La mandataria fue suspendida de su cargo el pasado 12 de mayo luego de que el pleno de la Cámara Alta aceptara la denuncia que la acusa de haber incurrido en un supuesto crimen de responsabilidad fiscal a partir de la utilización de fondos de bancos públicos para cubrir programas de sociales del gobierno, una práctica habitual en Brasil pero potenciada como un crimen por parte de la oposición al gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT).

El 22 de marzo la presidenta brasileña comenzó a denunciar la gestación de un golpe de Estado en su contra y menos de un mes después, 317 diputados votaron a favor de la apertura del proceso impeachment que concluirí­a en el juicio polí­tico cuyo resultado marcará el rumbo de Brasil.

Esta semana el pleno del Senado Federal de Brasil, compuesto por 81 senadores, decidirá si la mandataria permanece o no en el cargo. Si 54 senadores votan a favor de su destitución, Dilma, reelecta en 2014 por 54 millones de personas, quedarí­a inhabilitada para ejercer cargos públicos durante los próximos 8 años, mientras que el mandato vigente hasta 2018 serí­a completado por Michel Temer que, según Datafolha, cuenta solamente con un 2% de intención de voto y cuya renuncia es exigida por el 60% de la población.

De la concreción del golpe de Estado depende el desarrollo del proyecto polí­tico y económico de los sectores concentrados de Brasil representados en dos de los principales partidos que lo impulsaron: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Desde que asumió como presidente interino y buscando revertir las polí­ticas de Estado que sacaron de la pobreza a más de 35 millones de personas, Temer dispuso el cierre ministerios públicos, recortes presupuestarios en salud y educación, mientras muestra un gran interés por acelerar privatizaciones de empresas estatales. En esta lí­nea, miembros del PT denunciaron que el gobierno de Temer planea derribar el marco regulatorio que le otorga exclusividad de explotación de las reservas petrolí­feras en aguas profundas o petróleo Presal a Petrobras, dejando a merced de las petroleras extranjeras una de las mayores riquezas del paí­s. Cabe recordar que según Wikileaks, el actual canciller brasileño José Serra le prometió en 2010 a Chevron que si vencí­a en las elecciones al PT iba a eliminar dicha ley.

Como expresó el exmandatario Luiz Inacio ˮ˜Lulaˮ™ da Silva: “Las fuerzas conservadoras quieren obtener por medios turbios aquello que no consiguieron democráticamente: impedir el avance del proyecto de desarrollo e inclusión social liderado por el PTˮ, de ahí­ la necesidad imperiosa por lograr esta semana la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Mientras tanto gran parte de la población brasileña permanece activa contra el golpe y en defensa de los derechos conseguidos, a pesar de los intentos de los grandes medios de comunicación y del gobierno interino por acallar las manifestaciones.