En el marco del retiro de la asistencia del Estado para las necesidades de los sectores más postergados, el Ministerio de Salud de la Nación informó mediante un comunicado en su página web que suspende la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis, argumentando que tendrían “dificultades en su adquisición y entregaˮ. Por su parte, el laboratorio que elabora la vacuna antimeningocócica incluida en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) informó que el abastecimiento de ésta es normal, negando que pudiera haber faltantes. La medida adoptada por el gobierno nacional fue rechazada por sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y el hospital Ricardo Gutiérrez.
La meningitis tiene una tasa de letalidad que varía entre un 10 y un 15%, llegando hasta un 25% en los y las adolescentes. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS), se registran un total de 20-30 fallecidos anualmente por esta enfermedad.
Entre 2003 y 2015, se incorporaron diez vacunas al Calendario Nacional de Vacunación, lo cual impactó de forma directa en la mejora de nuestros indicadores sanitarios a la par que convirtió a nuestro esquema de vacunación en uno de los más completos del mundo. En este contexto, en el año 2015 se sumó la vacuna antimeningocócica para niños y niñas a los 3, 5 y 15 meses y para adolescentes a los 11 años de edad. La definición del gobierno nacional de suspender la dosis de los 11 años marca el comienzo del desmantelamiento de un calendario que es orgullo para nuestra Patria. A su vez, no permitirá contribuir a la disminución de la portación de esta bacteria en la población vacunada, posibilitando la circulación y el riesgo de contraer dicha enfermedad en la población más vulnerable, como los niños menores de 3 meses, que aún no están pueden vacunarse. El denominado “efecto rebañoˮ que tienen las vacunas, implica que se protege no sólo a quienes están inmunizados, sino a la población en su conjunto.
La comunicación oficial hace nula referencia a si esta dosis se volverá a incluir o no en el calendario nacional y, en caso afirmativo, qué pasará con aquellos niños y niñas que ya hayan cumplido los 12 años y no se hayan podido vacunar por la negligencia del gobierno. En este sentido, es importante destacar que la vacuna en caso de querer y poder adquirirla de forma particular en farmacias, tiene un precio superior a los 3 mil pesos. Esta medida, entonces, empeora el aumento de la brecha socioeconómica, profundizando las inequidades en nuestro suelo.
El Estado está incumpliendo con su responsabilidad de garantizar tanto la adquisición como la distribución de las 20 vacunas incluidas en el calendario de vacunación, lo cual debe ser ejecutado mediante el Ministerio de Salud de la Nación. Ya en el mes de abril, los Jefes de Inmunizaciones de 22 provincias (todas excepto la de Buenos Aires) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habían denunciado la situación crítica que se arrastra desde el año pasado por los faltantes de vacunas. De este modo, se evidencia una vez más el retiro del Estado en la garantía de derechos para el pueblo trabajador, en pos de continuar con el ajuste y el desfinanciamiento de las políticas públicas.
Los recortes en el sector salud, como una exigencia más del FMI, no pueden quedar invisibilizados a pesar de los intentos de los medios hegemónicos de comunicación. Debemos defender los derechos adquiridos, sabiendo que sólo será posible restituirlos y ampliarlos con un gobierno nacional, popular, democrático y feminista.
