En Bahía Blanca se repiten, una vez más, prácticas que nuestra democracia no puede seguir tolerando.

Cabe recordar que el 25 de mayo del año pasado, el local del Frente de Todos y oficina de dos legisladores provinciales de la misma ciudad, sufrió también el ataque por medio de explosivos de grupos no identificados que, igualmente, dejaron panfletos con amenazas varias. Más de siete meses después, los hechos continúan impunes: el Poder Judicial no encontró a los autores intelectuales ni materiales del hecho. En diciembre, ante el nulo avance de la investigación, el Gobierno Nacional dispuso una recompensa de un millón de pesos para quienes puedan aportar datos que posibiliten echar luz sobre lo ocurrido.

En esta oportunidad, los volantes que dejaron en el hogar del funcionario del ministerio de Salud bonaerense, Maximiliano Núñez Fariña, hacen explícita referencia a las medidas sanitarias dispuestas por el ejecutivo nacional y provincial para, ni más ni menos, cuidar la vida de los argentinos y argentinas.

Esta situación, se da en el marco de que en ciertos medios de comunicación y redes sociales vemos replicarse diariamente discursos de odio hacia quienes estamos intentando reconstruir una Patria libre, justa y soberana. Asimismo, también se oponen a las medidas de cuidado, difaman la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país y, ahora, obstaculizan la implementación del pase sanitario que tiene por objetivo que la pandemia llegue a su fin.  

Ambos hechos deben ser esclarecidos con urgencia. Justicia lenta no es justicia.