El programa PROGRESAR deja de ser entendido como un derecho para todo/a joven de entre 18 y 24 años de bajos ingresos que estudie, para convertirse en una beca educativa que premia el mérito. Sumado a esto, se anuncia la actualización del monto de la beca y la ampliación en cantidad de potenciales beneficiarios cuando no es más que una compensación frente a los montos congelados durante el 2017, y  que no tiene el alcance que tuvo en el año 2015.

Cuando PROGRESAR se creó por impulso de Cristina Fernández de Kirchner el año 2014, fue gestado como una polí­tica pública universal para incentivar a los y las jóvenes de sectores populares (que pertenezcan a un grupo familiar que no supere tres veces el Salario Mí­nimo Vital y Móvil) para que puedan continuar sus estudios secundarios, cursos de formación, terciarios y/o universitarios. Constituí­a una ampliación de derechos en el acceso a la educación a miles de jóvenes atravesados por las desigualdades socio-económicas existentes.

Con la medida adoptada por Mauricio Macri hubo un cambio drástico en las condiciones de esta polí­tica que pasa a la órbita del Ministerio de Educación, convirtiéndose en una beca para unos/as pocos/as, basada en premios que fomentan la meritocracia y el ponderamiento de áreas “estratégicasˮ por sobre otras. Al mismo tiempo, el anuncio del presidente no especificó si continuará vigente el programa de Becas Bicentenario, impulsado en el año 2010 durante el gobierno anterior como becas especí­ficas para el desarrollo estratégico, el cual viene siendo desfinanciado por el macrismo sin especificar el destino de esos fondos.

Es paradójico que elogien el fomento de áreas estratégicas al mismo tiempo que despiden a cientos de profesionales de esas mismas “áreas estratégicasˮ en el INTI.

Algunas de las medidas restrictivas del nuevo progresar son:

-Para sostener o inscribirse a la “beca” el/la estudiante de segundo año en adelante debe contar con el 50% de la carrera cursada, lo que pone en duda a miles de jóvenes que percibí­an el programa.

-El monto aumenta cuando el estudiante avanza en su carrera, dejando de lado el contexto socio-económico de esos/estudiantes que deben muchas veces trabajar o cuidar a menores a su cargo.

-Fomenta que quienes tengan promedio superior a 8 reciban un “premioˮ de 10 cuotas el año siguiente. Se ve aquí­ un desconocimiento total del objetivo primario del Progresar; polí­tica que en sus comienzos tuvo el objetivo de igualar las posibilidades de ingreso, permanencia y egreso a la educación formal. Cuando se pone el énfasis de los programas educativos en el esfuerzo y los resultados académicos más que en la permanencia y persistencia se bifurca el por qué de la polí­tica pública, fomentando el logro individual en lugar de la inclusión y el objetivo social.

Si hacemos un poco de memoria, hemos sido testigos de la baja de miles de beneficiarios del programa, y según informes del año 2017 el programa pasó de tener más de un millón de beneficiarios a tan solo 560 mil (casi la mitad). Durante estos dos años hemos denunciado en todo el paí­s y realizado relevamiento de casos frente a esta grave situación, que habí­a sido atribuida falsamente a que los/as estudiantes no eran alumnos regulares o a que las universidades no mandaban la información a tiempo. La intencionalidad era clara, y queda demostrada con esta medida: que el PROGRESAR sea para pocos y que el Estado deje de estar presente en la vida de los y las jóvenes que quieren estudiar. No fueron errores, son decisiones polí­ticas.

Resulta curioso que se atribuyan el mayor crecimiento de este programa, que además de requisitos restrictivos, se sigue desfinanciando. En el 2016 este programa tení­a un presupuesto de  $8900 millones, en  2017 redujo a $5500 millones y para este año es de $9900 millones. Aumentó 11,2% pero con 65% de inflación, es decir que hubo una reducción presupuestaria en términos reales.

Durante el mes de febrero se abren las inscripciones al programa, los/as que ya vení­an percibiendo el beneficio deben hacerlo de nuevo. Los requisitos son confusos, restrictivos y con una intencionalidad muy clara: seguir vaciando las polí­ticas públicas inclusivas.

PROGRESAR es un derecho, está en nosotros/as organizarnos y defenderlo.