Las pensiones no contributivas por invalidez son una herramienta necesaria que tiene el Estado para ayudar a personas que jamás serán asistidas por “la mano invisible del mercado”.
En la década del 90, en el marco de un gobierno neoliberal que tenía como norte el ajuste y la flexibilización, se dictó un decreto que incorporó condiciones harto restrictivas para acceder al derecho que implica gozar de esta pensión. El objetivo de esos límites normativos no eran darle eficiencia al Estado ni evitar abusos: simplemente buscaba reducir el universo de personas titulares de ese derecho porque el ajuste de los gobiernos de derecha recae siempre en los sectores más vulnerables.
En un acto de justicia social, durante los gobiernos del kirchnerismo se abandonó la interpretación restrictiva de ese decreto con el fin de no discriminar a nadie por razones absurdamente burocráticas. De esa manera las pensiones otorgadas crecieron durante esos años de 350 mil a 1,6 millones.
Desde que asumió Mauricio Macri a la Presidencia y designó a Carolina Stanley frente al Ministerio de Desarrollo Social, se han dado de baja 170 mil pensiones, 83 mil en los primeros seis meses de este año. Echaron mano de ese viejo decreto para ampararse en excusas legales como la obligación de tener un 76% de discapacidad para acceder a la pensión. Si realmente tuvieran preocupación por quienes más necesitan la ayuda del Estado y al mismo tiempo quisieran hacer un culto a la legalidad, podrían dictar un nuevo decreto, algo que Macri hace muy a menudo aunque para desguazar leyes, eliminar retenciones o quitarle recursos a las provincias.
La pérdida de esta pensión no sólo acarrea un perjuicio monetario. También genera que las personas dejen de tener PROFE, que es la obra social de los beneficiarios de estas pensiones, que tiene una gran cobertura para sujetos con alguna discapacidad. Ahora deberán pasarse al PAMI que también está pasando por un proceso de vaciamiento con eliminación de prestaciones, beneficiarios, y gratuidad de numerosos medicamentos. Macri ha puesto condiciones irracionales para acceder a las prestaciones del PAMI, probablemente inspirado en aquel decreto de hace veinte años del cual ahora hace uso.
Es cada vez más evidente que Macri quiere una Argentina para pocos. No tiene problema en financiar una rentabilidad extraordinaria del sector agropecuario, minero y financiero. Pero a los trabajadores, los jubilados y a quienes tienen alguna dificultad no se cansa de castigarlos. Actualizando la teoría del darwinismo social que usó el concepto de la selección natural para las relaciones humanas y así justificar la opresión de los sectores dominantes, el Presidente privilegia a aquellos que deberían hacer un esfuerzo distributivo y ajusta a los sectores que deberían estar dentro de las prioridades del Estado.
