El 21 de agosto de 2003 comenzamos a transitar un camino de mayor confianza en las instituciones democráticas. El Congreso Nacional dictaba la Ley 25.779, poniendo fin a la impunidad tejida durante las décadas del 
80 y 90 entre civiles y militares. Aquella impunidad permitió ocultar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado y fue el marco de posibilidad de una democracia débil, manejada como títere por sectores que habían impuesto el neoliberalismo en nuestro país. Sin justicia y con los genocidas en las calles, los sectores de poder tenían una clara señal de impunidad que, como es habitual, ellos siempre tradujeron en “seguridad jurídicaˮ. Pero el mensaje que primó durante dos décadas fue que los crímenes más aberrantes de nuestra historia no tenían culpables ni condenas, por lo tanto cualquier otro delito o atropello al pueblo era posible. El desmantelamiento del Estado y 5 millones de trabajadores desocupados fueron el resultado de la impunidad y del modelo que la dictadura cívico-militar había gestado en 1976.
La ley de punto final, Nro. 23.492, había puesto fin a la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos ocurridos durante el proceso de facto. La ley de obediencia debida, Nro. 23.521, había establecido que las acciones aberrantes cometidas en la dictadura, por los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no eran punibles por considerar que se había actuado bajo un supuesto de obediencia debida. A estas leyes sancionadas durante el gobierno de Alfonsín siguieron una serie de indultos decretados por Menem entre 1989 y 1990 que dejaron en libertad a Videla, Massera, Agosti, Martinez de Hoz, Camps, Suarez Mason, Galtieri, los asesinos más repudiados de nuestra historia.
Pero el 25 de mayo de 2003 llegaron desde el sur Néstor y Cristina, quienes escucharon a aquellos que resistieron durante décadas pasadas. Tomaron los reclamos de los trabajadores desocupados, de los organismos de derechos humanos y pusieron en marcha al Estado para reconstruir la patria. Los derechos humanos fueron y son la bandera que atraviesa cada acción de gobierno. Los organismos de derechos humanos, venían sosteniendo alta la dignidad en cada marcha y en cada acto de protesta. Sus voces siempre claras y fuertes, fueron escuchadas por Néstor Kirchner quien transformó los reclamos en políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. Así Néstor dio la clara señal política que se necesitaba para que se aprobara la Ley 25.779 que declaraba las leyes de impunidad como “insanablemente nulas”, aquel 21 de agosto de 2003.
A la semana, la Ley fue refrendada por el Senado. Allí, la entonces senadora y actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expuso como última oradora del bloque: “Quisiera decir que hoy estamos haciendo un acto de reparación y reconstrucción institucional y moral de la Argentina. Cuando digo institucional me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra. Esto no es cierto”. Hoy, el camino de reparación y reconstrucción moral e institucional son pilares de la democracia fortalecida durante estos 10 años.
La anulación de aquellas leyes de impunidad fue imprescindible para que la justicia reabriera las causas que permanecían clausuradas hasta ese momento y para que los culpables del genocidio fueran a las cárceles.
Gracias al impulso generado hace 10 años, en la actualidad el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tiene como resultado a 440 responsables de los atroces delitos cometidos condenados, y a 1046 procesados. Este es un logro de todo el pueblo argentino y uno de los símbolos de ésta década ganada.
