So pretexto de controlar la suba de precios de productos de la canasta básica, la alianza política entre el Frente Renovador y el GEN propone eliminar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de once productos de la canasta básica, garantizar mayor competencia y penalizar las prácticas abusivas, dotar de herramientas a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, crear un Consejo de Monitoreo de Precios y lograr un acuerdo de precios durante unos meses.
Eliminar el IVA de algunos productos de la canasta básica es algo que podría discutirse, pero considerando todos los elementos involucrados. El IVA es un impuesto coparticipable: su reducción reduciría los recursos destinados a las provincias que actualmente atraviesan situaciones financieras críticas. Asimismo, la recaudación por IVA es uno de los elementos ponderados en la fórmula de movilidad jubilatoria y de la AUH. Una menor recaudación empujaría hacia bajo el aumento. Una frase popular dice que el camino al infiero está plagado de buenas intenciones. No sea cosa que por querer tomar una loable medida como reducir los precios de algunos productos de la canasta básica se termine provocando un daño más grande.
El mayor problema en la actualidad, más que el IVA, es el aumento constante de los precios. Según el INDEC, los precios de los alimentos subieron el 3% en marzo. Eliminar el IVA podría lograr una baja transitoria, pero no impediría la escalada mes a mes. Además de abusos y prácticas empresariales reprochables, buena parte de los aumentos se explican por los tarifazos de luz, agua y gas, y por el encarecimiento de la distribución consecuencia del aumento del combustible y los peajes. Los precios siguen subiendo aunque ha bajado el consumo de carne y de leche. Ello evidencia que hay un problema profundo más allá de la demanda y de un impuesto que existe hace varios años: las políticas del Gobierno Nacional.
Por otro lado, en la parte de la suba de precios que obedece a prácticas abusivas, la ley de defensa de la competencia es clara. Prohíbe esas acciones y estipula sanciones. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está dotada de todas las herramientas para cumplir su cometido. En todo caso se necesita voluntad política, algo difícil de conseguir cuando se ve que el Secretario de Comercio, Miguel Braun, está más preocupado por defender a los supermercados, entre ellos La Anónima cuyo dueño es Federico Braun, tío del funcionario y pariente del Jefe de Gabinete Marcos Peña. Massa y Stolbizer, en su afán por no criticar al Gobierno pero también en marcar diferencias para cautivar a parte del electorado, proponen remedios que ya existen y que sólo requieren aplicación.
A su vez, ambos eran legisladores cuando el Parlamento sancionó un paquete de leyes de defensa de los consumidores. Entre las normas se aprobó la creación de un Observatorio de Precios en el ámbito de la Secretaría de Comercio. No hay que crear organismos que ya existen. En todo casos hay que dotarlos de vitalidad. Para eso habría que criticar la gestión del gobierno nacional, algo que los diputados no parecen dispuestos a hacer.
Por último, el acuerdo de precios que proponen pareciera una idea muy similar al programa ‘Precios Cuidados’ lanzado por Cristina Fernández de Kirchner y continuado (con modificaciones regresivas) por la actual administración. Al final parece que no eran tan malas algunas de las estrategias del kirchnerismo para controlar la inflación.
Sin perjuicio de lo vacío que resulta este anuncio por los aspectos mencionados anteriormente, resulta curioso que Massa y Stolbizer muestren preocupación por el poder adquisitivo de los argentinos. No mostraron esa preocupación cuando votaron junto a Cambiemos la flexibilización del sistema previsional que afecta de lleno a los adultos mayores, la modificación del impuesto a las ganancias que institucionalizó que tributaran muchos más trabajadores que diciembre de 2015, tampoco cuando votaron el pago a los fondos buitre, la privatización de la obra pública y el presupuesto del ajuste que provoca un impacto sumamente negativo en las arcas públicas perjudicando toda la actividad económica. Si toda la actividad está en retroceso, se perjudica el empleo y el poder adquisitivo.
No hay que ser injustos. Una vez Massa y Stolbizer sí se preocuparon por el poder adquisitivo, pero de los más ricos, cuando votaron con el macrismo disminuir las alícuotas del impuesto a los bienes personales, eliminar la retención del 10% a la distribución de dividendos y el impuesto a la ganancia por la compraventa de acciones en mercados extranjeros.
Massa y Stolbizer han sido garantes necesarios de las políticas de ajuste que condujeron a la Argentina a la apremiante situación que atraviesa. Buscan confundir al electorado con fuegos artificiales que hagan creer que confrontan con Mauricio Macri. Pero son socios y defienden el mismo modelo.
