Hace poco más de un año, dejamos atrás un gobierno neoliberal que vino a aplicar las mismas recetas económicas que los genocidas: endeudamiento, fuga de capitales y aniquilamiento de la industria nacional con apertura indiscriminada de importaciones.

Ese modelo económico de la dictadura cívico militar necesitó de su correlato en la persecución a dirigentes políticos, sociales y sindicales. Necesitó estigmatizar la militancia, en la búsqueda por romper el tejido solidario que permitía soñar con un futuro mejor y desmovilizar a la ciudadanía; llegando al extremo de la tortura y desaparición sistemática.

No son pocas las similitudes con el macrismo, a pesar de haber sido este último un gobierno elegido de forma democrática. Fue fundamental, una vez  más, el rol del pueblo organizado para frenar los avances sobre los derechos de las mayorías. Y, sobre todo, fue fundamental la unidad para volver a poner en la Casa Rosada un gobierno nacional y popular.

El Poder Judicial, sin embargo, todavía contiene a sectores empeñados en arrogarse facultades propias de la administración como no ocurre en ningún otro país de la región, y abstenerse de actuar donde debería hacerlo, desamparando a víctimas y perpetuando un modelo de justicia machista y patriarcal que es urgente dejar atrás. También, y en connivencia con otros poderes fácticos, estos mismos actores que se auto perciben como “la justicia”, han elaborado un dispositivo de persecución a líderes populares -en particular si se trata de mujeres-, propio de nuestra época pero que nada tiene que envidiarle al que validó, por acción u omisión, los crímenes de lesa humanidad.

En este marco, se torna valioso destacar los más de mil militares y cómplices civiles condenados por delitos de lesa humanidad, a partir de la nulidad de las leyes de impunidad impulsada por el gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Los juicios, aún en la pandemia, continúan y las sentencias se siguen dictando. Pero es importante recordar un reclamo que aún persiste por parte de los Organismos de Derechos Humanos y es el pedido a los integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron parte del terrorismo de Estado, a que rompan el pacto de silencio, que digan dónde están los cuerpos de las y los desaparecidos y, fundamentalmente, dónde están las nietas y nietos apropiados.

Hoy no marchamos pero igual ejercitamos la memoria. Hoy, entre otras acciones, desde Ushuaia a La Quiaca sembramos más de 30 mil árboles y plantas como una forma de evidenciar que mantenemos con vida los ideales de las detenidas y detenidos desaparecidos. Es su ejemplo de entrega por un futuro mejor el que nos da fuerzas para no bajar los brazos y seguir militando por una Patria Justa, Libre y Soberana.