El viernes cerca de las 2 de la mañana, un grupo de policí­as armados de cobardí­a, acabaron con la vida de Facundo, un niño tucumano de tan sólo 12 años.

Luego de las diversas declaraciones sobre los hechos por parte de sus familiares y de fuentes judiciales, nos encontramos ante macabros detalles que nos sorprenden trágicamente a los que creemos que las fuerzas de seguridad están garantizar nuestro bienestar a la hora de prevenir el delito y no para ejecutar a nuestros hijos. Aseguran los testimonios que hay en el cuerpo marcas de disparos de balas de goma en el cuerpo, golpes de patadas en la cabeza y hasta pruebas de que cambiaron la posición en la que aquél quedó. Tantas son las dudas que rondan en este brutal acontecimiento, que ya está en proceso el pedido para exhumar el cuerpo.

í‰ste y tantos otros casos de conocimiento nacional, son el ineludible resultado de las prácticas que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos para frenar los crecientes niveles del delito en el territorio nacional, que lejos de establecer prácticas polí­ticas para desarrollar un Estado de Bienestar Social desata una guerra contra los marginados que el mismo Estado vulnera con sus polí­ticas de hambre.

Después de aquella reunión donde el presidente enalteciera la figura de un policí­a que actuó haciendo abuso de su fuerza (Condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego) dejó un claro mensaje a las fuerzas de seguridad para garantizarles la ¿libertad? de disparar contra un sospechoso y luego indagar sobre su culpabilidad. Prácticas que ignoran por completo la existencia de normas provinciales, nacionales e internacionales con carácter constitucional que regulan este tipo de casos. Prácticas distantes del “diálogo que vino para llenar de alegrí­a nuestro paí­sˮ, y que cuenta con el apoyo indiscutible del presidente de este gobierno nefasto que ha envalentonado a aquellos cobardes que jamás van a animarse a pisar un barrio para transformar estas realidades.

Y no sólo se ve sujeto al impulso de una doctrina de muerte por parte del gobierno Nacional. El Gobierno de Manzur y Jaldo en Tucumán merecen un cuestionamiento  respecto del modo en el que han manejado el tema, ya que su única acción fue dar un mensaje intimidante a través del ministro de Seguridad, que se preguntó: “ ¿Qué hací­a un niño de 11 años a esa hora en la calle?ˮ (sic), como si el Estado estuviera ajeno a esta situación. Tanta gravedad reviste esta breve frase, que ni la edad del niño fue investigada con certeza para dar un breve mensaje. Facu, asesinado por la policí­a, tení­a 12 años.

¿Será que estamos ante un gobierno provincial que carece de ideas para implementar un plan integral de seguridad que incluya y defienda realmente a los Tucumanos para que esto o se repita nunca más? ¿O será que este caso garantiza una doctrina para las fuerzas provinciales dejando en claro la postura polí­tica de quienes gobiernan Tucumán? En esta sintoní­a, de construcción de justificativos que intentan encubrir el crimen de un niño en manos de la policí­a, se evaden las responsabilidades que caben al Estado, y que con complicidad de los medios comunicación hoy incitan a la sociedad tucumana a naturalizar la violencia más cruenta, la tragedia inimaginable, la más terrible: el asesinato de nuestros hijos.