divisas por exportación al plazo de 90 dí­as.

SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO:
Desplegar los mecanismos jurí­dicos y de incentivos económicos de protección del empleo restableciendo la legislación anti despidos votada en el Congreso y vetada por el Ejecutivo. Reincorporar a todos los despedidos del sector público. Garantizar la continuidad del Monotributo Social Agropecuario. Fortalecer e institucionalizar las polí­ticas de la Economí­a Social. Implementar la perspectiva de discapacidad en los mecanismos jurí­dicos e incentivos económicos para asegurar la protección del empleo de las personas con discapacidad en el marco de una polí­tica de visibilidad y cumplimiento efectivo de sus derechos.   Restablecer el rango de Ministerio a la actual Secretarí­a de Trabajo.

POLíTICA INDUSTRIAL Y  PyMEs:
Reponer el financiamiento a PyMEs para atender el capital de trabajo y planes de inversión. Suspender los embargos de la AFIP sobre PyMEs. Diseñar una moratoria para deudas impositivas. Modificar la Ley de “Compre Nacionalˮ, mejorando los parámetros actuales de preferencias en la compra.

POLíTICA TARIFARIA:
Restablecer un cuadro tarifario justo y razonable, desdolarizando el costo mayorista de la energí­a y segmentando el cuadro tarifario diferenciando el consumo residencial, industrial y comercial según el poder adquisitivo. Retrotraer las tarifas a niveles de 2016 y las tarifas residenciales ajustables por Coeficiente de Variación Salarial (CVS) e í­ndice de actualización del ingreso de los pasivos. Garantizar la participación accionaria del Estado en las empresas prestatarias de servicios públicos y el control efectivo de los usuarios de la prestación del servicio, así­ como de los planes de inversión comprometidos. Tarifa Social para personas con condición de electrodependiente por razones de salud.

POLíTICA DE SEGURIDAD  DEMOCRíTICA Y  DERECHOS HUMANOS:
Descriminalizar la protesta social. Reinstaurar los protocolos de no represión instaurados por Néstor Kirchner en 2003, basados en la mediación y el diálogo. Profundizar los mecanismos de prevención y combate a la violencia institucional. Elaborar una nueva “Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional”, como paso imprescindible para actualizar el marco normativo del Sistema de Seguridad Pública. Elaborar una ley-convenio de coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales para un efectivo combate contra el delito. Profundizar las polí­ticas de Memoria, Verdad y Justicia haciendo eje en la investigación de las complicidades civiles y económicas durante la última dictadura militar. Poner en funcionamiento la Comisión bicameral investigadora de delitos económicos en dictadura del Congreso Nacional y creación de Comisión Bicameral de Seguimiento de los Juicios de Lesa Humanidad. Impulsar el digesto único en materia de Derechos Humanos para consolidar la legislación en la materia.

FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMíAS REGIONALES:
Supervisar el proceso de formación de precios en las cadenas de valor para impedir los abusos sobre los pequeños productores. Establecer precios mí­nimos para los distintos productos de las economí­as regionales. Garantizar que un 30% de los productos de los supermercados sean de las economí­as regionales y cooperativas.

POLíTICA EDUCATIVA:
Declarar la emergencia en el ámbito educativo y establecer un presupuesto extraordinario para garantizar la educación obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.   Impulsar en todas las jurisdicciones leyes de educación técnica-profesional que vinculen estratégicamente la educación y el sector productivo (estatal y privado). Recuperar la Paritaria Nacional Docente con el objetivo de generar una recomposición real de los ingresos de los docentes en todo el paí­s. Promover paritarias para los trabajadores universitarios, docentes y no docentes. Generar mecanismos de inversión en infraestructuras crí­ticas para los establecimientos educativos. Efectivizar las transferencias de recursos a las Universidades Nacionales establecidas en la Ley de Presupuesto 2018. Destinar partidas extraordinarias que refuercen el presupuesto universitario en virtud de la inflación no contemplada en la Ley de Presupuesto 2018. Establecer una “Canasta Educativa” compuesta por bienes como biromes, lápices, cuadernos, entre otros, con precios cuidados para poder garantizar su consumo masivo. Promover los espacios de construcción democrática de la polí­tica educativa territorial como herramientas imprescindibles para el fortalecimiento de las escuelas como espacio de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Crear un Programa Nacional de Becas para estudiantes secundarios, universitarios y terciarios para garantizar el acceso, permanencia y graduación en la trayectoria educativa. Conformar un Fondo Federal para recuperar el financiamiento de obras de infraestructura universitaria que se encuentran paralizadas. Impulsar la perspectiva de la discapacidad en la educación en todos sus niveles, programas y modalidades en el marco de una polí­tica de derechos humanos de las personas con discapacidad, que asegure la accesibilidad académica, fí­sica y comunicacional, desarrolle los procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica que mejoren su calidad de vida. Reestablecer el rango de Ministerio al área de Ciencia y Tecnologí­a.E

