En nuestro país, cualquier persona con diagnóstico de VIH/SIDA recibe cobertura integral por parte del Estado. Esto incluye la provisión de medicamentos de forma gratuita, desde hace más de 20 años. A partir de la denuncia de la provincia de San Luis, se dio a conocer que el gobierno nacional no hará entrega en tiempo y forma de tres antiretrovirales de alto costo para los pacientes incluidos en el programa de VIH-SIDA. Las autoridades nacionales, oficialmente informaron a las provincias que esta demora será al menos de un mes, sin garantizar cuándo se regularizará la entrega, con lo que solicitan a los gobiernos provinciales gestionar la adquisición de las mismas mediante los programas locales de forma provisoria. Tanto la provincia de San Luis como la de Santa Fe, definieron hacerse cargo de la compra para que los usuarios no vean suspendidas las entregas y así evitar perjuicios a su salud. Esta misma situación se repite en todos los centros de salud a lo largo y ancho del territorio nacional, poniendo en evidencia las inequidades, dado que no todas las jurisdicciones están en condiciones de afrontar ese gasto. De este modo, el Estado nacional se sigue retirando de los territorios, promoviendo la descentralización.
Los medicamentos en falta son Efavirenz 600 miligramos; Darunavir 600 miligramos y el jarabe Zidovudina, este último utilizado en niños con VIH. Comprarlos de forma particular en algunos casos llega hasta 30 mil pesos por mes, motivo por el que la mayoría de los pacientes no podría acceder a estos de no recibirlos de forma gratuita mediante el Estado. En esos casos, al suspender el tratamiento, el virus podría desarrollar una resistencia al principio activo, generando grandes perjuicios en la salud.
El Ministerio de Salud de la Nación, a partir de los trascendidos periodísticos dio explicaciones mediante su cuenta oficial de Twitter donde se justificaron aduciendo que “Los demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestariaˮ y que “en los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentosˮ. Esto demuestra una clara falta de planificación por parte de las autoridades nacionales, dado que esos tiempos a los que refieren se conocen de antemano.
La responsable de la demora es la subsecretaria de coordinación administrativa del Ministerio de Salud, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de trabajo Jorge Triaca. Ambos de vacaciones a fines de salir de la escena a partir del escándalo de la denuncia del despido violento de una empleada particular que tuvo la familia de forma no registrada y luego contratada en el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, intervenido desde febrero de 2016).
Cabe destacar que la última licitación pública para la adquisición de antirretrovirales se aprobó en noviembre de 2015. A lo largo de 2016 se realizaron algunas compras de medicamentos y la última compra de jarabe de Zidovudina es del mes de mayo de 2017. Esto ya permitía prever que iban a tener demoras en la entrega de este antirretroviral.
Desde que asumió Mauricio Macri, el Ministerio de Salud de la Nación, a la par que el resto de los organismos públicos, vio sufrir el vaciamiento de muchas de sus áreas donde se atienden las necesidades de los más humildes. Hace exactamente un año la misma área fue eje de denuncias por el desabastecimiento en hospitales y centros de salud de todo el país de medicación para el tratamiento de VIH e insumos para la prevención del contagio de infecciones de transmisión sexual, como preservativos y folletería. Ya no pueden utilizar la falaz excusa esgrimida en ese momento de que el faltante es producto de la “pesada herenciaˮ con lo que ahora lo adjudican a procesos “habitualesˮ.
Es inadmisible que el gobierno nacional siga poniendo en riesgo la salud de nuestros compatriotas más vulnerables, dejando librada su suerte a los recursos de cada provincia.
