El pasado 28 de abril, distintas organizaciones políticas y sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes de Colombia iniciaron un paro nacional “Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque” en rechazo de las reformas impulsadas por el gobierno uribista.

Entre ellas, se encontraba la denominada “Ley de Solidaridad Sostenible”, que no era otra cosa que una reforma tributaria regresiva que buscaba aumentar la recaudación, reducir el déficit fiscal y afrontar los pagos de la deuda a través sobre todo de la extensión del gravamen del IVA a nuevos productos y servicios y la ampliación de la base impositiva de los salarios. Es decir, haciendo recaer el peso de la crisis que atraviesa el país cafetero sobre los sectores medios y populares de Colombia.

La ola de protestas logró ponerle un freno a esta iniciativa. Duque pidió al Congreso retirar el proyecto de reforma para trabajar en uno nuevo y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia.

Sin embargo, ésta no fue la única respuesta del Gobierno a la movilización popular. Desde entonces, la represión y los abusos policiales han ido en aumento. La Defensoría del Pueblo reportaba 19 personas muertas hasta el pasado lunes, mientras que la ONG Temblores elevaba a 26 la cifra de víctimas de violencia homicida por parte de la policía y 9 víctimas de violencia sexual.

La situación de los derechos humanos es de extrema gravedad en Colombia. El gobierno de Duque ha significado un importante retroceso en el proceso de paz emprendido hace una década y 57 líderes y lideresas sociales habían sido asesinados en los primeros 4 meses del año, según Indepaz.

En este marco, las protestas expresan mucho más que el rechazo a las reformas tributaria y sanitaria, marcando una continuidad del malestar mayoritario del pueblo colombiano frente al gobierno del aliado de Mauricio Macri, Iván Duque, que se había hecho sentir ya las urnas y en las movilizaciones de fines del 2019.

Lo que ha empujado a los sectores populares nuevamente a las calles es el hartazgo frente a un modelo de país excluyente y oligárquico que, a través de la violencia, ha obturado históricamente la posibilidad de un cambio político real y que desde principios de los ´90 se ha perpetuado a través del programa de reformas neoliberal.

El campo popular tiene la oportunidad histórica de modificar esta situación. Para el año próximo están previstas las elecciones parlamentarias y presidenciales. Como expresamos en cada ocasión, no nos es indistinto lo que ocurre en cada uno de los países de nuestra región. Sólo integrados tendremos presente y futuro. El fin de la violencia y la paz de Colombia es la paz de América Latina.