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL:
Derogar el Decreto 267/15 que mutiló los aspectos esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promover un debate participativo, plural y federal para una nueva ley convergente integral de telecomunicaciones y anular la fusión de Cablevisión y Telecom hasta la sanción del nuevo marco regulatorio. Impulsar una ley de financiamiento de los Partidos Polí­ticos. Promover el control concomitante (no posterior) de los procesos de contratación pública. Actualizar las leyes de Administración Financiera y Obras Públicas otorgando mayor agilidad a los procesos administrativos en lí­nea con la posibilidad de que los procesos de control externo tengan simultaneidad. Regular de la puerta giratoria sector público – sector privado, para evitar los Aranguren y los Caputo. Revisar de todos los casos de “conflicto de interésˮ, es decir, utilización del Estado para el enriquecimiento personal o empresario.

POLíTICA DE SALUD:
Restablecer el rango y reconstruir el Ministerio de Salud de la Nación. Conformar un Consejo Federal de Salud (CoFeSa) de monitoreo y gestión permanente de las realidades de cada una de las provincias, impulsando un trabajo de redes que articulen polí­ticas públicas de atención para la detección temprana, tratamiento y rehabilitación. Fortalecer los laboratorios de producción pública de medicamentos, para garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales e insumos a precios justos. Fortalecer la presencia de equipos territoriales. Garantizar el abastecimiento y distribución de todas las vacunas del calendario de inmunizaciones y fortalecer la capacitación, monitoreo, vigilancia y campañas de difusión en torno al control de brote de enfermedades como sarampión, que resurgió en nuestro paí­s luego de casi una década. Reestablecer el abastecimiento de la lista completa de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud al primer nivel de atención, reducida tras el ajuste en el REMEDIAR. Crear de un Fondo de Fortalecimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Garantizar la cobertura de medicamentos por parte del PAMI para jubilados, reducidas en los últimos dos años, y la cobertura de medicamentos antirretrovirales para VIH-SIDA en riesgo por el recorte presupuestario. Impulsar un programa nacional que comprenda prestaciones de salud y ayudas técnicas para personas con discapacidad, incluyendo la articulación con el INTI para el diseño, desarrollo e innovación de tecnologí­a. Garantizar el presupuesto de hospitales de alta complejidad como Garrahan, El Cruce, Posadas e insistir con la apertura y puesta en funcionamiento de los Hospitales de Cuenca Alta Matanza-Riachuelo (Cañuelas), Néstor Kirchner (G. Laferrere – La Matanza) y René Favaloro (R. Castillo ˮ“ La Matanza) y Bicentenario (Ituzaingó).

ADMINISTRACIí“N DE JUSTICIA:
Restituir el Estado de Derecho en todos sus niveles. Retomar la senda de la democratización de la justicia para garantizar la independencia del Poder Judicial de los poderes económicos y polí­ticos. Poner fin al “fórum shoppingˮ que direcciona las causas contra opositores hacia jueces cercanos al Ejecutivo. Detener la intromisión de la polí­tica macrista en la Justicia, ya sea mediante la creación de tribunales ad hoc para el juzgamiento de opositores, la remoción de magistrados que fallan contra el Ejecutivo, el sector social que representan o el traslado de fiscales que investigan al gobierno. Detener la utilización extorsiva de la figura del “arrepentidoˮ y toda otra violación a las garantí­as de debido proceso.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA INCLUSIí“N:
Recomponer la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y de todas las prestaciones de la seguridad social a través de un aumento de emergencia. Derogar la inconstitucional Ley de Reforma Previsional N ° 27.426. Restituir la moratoria previsional y establecer un plus por asignación para familias monoparentales. Proteger la integridad del Fondo de Garantí­a de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES prohibiendo la venta de sus activos sin previa autorización del Congreso de la Nación. Recuperar los fines del FGS vinculados a la inversión social y creación de empleo genuino, y prohibir su utilización para la timba financiera. Restablecer la totalidad de las pensiones por discapacidad dadas de baja. Restituir las contribuciones patronales que sustentan y financian el sistema previsional. Garantizar la continuidad de los regí­menes especiales ante la amenaza de su eliminación.

