Con ciertos matices, se trata de la mayor caída de un banco estadounidense desde Lehman Brothers en 2008. Si bien es un banco relativamente nuevo (fundado en los 80’), el SVB estaba entre los 20 de mayor importancia de Estados Unidos. El temor en torno a la caída de este banco regional es que el pánico y la desconfianza se contagie al resto del sistema bancario.
A partir de marzo de 2022, el ciclo económico internacional, liderado por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) cambió rotundamente: las tasas de interés comenzaron a subir empeorando las condiciones crediticias. En este contexto, los fondos que invierten en empresas y start-ups del sector tecnológico comenzaron a ser más selectivos a la hora de financiar proyectos, dado que, los bonos del tesoro americano (libres de riesgo) empezaron a resultar más atractivos. Ante necesidades de liquidez, estas empresas decidieron acudir al banco donde guardaron las ganancias de los últimos años. Rápidamente se desató una “corrida” a la cual el SVB no pudo hacer frente y debió desprenderse de tenencias de títulos públicos, muchos de ellos de largo plazo, cuyo valor venía reduciéndose ante la suba de los tipos de interés, incurriendo así en importantes pérdidas patrimoniales.
La gerencia de riesgos del SVB debió haber sido más precavida y tener mayor disponibilidad de liquidez para poder responder a las necesidades de sus clientes. En su lugar, debieron vender activos a pérdida y, para compensar balances, debieron vender también una parte importante de sus acciones lo que derrumbó su cotización en la bolsa (-60% en 1 día).
Ante el pánico desatado, durante el fin de semana el Gobierno de EEUU intentó frenar la incertidumbre financiera: primero salió a garantizar públicamente que los depósitos estarán cuando se los necesite. Paralelamente, Biden anunció que ni el Estado ni los contribuyentes se harán cargo de las pérdidas de los bancos. Si bien en EEUU existe un seguro federal para cuentas de hasta USD 250.000, la mayor parte de los depósitos en el SVB superan ampliamente dicho límite. Según trascendió en Washington Post, el dinero utilizado para reembolsar a los depositantes provendría de un fondo pagado por bancos estadounidenses. De todas formas, este fondo está garantizado, en última instancia, por la FED, que, este mismo fin de semana anunció una nueva línea de créditos para los bancos que les permitiría acceder a liquidez para garantizar sus balances y hacer frente a una eventual corrida.
En definitiva, si bien no es un salvataje directo al banco, como lo fue en 2008 con Lehman Brothers, sino más bien un rescate a los depósitos, se trata de una intervención fuerte del Estado para evitar mayores pérdidas al sistema bancario que, al mismo tiempo, implican una enorme carga sobre las finanzas públicas y sobre la vida de millones de contribuyentes. El Gobierno de Biden enfatiza en remarcar las diferencias con el 2008, aduciendo que, mientras se salvaban a los bancos comprando sus “bonos de hipotecas basura”, las y los ciudadanos veían cómo empeoraban sus condiciones de vida día a día. En aquel entonces se destinaron cerca de 700 mil millones de dólares, veremos hasta dónde llega la intervención esta vez.
Resulta llamativo que los paladines de la libertad económica que se oponen a toda intervención estatal que “obstaculiza el óptimo funcionamiento del mercado”, ahora celebren el accionar del Estado para rescatar a la banca y al sistema financiero cuando están sufriendo las consecuencias de sus malas administraciones.