ˮ‹POLíTICA PARA LA IGUALDAD DE Gí‰NEROS,  DIVERSIDADES SEXUALES Y DISIDENCIAS:
Facilitar el acceso a la justicia y el patrocinio jurí­dico gratuito. Fortalecer programas de atención y acompañamiento en casos de violencia de género, violencia institucional por cuestiones de género o discriminación. Legalizar el aborto e implementar la ESI. Garantizar una polí­tica de acceso a la salud con perspectiva de género. Establecer la moratoria jubilatoria que reconozca el trabajo doméstico no remunerado y devuelva el derecho a la jubilación a las amas de casa. Establecer un plan nacional de cuidados que permita disminuir el techo de cristal y brinde a las mujeres más oportunidades: jardines maternales en los barrios, lugares de cuidado en ámbitos de trabajo, y un sistema de cuidado para adultos mayores que también incluya las diversidades sexuales. Elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de las Mujeres para aumentar su presupuesto y mejorar todos los programas. Impulsar el cupo laboral trans. Impulsar una ley de protección laboral para personas de las diversidades sexuales y disidencias. Promover una nueva ley antidiscriminatoria. Impulsar la paridad en las listas electorales en los niveles nacional, provincial y municipal. Mejorar las estadí­sticas que nos permitan tener indicadores con perspectiva de género y de diversidades sexuales. Reconocer y medir el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales para saber cuál es el aporte de ese trabajo que recae en las mujeres al PBI.

POLíTICA EXTERIOR SOBERANA  Y DEFENSA NACIONAL:
Expulsar de manera inmediata a los soldados norteamericanos que se hallen en el paí­s o en las fronteras instalados en bases militares. Retomar los reclamos por la soberaní­a de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marí­timos e insulares correspondientes. Refundar el MERCOSUR, impulsando la reincorporación de Venezuela y la entrada al organismo de Bolivia como miembro pleno y revitalizar la UNASUR como espacio de articulación polí­tica de los paí­ses de la región. Derogar el decreto 70/2017 que modifica la Ley Nacional de Migraciones, violando el espí­ritu de la polí­tica migratoria. Respetar el consenso fundacional de la democracia en relación a la distinción de la Seguridad Interior y la Defensa Nacional, relativa al rol de las Fuerzas Armadas.

POLíTICA DE TIERRAS, RECURSOS NATURALES  Y PUEBLOS ORIGINARIOS:
Detener de inmediato la represión sobre los pueblos originarios. Impedir la venta de tierras restableciendo las competencias de la Ley N ° 26.737 que las normaba como bien social y limitaba la compra extranjera. Establecer un marco normativo que proteja los recursos naturales no renovables, tales como los hidrocarburos, la riqueza minera, la tierra, el agua y la riqueza ictí­cola.

Buenos Aires
Las paredes bonaerenses amanecieron pintadas con los nombres de los dos primeros precandidatos a diputado y diputada nacional por el distrito: Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Horas más tarde, en Escobar, la lista de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires fue lanzada oficialmente por el presidente y la vice, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y quien preside la Cámara Baja, Sergio Tomás Massa.
Polí­tica
La Justicia confirmó lo que ya sabíamos: el Programa Qunita no tuvo sobreprecios ni hubo un direccionamiento en su licitación, los elementos del kit eran seguros y, lo más importante, evitaba la muerte de las y los bebés más humildes de nuestra Patria, garantizando un comienzo de vida equitativo. El perjuicio fue hacia las miles de familias que durante estos años estuvieron privadas de recibirlo por decisión del macrismo y del conglomerado mediático judicial cómplice.